viernes, 25/05/12 - 17: 39 h
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El Consejo Fiscal considera "dudoso" que
la protección de la propiedad intelectual "deba ponerse a la misma
altura" que la del resto de los bienes jurídicos protegidos -algunos
de ellos derechos fundamentales- por la Ley de Servicios de la
Sociedad de la Información.
Así se expresa el órgano asesor del fiscal general del Estado en
su informe sobre la Ley de Economía Sostenible (LES), que introduce
modificaciones en otras normas -como la citada anteriormente- para
reforzar las medidas de protección de la propiedad intelectual,
posibilitando el cierre de páginas web o la retirada de determinados
contenidos de las mismas.
En el informe, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía critica
que se haya situado la salvaguarda de los derechos de propiedad
intelectual "al mismo nivel" que la del orden público, la
investigación penal, la seguridad pública, la defensa nacional, la
salud pública, la dignidad de la persona y la protección de la
juventud y de la infancia.
Para el Consejo Fiscal, la propiedad intelectual debe ser tratada
"como derecho de propiedad" y no como un derecho fundamental, ya
que, "aunque se pueda reconocer su importancia" en las sociedades
modernas, "no parece alzarse al mismo nivel" que intereses generales
como el orden público o colectivos situados en una posición de
debilidad como los menores.
Autorización judicial previa
El Ministerio Público también advierte en su escrito alguna
"contradicción" en la disposición de la LES que permite a la
Comisión de Propiedad Intelectual (CPI), de nueva creación, requerir
a los "prestadores de servicios de la sociedad de la información"
los datos para identificar a los responsables de las supuestas
infracciones de los derechos de propiedad intelectual.
Así, cree que no se plantea ningún problema si de lo que se trata
es de obtener "la identificación de la titularidad formal
registrada" -el titular del nombre del dominio de la página web, por
ejemplo-, pero dice que en ocasiones será preciso conseguir otros
datos para los que la ley "exige autorización judicial previa".
Para proporcionar "cobertura legal" a la CPI, la Fiscalía propone
modificar la ley de modo que no se precise autorización judicial
para los datos "que no estén amparados por el derecho fundamental al
secreto de las comunicaciones, sino por el derecho de intimidad", ya
que éste permite valorar "la proporcionalidad de la medida de
intromisión" en relación con los intereses que se quiere proteger.
"En cualquier caso, lo que en ningún supuesto puede recabar la
CPI, ni puede ser proporcionado por los prestadores de servicios de
la sociedad de la información, son informaciones referidas a
comunicaciones privadas que puedan afectar al derecho fundamental al
secreto de las comunicaciones, que requieren ineludiblmente
autorización judicial", advierte el informe.
Confusión en la creación de una comisión
La Fiscalía critica también la regulación que la ley hace de la
estructura de la CPI, que "resulta confusa" porque "más que crear
una Comisión con un mínimo común denominador parece originar dos",
una que ejerce "labores de mediación" y otra que interviene en los
servicios de la sociedad de información "con un enorme potencial de
incidencia invasiva en la esfera de derechos fundamentales".
Por último, el informe recuerda que pese a que la ley prevé que
los Juzgados de lo Contencioso de la Audiencia Nacional podrán
acordar, a propuesta de la CPI, el cierre de páginas web o la
retirada de contenidos de las mismas, esta medida "queda limitada a
los casos en que el prestador del servicio está establecido en
España o en un Estado de la UE o del Espacio Económico Europeo".
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