Caamaño: "Es necesario siempre autorización judicial previa para cerrar una web"

8/01/2010 14:00 | Beatriz Toribio

El ministro de Justicia aclara que la Comisión de Propiedad Intelectual actuará de denunciante, ya que se requerirá autorización judicial previa para bloquear una web de descargas ilegales. Además para atribuir esta nueva competencia a los jueces habrá una reforma, a través de una ley orgánica. Con estos cambios lo que pretende el Gobierno con la que se igualará el derecho fundamental de la libertad de expresión al derecho a la propiedad intelectual.

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Gráfico sobre el funcionamiento de la ley para cerrar webs sin pasar por el juez.

El Gobierno da marcha atrás en el tema del cierre de páginas web que atenten contra la Propiedad Intelectual. O al menos eso se desprende de lo que ha explicado el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, respecto a las modificaciones que ha introducido el Consejo de Ministros hoy en la disposición final del anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible. Estos cambios recogen, según el responsable de Justicia, que será "necesaria siempre autorización judicial previa para poder tomar la decisión" de cerrar una web y ésta se adoptará en tan sólo cuatro días.

El procedimiento será el siguiente: la Comisión de la Propiedad Intelectual, órgano administrativo dependiente del Ministerio de Cultura cuya creación se establecía ya en el anterior texto de esta disposición final, será la encargada de recibir las quejas de ciudadanos respecto a sitios en Internet que lleven a cabo "actos lesivos en el entorno digital".

La Comisión primero deberá ponerse en contacto con el titular o titulares de la web en cuestión y, si éste no adopta ninguna medida, el siguiente paso es ponerlo en conocimiento del juez para que decida la medida a aplicar. Y es aquí donde ha dejado claro el ministro que será el juez y no la Comisión, tal y como se plateó en un principio, quien decida el bloqueo o cierre de una página web. Será "necesaria siempre la autorizacion judicial previa para poder adoptar medidas de bloqueo cuando se produzcan actividades que afecten a estos derechos", ha dicho Caamaño.

En este punto es en el que se producen las principales modificaciones, ya que el procedimiento que el Gobierno ha decidido adoptar obliga a modificar la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, en concreto su artículo 122, que es el referente a la protección de los derechos fundamentales. Así, el juez tendrá un plazo máximo de cuatro días en los que convocará a las partes afectadas y decidir, vía auto, si toma o no medidas respecto a la denuncia elevada por la Comisión de la Propiedad Intelectual.

"Es el juez quien va a condenar. Tiene un plazo máximo de cuatro días para convocar a las partes y adoptar una medida referente a cierres o bloqueos de páginas", ha especificado Caamaño.

El ministro también ha explicado que estas medidas se adoptarán contra aquellas páginas web en las que se compruebe que atentan contra la propiedad intelctual "con ánimo de lucro" y ha añadido que serás los jueces de lo Contencioso de la Audiencia Nacional quienes se ocuparán de estos casos.

¿Qué derecho prevalece?

El proceso, ha incidido el ministro de Justicia, trata de dar las máximas garantías a dos derechos fundamentales, el derecho de la propiedad intelectual y el derecho a la libertad de expresión, con lo que Caamaño iguala estos dos derechos. Pero según algunos expertos, con las modificaciones que se introducen hoy, se eleva la protección a la propiedad intelectual.

No habrá reglamento

Aunque en un principio se había especulado con que los cambios se producirían a través de un reglamento adicional al proyecto de Ley de Economía Sostenible, lo que no obligaría a su paso por el Parlamento, Caamaño ha explicado que como las modificaciones afectan a varias leyes deben realizarse a través de "un proyecto de ley complementario a la Ley de Economía Sostenible".

Según el ministro, el procedimiento para cerrar una página web que realice descargas ilegales con ánimo de lucro será ahora "más ágil, eficaz y ofrecerá las máximas garantías". Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha señalado que cuando entre en vigor la ley "sera un procedimiento más judicializado, en el que se amplía el papel del juez".

Con la aprobación de hoy en el Consejo el texto se remitirá a diferentes órganos consultivos como el CGPJ, el CES y el Consejo de Estado, entre otros, para que aporten sugerencias con las que mejorar el proyecto. Y de ahí pasará al Parlamento.

El Gobierno también ha aprobado hoy una iniciativa el anteproyecto de Ley de nuevo Registro Civil y que según han explicado De la Vega y Caamaño supondrá el fin de los libros de Registro. Cuando entre en vigor esta ley, algo que por lo menos tardará un año, los españoles ya no tendrán que acudir al Registro consultar todo lo referido a su estado civil. Lo podrán consultar por Internet y sólo con que vayan a una oficina del Registro podrán hacer todos los trámites correspondientes sin necesidad de tener que ir a la oficina donde, por ejemplo, se le registró cuando nació y a la donde registró su matrimonio.

Sinde da su propia rueda de prensa

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha llamado la atención que haya sido Caamaño quien haya dado todas las explicaciones respecto a los cambios introducidos hoy cuando, hasta ahora, el Ministerio de Cultura es quien había llevado la voz cantante en este asunto. La ministra Ángeles González-Sinde ha ofrecido posteriormente una rueda de prensa para explicar cómo se procederá al cierre de páginas web que infrinjan la legalidad.

Entre los detalles adicionales que ha ofrecido Sinde está que si bien el juez tendrá un máximo de cuatro días para tomar una decisión sobre el posible cierre, la Comisión no tiene un plazo concreto para realizar el pertinente trámite administrativo y remitir su denuncia al magistrado.

Respecto a si la nueva ley afecta a sistemas de intercambio de archivos, González-Sinde ha insistido en que los ciudadanos "que hacen un uso legal" de los recursos de la red y de las obras culturales que adquieren (música, vídeos y vídeo-juegos) "no deben tener ninguna preocupación".

La ministra contradice a Caamaño

Estas medidas, contenidas en una disposición adicional de la Ley de Medidas para la Economía Sostenible, deberán ser desarrolladas por el Ejecutivo en un Reglamento, si bien la propuesta "aún puede ser debatida y modificada en las Cortes", ha agregado la titular de Cultura. Pero esta afirmación contradice lo que ha dicho Caamaño tras el Consejo de Ministros. El ministro de Justicia ha explicado que los cambios no se introducirán a través de un reglamento, sino en un proyecto de ley ya que se tocan varias leyes.

Sinde también ha ha incidido en que la Comisión de Propiedad Intelectual, cuya creación es uno de los puntos que más rechazo ha generado entre los usuarios de la red, reflejará "la pluralidad de intereses" que confluyen en este ámbito, por lo que estará integrada por expertos en derecho y también en internet.