Cada país tiene sus leyes, y en este sentido las de Estados Unidos chocan muchas veces con las que tenemos en Europa en un montón de aspectos. Allí existe la pena de muerte y prácticamente cualquier persona puede comprar y llevar un arma por la calle; en Europa mucha gente se escandaliza por que eso sea posible en un país civilizado ya bien entrado el siglo XXI, pero en cambio tenemos leyes más permisivas con espectáculos que allí podrían parecerles crueles como los toros, o con todo lo relacionado con las leyes de propiedad intelectual y el copyright.

Que en España no sea ilegal descargar contenidos protegidos con copyright como música o películas mientras no exista ánimo de lucro es algo difícil de entender en un país donde ha habido gente que ha sido juzgada y condenada a severas multas por poseer unas cuantas canciones «no legales» en su ordenador. Según algunas declaraciones, en Estados Unidos creen que en España existe la «errónea percepción» de que hacer eso es legal y que no se hacen esfuerzos para combatirlo; invirtiendo los términos sería como si España cuestionara la soberanía de Estados Unidos afirmando que allí tienen la «errónea percepción» de que condenar a alguien a muerte es legal, y que además no hacen nada para combatirlo.

Desde hace unos cuantos años Estados Unidos ha estado promoviendo el ACTA o Tratado de Negocios Anti-Falsificaciones. Es el ejemplo perfecto de algo que abarca mucho más de lo que dice su título y en el que, como suele suceder, lo que podría entenderse en principio como un acuerdo internacional con buenas intenciones parece destinado a acabar tomando forma como una de las más grandes amenazas para Internet y los internautas, no solo para los ciudadanos de Estados Unidos, sino también a nivel global, puesto que se plantea como un tratado internacional al que cualquier país pueda sumarse «voluntariamente».

Participan en la concepción de ACTA algo más de una decena de países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y Corea del Sur como los más relevantes; la Unión Europea ha entrado ya avanzadas las negociaciones. Los trabajos llevan varios años realizándose y se han intentado mantener en secreto. La forma de plantearlo como un acuerdo global, en principio voluntario para los países que quieran apuntarse, conlleva el siguiente y bien conocido peligro: unos cuánto países interesados en un tema negocian y proponen un tratado.

Sitúan ese tratado a nivel internacional por encima de otras normas y leyes ya existentes y lo ponen en marcha. Entonces presionan a los demás países para que se unan. Algunos ceden por razones económicas (¿Qué fabricante de electrónica renunciaría a hacer negocios con Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, si todos ellos les obligan a aceptar una normativa común determinada?). Otros países aprovechan para aceptar un tratado internacional «de nivel superior» aunque sea contrario a sus planteamientos políticos, por razones económicas, evitando así el desgaste político de tener que luchar contra la oposición o los ciudadanos de su propio país (quién no ha oído aquello de «Ya sabemos que esta medida es impopular, pero debemos acatarla porque proviene de una normativa de la Unión Europea…»).

El resultado es una imposición de facto a nivel global de nuevas normas relativas a industrias ya establecidas, que en ocasiones van mucho más allá de lo que los ciudadanos de cada país individualmente aceptarían, votaron o aprobaron en el último medio siglo tras duras luchas y negociaciones.

Varios de los capítulos de ACTA están destinados a combatir la falsificación de productos «físicos» y la piratería de las marcas registradas, algo que muchos encuentran razonable pero que otros países simplemente no consideran algo relevante en el escenario global actual. Se habla de la piratería de cosméticos, juguetes o piezas de automóvil.

Otro capítulo trata sobre la falsificación de medicamentos, que puede entenderse como un intento de acabar con la venta de Viagra y productos similares, muy popular en la Red, en donde una buena parte de lo que se vende no es realmente el producto original, con los consiguientes problemas médicos derivados de una venta de productos potencialmente peligrosos de forma clandestina… Aunque también hay quien ve en esta acción un intento de controlar los medicamentos alternativos que se fabrican en algunos países en desarrollo sin pagar licencias, oponiéndose a los lobbies farmacéuticos que intentan que todo el mundo acate las leyes de propiedad intelectual e industrial de sus países de origen.

Pero ACTA también incluye un capítulo completo dedicado a Internet. En este sentido el tratado pretende aplicar el concepto de «falsificación» a la transmisión o copias digitales de contenidos, creando un nuevo escenario para todo lo que esté protegido por copyright y las leyes de propiedad intelectual, equiparándolas en muchos casos a la industrial, además de añadir el factor de las «marcas registradas» en la mezcla. De repente todas las leyes creadas para restringir los derechos sobre lo que la gente puede hacer con los objetos físicos, digitales o con conceptos como las marcas se ve entremezclado y más limitado todavía.

Aunque las negociaciones de ACTA han sido siempre secretas, el sitio WikiLeaks consiguió filtrar documentos de las reuniones y las negociaciones, incluyendo el borrador del capítulo que afecta a Internet. Entre otras cosas, lo que afecta a la Red incluye en estos momentos, por ejemplo

• La obligación para las empresas de vigilar y evitar la infracción de derechos de autor, algo que convierte en la práctica a toda empresa en responsable subsidiaria y en una especie de policía/juez que debe decidir sobre lo que hacen sus clientes y si se ajusta a las leyes que protegen los derechos de autor o no.
• La protección de las marcas registradas cuando se hace uso indebido de ellas, algo que nuevamente ACTA quiere hacer recaer sobre las empresas que fabrican productos para terceros o proporcionan herramientas de acceso o servicios en la red. Esto incluiría a los proveedores de acceso y a los sitios de alojamiento de webs, principalmente. En ACTA se incluye la petición expresa de que estas empresas sean consideradas responsables de las infracciones cometidas por sus usuarios, algo que actualmente no es así en la mayor parte del mundo, donde el responsable de una infracción es quien la comete y no quien le proporciona unos medios neutrales para hacerlo. (El ejemplo del fabricante de cuchillos que alguien compra y utiliza para matar a otra persona en vez de para cortar un filete parece muy apropiado para estos casos).
• ACTA hereda algunas de las normas que en países como Estados Unidos ya existen en otras leyes, como la DMCA (Digital Millennium Copyright Act) que permite a los fabricantes usar tecnologías de protección de derechos digitales (DRM) y castiga expresamente a los usuarios que intenten saltárselos (por ejemplo, para hacer una copia de seguridad de lo que han comprado). La situación puede llegar a ser tan extraña como que en España, donde se paga el «canon digital» para compensar a los autores por las copias que cada persona realiza, alguien estuviera violando la ley por hacer copias para sí mismo de un DVD aun habiendo pagado ese canon.
• De países como Francia y Estados Unidos ACTA hereda ideas como la de los cortes del acceso a Internet para quienes infrinjan las normas y la fórmula de los “tres avisos”, que pretende concienciar a quienes cometan infracciones de forma gradual, avisando primero de que han cometido una infracción, volviendo a avisar e informando de las consecuencias si siguen con sus intenciones y finalmente aplicando el castigo.

Tras el análisis de los documentos filtrados, numerosos y representativos grupos comenzaron a mostrar su desacuerdo y a plantear situaciones para que el público entendiera cómo la aplicación de un tratado como ACTA podría llegar a afectar a la gente de forma individual.

Algunos explicaron que, de entrar en vigor, no sería raro que en las aduanas se empezaran a llevar a cabo registros aleatorios en los iPods o los portátiles de la gente para comprobar que no importan «material falsificado» en forma de música o películas ilegales. (Si alguien estaba preocupado por su intimidad al ser pasado por los rayos-x, que imagine cómo podría violarse esa privacidad si el policía de la aduana tiene acceso a los contenidos completos de su ordenador).

Otros explicaron que ACTA obligaría a los proveedores de acceso a Internet (ISP) a violar la privacidad de sus clientes: actualmente sólo revelan a las autoridades competentes información privada sobre los propietarios de páginas web o su actividad en la Red en caso de requerimiento judicial y casos extremadamente graves; si se adoptara ACTA podrían tener que hacerlo ante un tipo de autoridad distinta y con menos garantías judiciales para los afectados. (Esto recuerda sin duda a la reciente polémica en España por la «Ley Sinde».)

En la actualidad, ACTA se sigue negociando en secreto, aunque diversos grupos como uniones de consumidores, la EFF, y diversas ONGs han pedido más transparencia y que se hagan públicas tanto las negociaciones como los documentos resultantes, para que los ciudadanos puedan ir valorando cómo va progresando la normativa.

Las voces favorables a ACTA provienen hasta ahora de organizaciones bien conocidas que no son muy del agrado de los internautas ni del público en general, principalmente la Alianza Internacional para la Protección Intelectual, la RIAA (equivalente a la SGAE norteamericana) y la asociación de Fabricantes farmacéuticos de América.

Entre las empresas consultoras que han trabajado para ACTA (también en secreto) hay una larga lista de grupos tales como editores de libros, farmacéuticas, grupos mediáticos y muchas de las empresas cuyos principales activos son las patentes industriales: IBM, Johnson & Johnson, General Motors y Monsanto, entre otras. A muchas personas con solo oír quién está a favor, quién está en contra y quién ha estado trabajando para la comisión les será suficiente para tomar partido sobre ACTA.