La ley de regulación de internet del Parlamento Europeo se estanca

Después de ser presentado inicialmente en 2007 por la eurodiputada Viviane Reding y de dos revisiones a cargo del Comité de Industria, Investigación y Energía (ITRE) y del Comité del Mercado Interno y Protección del Consumidor (IMCO), el pleno del Parlamento Europeo ha rechazado por sorpresa el Paquete de Telecomunicaciones. Este paquete contenía originalmente directivas que se convertirán en las leyes para regir el funcionamiento de internet en los países miembros de la Unión Europea una vez que estos las fueran trasponiendo a sus respectivos sistemas legales. El Parlamento ha hecho caso a las movilizaciones que han tenido lugar en internet sobre este tema.

A pesar de que en un primer momento se dio por aprobada la directiva, el rechazo de uno de sus puntos más polémicos hace que el proyecto entero vaya “a conciliación”, lo que implica que entra en cuarentena hasta septiembre, cuando volverá a ser revisado y modificado. Lo que se ha rechazado es que las restricciones a los derechos y libertades fundamentales de los usuarios de internet pudieran aplicarse a través de “autoridades competentes”. En virtud de la legislación vigente se ha puesto en vigor que sólo un juez, con la ley en la mano, puede decretar el cierre de una página web o el corte del acceso a internet de un ciudadano.

El texto original abría el camino a la creación de “autoridades competentes” que podrían decretar la desconexión de un usuario sin que a este le quede otro recurso que acudir a la justicia para enfrentarse a ello, con los costes de tiempo y recursos que ello implica. Finalmente, este punto ha sido rechazado. Hace poco el propio Parlamento Europeo aprobaba un informe propuesto por el socialista griego Stavros Lambrinidis en el que rechazaba la denegación del acceso a internet como sanción, aunque lamentablemente el informe en cuestión no es vinculante.

En la práctica, el texto original hubiera permitido la creación de leyes como la ley Hadopi que el gobierno de Nicolas Sarkozy en Francia está empeñado en aprobar, que contemplan dejar a los usuarios sin conexión a internet por un periodo máximo de hasta un año si se considera que descarga material protegido por derechos de autor y sigue haciéndolo tras recibir dos avisos previos. A la tercera se le desconectaría.

En España se está negociando un acuerdo similar entre gobierno, operadoras y entidades gestoras de derechos de autor, aunque también es cierto que hay operadoras que ya han anunciado que se desmarcan de esta negociación.

Un texto endurecido

El texto original, debido a las enormes presiones de algunos de los gobiernos miembros de la unión, de las operadoras de telecomunicaciones y de las organizaciones que gestionan los derechos de autor, dejaba desprotegido el derecho de los ciudadanos a disponer de una internet neutral y a que no les corten el acceso a la Red sin que medie decisión judicial alguna.
A falta de confirmar el contenido de las enmiendas votadas en el Pleno del Parlamento Europeo, el contenido de la directiva tal como se ha propuesto no sólo incluye que obligue a las operadoras de telecomunicaciones a dar un servicio neutral de acceso a internet, sino que les da permiso para establecer una serie de limitaciones en este con la única obligación de comunicárselas a los usuarios, sin estar obligados a darles la posibilidad de saltárselas.
Esto hace posible escenarios en los que, por ejemplo, una operadora llegue a un acuerdo comercial con un buscador determinado y que por ello favorezca el tráfico que provenga de éste, haciendo que sus páginas carguen más rápido que las de otro; lo mismo puede suceder en el caso de, digamos, un servicio que aloje vídeos en línea.

El poder para las operadoras

La idea es que el mercado se autorregula y que un usuario puede cambiar de proveedor si el servicio que recibe de uno no le convence, pero en la práctica ya se ha visto cómo, sin ir más lejos, la propia Unión Europea ha tenido que intervenir hace poco en el mercado de la telefonía móvil para obligar a las operadoras a bajar los precios del uso de los teléfonos móviles en roaming.

Además, puede haber usuarios que, por la zona en la que vivan, simplemente no tengan alternativas a la hora de escoger un proveedor de acceso a internet, con lo que no le quedaría otro remedio que vivir con esas limitaciones.

Las operadoras pueden también meterse a analizar el tipo de tráfico que está pasando por sus redes y penalizar aquel que no les parezca oportuno, como por ejemplo el de las redes P2P, aunque su uso sea legal, o el de la telefonía sobre IP como la que ofrece Skype, ya que en muchos casos le hace competencia a sus propios servicios de telefonía tradicional, ya sea sobre línea fija o móvil.

Cobrar por tráfico

Otro riesgo no desdeñable es el de que las operadoras decidan comenzar a cobrar por la cantidad de tráfico que consume cada usuario, lo que obligaría a estos a andarse con mucho cuidado a la hora de escuchar música a través de Spotify -un servicio perfectamente legal que además funciona utilizando tecnología P2P-, ver vídeos en YouTube o comprar canciones, películas y series de televisión en sitios como la iTunes Store.

Esto, en una Red que cada vez tiende más a los contenidos multimedia de todo tipo sería desastroso, ya que tiene el potencial de crear una brecha entre los pudieran pagar por ellos y los que no, y el argumento de las operadoras de que este consumo cada vez mayor de ancho de banda les está suponiendo un gasto enorme no parece muy sostenible a la vista de las cuentas de resultados de la mayoría de ellas.

Con todo esto no se trata de pedir que internet sea gratis ni nada parecido, sino que se trata de asegurarse de que los usuarios obtengan un acceso a internet en condiciones y sin limitaciones espúreas y de que no pierden este acceso en virtud de los intereses de unos pocos.