Ciertamente no es forma de hacer las cosas intentar colar esto dentro de una ley [texto completo en PDF 550 KB] que en principio no tiene mucho que ver, parece dudoso que el intentar proteger un modelo de negocio que a todas luces ya no funcionaba antes de la crisis vaya a ayudar en algo a la economía del país, y no parece de recibo que el ministro Sebastián reciba a los representantes de 2.500 músicos cuando no ha hecho lo propio con los representantes de más de 275.000 usuarios de Internet.

Pero dicho esto, el enfoque que se le está dando está siendo por ahora está siendo quizás un tanto «alarmista y espectacularizante», citando a Andy Ramos.

En lo que se refiere a algunos de los puntos que se están comentando por ahí que esta nueva ley podría modificar o implicar, y aunque sea arriesgado analizar un texto que no es definitivo y que probablemente sufrirá modificaciones (otro gallo nos cantaría si el PSOE tuviera mayoría absoluta):

• No es cierto que añada la infracción de derechos de autor como causa para cerrar una página, pues ya existía antes. Nada impedía antes solicitar el cierre cautelar de una web basándose en la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley de Enjuiciamiento Civil, o la Ley de Enjuiciamiento criminal si se acredita que existen indicios de infracción de los derechos.
  Lo que sí se pretende introducir con esta reforma es un órgano administrativo que puede instar la solicitud de ese cierre provisional, sin que necesariamente tenga que acordarlo un juez.
• Es precisamente en lo que se refiere al funcionamiento de este órgano administrativo donde hay algunas discrepancias, pues si bien Javier Prenafeta opina que aunque la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual pueda pedir el cierre de una web será un juez el que deba autorizarlo, para David Maeztu, los órganos competentes, en este caso la Comisión, de acuerdo al artículo 8, «podrán adoptar las medidas necesarias para que se interrumpa su prestación o para retirar los datos que los vulneran». Pero también matiza que no es necesariamente negativo, igual que se cierran los bares cuando vulneran las normativas anti ruido, medida que siempre puede ser recurrida ante un juez.
  Conviene no olvidar, de todos modos, que como dice Javier «ciertamente hay órganos administrativos que pueden cerrar una web sin que lo decida un juez cuando hay intereses de consumidores, salud, menores, etc.»
  El problema, aclara David, es la composición de la citada Sección Segunda y que se permite realizar estas solicitudes de interrupción o eliminación aún frente a conductas potencialmente vulneradoras y no demostradamente vulneradoras.
  Esto quiere decir, por ejemplo, que se podrían realizar en el caso de las webs de enlaces, que por sí mismas no realizan ninguna de las conductas atribuidas en exclusiva a los autores, al menos en el supuesto básico, y parece que esta norma está destinada contra ellas. Al cerrar la web hasta que se resuelva el proceso contencioso administrativo serían años, lo que provocaría muchos cierres definitivos hasta que los juzgados resolviesen.
  En resumen, que se podrá usar contra conductas sobre las que es dudoso que vulneren la LPI, en sentido estricto, aunque también es cierto que se podrá recurrir el cierre cautelarmente y que este sea levantado por el juzgado competente.
  El quid de la cuestión, de todos modos, está en que en el artículo 8 de a LSSI se dice que cuando estén en juego derechos fundamentales en la adopción de las medidas será cuando intervenga un juez, y aquí habrá que aclarar cuando entran en juego estos derechos fundamentales.
  Parece claro que nunca serían aplicables a webs como por ejemplo tiendas en línea o que alberguen obras sin derecho a hacerlo, pues en esos no hay foros ni opiniones ni nada parecido, con lo cual el cierre se decretaría sin mayores problemas.
  Otra cosa es en el caso de que el cierre afecte a un blog o web donde se opina, se informa, o existe un foro, pues aunque en este caso hasta ahora era necesaria la decisión de un juez, tal y como está redactado el proyecto de ley, sería la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual la que valoraría la necesidad de que intervenga un juez o no, lo que es preocupante porque según como sea la composición de esta sección la cosa se parecería sospechosamente a darle al zorro las llaves del gallinero.
• Los enlaces P2P siguen sin suponer la vulneración de derechos de propiedad intelectual, pues como dice David Bravo en este encuentro digital, «…esta reforma no convierte en ilícito lo que era lícito ya que no cambia nada respecto de las normas que rigen el fondo del asunto, lo que hace es dejar que sea el Ministerio de Cultura el que decida si existe o no ilicitud en determinadas páginas webs. Algo que ya es de por sí escandaloso, en mi opinión.»
  Pero eso sí, la Sección Segunda podría solicitar, por ejemplo, a Google que retirara resultados que enlazan a torrents de Ágora de Amenabar o a torrents de Alejandro Sanz, lo que es un sinsentido porque habría que demostrar que existe una infracción, algo que hasta ahora no ha sido considerado así por los jueces.
• La información relativa a los usuarios de redes P2P seguirá estando protegida y la industria no podrá identificar a un usuario concreto con una IP porque lo impide la Ley de Conservación de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos.
  En cuanto a la información que se refiere a los proveedores de servicios, Javier recuerda que ya en la actualidad no exhibir esos datos es una infracción administrativa de la LSSI y te pueden sancionar, pues no entran en juego la Ley de Conservación de Datos ni necesariamente la LOPD como motivos para eludir esa obligación, claro que dando por supuesto que a la web en cuestión se le aplique la LSSI.
• Tampoco hay ninguna previsión al respecto de cortes de conexión pues estas medidas no van dirigidas contra los usuarios sino «principalmente hacia aquellos que han construido un negocio alrededor de contenidos de terceros, y que nada tiene que ver con el intercambio de archivos entre particulares», citando de nuevo a Andy Ramos.
• No sirve para escapar de las posibles consecuencias de esta nueva ley alojar un servicio en un país extranjero, pero de acuerdo con la LSSI tampoco servía de nada antes, pues lo que cuenta es el país en el que vive el que provee el servicio.

Pero más allá de la redacción de esta ley, que insisto en que puede cambiar de aquí a que sea aprobada -si es que llega a serlo- lo que es muy preocupante es que se está haciendo intervenir a organismos públicos en la tutela de un interés privado en lugar de dejar que se siga persiguiendo como cualquier deuda civil, elevando éste a la categoría de los valores o principios del artículo 8 de la LSSI com son la salvaguarda del orden público, o la protección de consumidores o de menores de edad y potencialmente poniendo en tela de juicio ciertos derechos, que como dice Javier de la Cueva, «nunca son objeto de debate: son obligatorios.»

La forma de actuar del gobierno recuerda mucho a la Ley Corcuera (también conocida como la de la patada en la puerta), que tardó años en ser anulada por el Tribunal Constitucional, pues parece que se está siguiendo una estrategia de legislar contra los derechos fundamentales como si no pasara nada sabiendo que aún de ser anulada la ley esta podrá ser utilizada durante varios años antes de que eso suceda.

Además, deja claro el absoluto desconocimiento por parte del gobierno sobre lo que es un enlace. Citando de nuevo a Javier de la Cueva: «Los jueces han comprendido lo que es un enlace, pero el ejecutivo todavía no sabe que un enlace no puede vulnerar la propiedad intelectual. Es física y fácticamente imposible».

En cualquier caso, la de esta ley será una tramitación que no habrá que perder de vista.

{Con la colaboración de David Maeztu, Javier Prenafeta y Andy Ramos de de Derecho en Red y Javier de la Cueva, que han tenido una enorme paciencia conmigo y con mis preguntas de absoluto lego en la materia. Los errores son todos míos.}