¿Avala la Unión Europea los cortes de conexión a Internet de sus ciudadanos sin decisión judicial previa?

El miércoles de esta semana se reunía el comité de la Eurocámara encargado de realizar el proceso de conciliación del Paquete de Telecomunicaciones, que será la normativa europea que una vez traspuesta a los correspondientes sistemas legales de los Estados Miembros rija el funcionamiento, entre otras cosas, de Internet en la Unión Europea.

Sobre el tapete estaba la discusión sobre el enfoque que se le iba a dar dentro del Paquete a un asunto tan polémico como las leyes de tres avisos que buscan disuadir a los usuarios de descargarse contenidos sujetos a derechos de autor mediante una suspensión de su conexión a Internet, y las esperanzas de que de esa reunión saliera un texto no ya bueno sino medianamente decente eran pocas debido al empeño que la industria de creación de contenidos y en Consejo de la Unión han demostrado a lo largo de toda la tramitación del Paquete en eliminar cualquier salvaguarda al respecto o en dejarla tan débil como fuera posible.

Pero sorprendentemente, a última hora de la noche se presentaba un texto pactado con el Consejo de la Unión que dice:

3a. Las medidas tomadas por los Estados Miembros acerca del acceso de los usuarios finales a servicios y aplicaciones a través de redes de comunicaciones electrónicas deben respetar los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas, tal y como garantizan la Convención Europea de Derechos Humanos y los principios generales de las Leyes comunitarias.

Cualquiera de estas medidas acerca del acceso de los usuarios finales al uso de servicios y aplicaciones mediante redes de comunicaciones electrónicas que puedan restringir esos derechos fundamentales y libertades podrán ser impuestas solo si son apropiadas, proporcionales y necesarias en el marco de una sociedad democrática, y su implementación deberá estar sujeta a las salvaguardas procedurales adecuadas en conformidad con la Convención Europea de Derechos Humanos y los principios generales de las Leyes comunitarias, incluyendo una protección judicial efectiva y el debido proceso. Por consiguiente, estas medidas solo se podrán tomar con el debido respeto al principio de presunción de inocencia y el derecho a la privacidad. y deben garantizar Se debe garantizar un procedimiento previo justo e imparcial incluyendo el derecho a ser oídas de la persona o personas involucradas, sujeto a la necesidad de condiciones y arreglos procedimentales apropiados en casos justificados de urgencia en conformidad con la Convención Europea de Derechos Humanos. El derecho a una revisión judicial efectiva y oportuna debe estar garantizado.

A pesar de que en algunos medios se está afirmando que la Unión Europea está avalando con este texto los citados cortes de la conexión a Internet el eudoriputado del Partido Pirata Christian Engström dice que este texto, que aunque no es el texto que él habría escrito ni propuesto de haber tenido elección, le parece lo suficientemente bueno como para no dar la batalla por perdida y lo explica en Landmarks in the Telecoms text.

Resumiéndolo, dice que el texto ha sido escrito para que impida a los Estados Miembros aprobar medidas que vayan a aplicar ellos directamente o mediante otros organismos y que vayan contra la presunción de inocencia y el derecho a la privacidad de los ciudadanos, al tiempo que les garantiza un procedimiento previo justo e imparcial, aunque reconoce que hubiera sido mucho mejor que en lugar de procedimiento a secas hubiera sido mejor que se mencionara explícitamente una «sentencia previa a cargo de un tribunal imparcial establecido por la ley», lo que tal y como él lo ve remite en último término a la Convención Europea de Derechos Humanos, que todos los Estados Miembros han firmado.

Además dice que también es un éxito que el texto diga que se debe garantizar este proceso en lugar de respetarlo, que era la palabra que el Consejo habría preferido, y que finalmente, el haber conseguido incluir el que el ciudadano tenga que ser escuchado antes de que se pueda firmar su desconexión es otra traba para los objetivos de la industria audiovisual, que prentendía que las órdenes de desconexión se firmaran como churros, una detrás de otra, y sin dar la oportunidad al ciudadano de defenderse antes de que esto pasara.

En el mismo sentido opina el abogado Javier de la Cueva, que en declaraciones a El País dice que aunque con la redacción propuesta cabe que sea un proceso administrativo el que gestione el asunto de una posible desconexión «al final, la autorización ha de ser judicial. El documento no lo dice, pero remite a leyes superiores que conducen a esta conclusión».

De todos modos, aunque más o menos haya conseguido salvarse el asunto en cuanto a lo de los cortes del acceso a Internet -y puede que haya que ver si es así o no en los tribunales debido a la ambigüedad de la redacción del texto en ciertos puntos- otro punto que tampoco queda muy bien atado es el de la protección de la neutralidad de la Red.

Mantener la neutralidad de la Red exige que todos los paquetes de información que circulen por una red de comunicaciones, en este caso Internet, sean tratados por igual por los proveedores de acceso, sin discriminarlos de ninguna forma por su origen y/o destino o por el tipo de servicio que representen.

Esto evitaría que, por ejemplo, un proveedor de acceso a Internet que también ofrezca servicio de telefonía -y la mayoría sino todos lo hacen- pueda decidir bloquear el uso de sistemas de telefonía IP por parte de sus abonados al acceso a Internet para que no le hagan competencia a su propio servicio o que haga que los vídeos de un sitio determinado se vean más rápido que los de otro en virtud de algún tipo de acuerdo comercial.

En la redacción propuesta del Paquete de Telecomunicaciones nada les impide realizar este tipo de prácticas, aunque sí tendrán la obligación de comunicarlas a los usuarios para que estos sean conscientes en todo momento de qué tipo de servicio están recibiendo, pero el problema está en que los usuarios pueden encontrarse con que no tienen opción a cambiar de proveedor o con que todos hayan pactado unas políticas de actuación similares.

Así, lo mejor sería que el plenario del Parlamento rechazara el texto, con lo que al ser la tercera vez que fuera rechazado implicaría que se desestimaría definitivamente y habría que empezar de nuevo, pero es algo que a estas alturas veo poco probable, así que la siguiente mejor opción será estar pendiente de lo que los políticos vayan a hacer con él a la hora de trasponerlo a las correspondientes leyes en cada país.