La amenaza global contra Internet: La «Ley Hadopi» en Francia

4/04/2010 13:19 | Alvy / Microsiervos

El proceso que sufrió la denominada «Ley Hadopi» en Francia es todo un ejemplo de lo que puede suceder cuando se intenta imponer para Internet una normativa con consecuencias que no tienen equivalente en el «mundo real». A pesar de haber sido apoyada fuertemente por el presidente francés Nicolas Sarkozy, y tras haber sido aprobada por el Congreso y el Senado, fue declarada inconstitucional y reformada para evitar el conflicto con los derechos civiles de los ciudadanos. El efecto final fue una versión tan descafeinada de la normativa que dejaba las cosas prácticamente como antes de su entrada en funcionamiento.

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HADOPI son las iniciales de Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des Droits sur Internet o «Alta Autoridad para la Difusión de las Obras de Artes y la Protección de los Derechos de Autor en Internet». Es el nombre de la comisión creada por el gobierno a partir de la Ley de Creación e Internet que se presentó como propuesta en Francia en 2008 y fue aprobada en 2009. La idea era proteger a los propietarios de materiales con derechos de autor de las copias «ilegales» y de su difusión no autorizada. Esto se haría mediante una especie de policía paralela ante la que se podrían denunciar las infracciones, que podrían suponer el corte de la conexión (y la denegación del servicio en el futuro) para los usuarios infractores.

La mecánica básica de la parte más controvertida de la Ley Hadopi es fácil de entender, y se basaba en la creación de una comisión y los denominados «tres avisos» antes de interrumpir la conexión e imponer un castigo al internauta. En otros países se plantearon fórmulas similares:

El gobierno en primer lugar crea una agencia o comisión (Hadopi) compuesta por nueve miembros: tres propuestos por el gobierno, dos por los cuerpos legislativos, tres por los cuerpos judiciales y otro por el consejo de propiedad literaria y artística dependiente del Ministerio de Cultura.
Cuando una persona, empresa u organización representante de autores considera que alguien está violando sus derechos de autor o intercambiando material protegido por copyright, presenta una denuncia ante la comisión.
La comisión envía un correo como primer aviso al usuario que supuestamente está infringiendo la Ley para que deje de llevar a cabo sus actividades. Aquí comienza la indefensión para el afectado: la carga de la prueba de la inocencia de sus acciones recae sobre él y no del denunciante (que normalmente sería quien debería demostrar la culpabilidad del denunciado).
Si en seis meses no se ha solucionado el problema, la comisión vuelve a enviar un correo (segundo aviso) esta vez físico y certificado, al infractor. Otra situación que indignó a los internautas es que durante esta fase y la anterior no es posible recurrir la sanción ante un organismo judicial.
Si al cabo de un año de recibir el segundo aviso el internauta no contesta ni acata la petición de la comisión de dejar de infringir los derechos de autor, la comisión puede pedir al proveedor de acceso a Internet que le corten la conexión (tercer aviso y final), por un periodo que va entre 2 y 12 meses. Para colmo, este corte del servicio no implica que también se «corte» la facturación, de modo que el usuario podría tener que seguir pagando la conexión aunque no pudiera utilizarla.

La guerra entre los internautas y el gobierno francés respecto a la Ley Hadopi fue larga, y se centró principalmente en los aspectos de la indefensión de los usuarios ante un procedimiento que quedaba fuera del circuito jurídico habitual y en el que incluso se negaba la oportunidad a la gente de recurrir, por no hablar del hecho de «tener que demostrar su inocencia» ante la denuncias, algo que consideraban totalmente inaceptable. La Quadrature du Net fue el principal grupo activista en contra de la Ley Hadopi; otras organizaciones como las de consumidores también se unieron. Políticamente el asunto no pareció interesar demasiado a los diversos grupos, que vivieron todo el proceso sin mojarse demasiado a favor ni en contra; únicamente el Partido Verde se opuso firmemente. Algunos de los representantes de grupos como el Partido Socialista francés se mostraron divididos a título individual.

La Ley Hadopi fue aprobándose en primeras instancias para luego ser rechazada un tanto por sorpresa (por un problema de incomparecencias), luego debatida de nuevo, y finalmente aprobada, tras ciertas enmiendas, en mayo de 2009.

Sin embargo, a los pocos días de su aprobación algunos miembros de la Asamblea Nacional francesa presentaron un recurso por inconstitucionalidad. A las pocas semanas el Tribunal constitucional declaraba nulas diversas partes de la Ley Hadopi, en especial la más relevante y debatida por los internautas, alegando que aprobar el método de sanción con protocolos fuera de los circuitos judiciales habituales violaba principios fundamentales de la constitución tales como la «presunción de inocencia, la separación de poderes y la libertad de expresión». Meses después aprobarían una versión descafeinada de la Ley Hadopi que básicamente garantiza que nadie pueda desconectar la conexión a Internet de un usuario sin un proceso judicial imparcial previo.

A partir de ese momento, la existencia de la Ley Hadopi se convirtió en cierto modo en algo irrelevante, dado que básicamente se había llegado al mismo punto en el que se estaba antes de su puesta en funcionamiento, pero tras un enorme gasto en tiempo, energía, propuestas, normas y protocolos que en poco cambiarían el panorama: para cortarle la conexión a alguien que supuestamente estuviera haciendo algo ilegal respecto a materiales con los derechos de autor en Internet sería necesaria la intervención de un juez y un proceso justo e imparcial previo, en el que el acusado tuviera formas de recurrir y defenderse como en otros órdenes de la vida. Para ese viaje no les hubieran hecho falta tantas alforjas.

Si de algo sirvió el largo peregrinar de la Ley Hadopi también fue para comprobar los diversos métodos y «dudosas tácticas» que un gobierno puede llegar a utilizar para apoyar e intentar llevar a cabo sus propuestas. Entre la lista de despropósitos que los activistas desvelaron en relación con la Ley Hadopi se encuentran todas estas perlas:

El contenido de la web promocional del gobierno no se correspondía con el contenido de la Ley. En otra palabras: se anunciaba y promocionaba una cosa, pero el texto legal definitivo presentado ante las cámaras legislativas era algo diferente.
El Ministerio de Cultura falsificó contenido sobre la Ley Hadopi en la Wikipedia francesa. Para los internautas resultó fácil detectar de dónde provenían esas extrañas modificaciones.
Se comprobó que en una supuesta recopilación de diez mil firmas de artistas favorables a la Ley Hadopi había muchas de ellas falsificadas: algunos «firmantes» negaron haber firmado; otros nombres se correspondían con gente inexistente.
En el colmo de las ironías, se descubrió que el logotipo de Hadopi había sido creado utilizando una tipografía sin licenciar. La tipografía original fue creada hace años en exclusiva para France Telecom, de modo que nadie más podía licenciarla. Sólo se podía conseguir en sitios web «piratas» de forma ilegal a través de Internet, violando los derechos de autor y propiedad intelectual. La agencia a la que el gobierno encargó el logotipo tuvo que admitir el «error» y cambiar la tipografía.