Willy Meyer y los 39 valientes que resistieron al Paquete Telecom

El eurodiputado de IU, Willy Meyer - EFE

Cuarenta irreductibles eurodiputados fueron los únicos que ayer se opusieron, contra viento y marea, a la aplastantemente mayoría que aprobó el Paquete de Telecomunicaciones en la UE. Esta reforma del sector permite, entre otros muchos aspectos, cortar el acceso a Internet a quien "piratee" archivos protegidos por derechos de autor.

Esta inmensa minoría de 40 eurodiputados no logró frenar a sus 510 compañeros que dieron el sí definitivo a la reforma. Entre ellos, sólo uno está entre los 50 eurodiputados provenientes de España: el único parlamentario de IU en Bruselas, Willy Meyer. Todos los demás votaron a favor. Según afirmó Meyer en declaraciones a lainformacion.com, con su decisión del martes, el Parlamento ha sido absolutamente blando frente a los gobiernos europeos y los intereses de las compañías privadas.

De los 40 resistentes, 24 de ellos forman parte del grupo de Meyer, Izquierda Unitaria Europea. Entre el resto, cinco son no inscritos y once están agrupados en torno al partido conservador euroescéptico Europa de la Libertad y la Democracia (EFD). En nombre de este último, el eurodiputado Trevor Colman advertía de que el paquete legislativo amenaza con niveles inauditos de vigilancia estatal, intervención estatal y explotación comercial, y privará a los usuarios de Internet incluso de la protección de los tribunales.

Un territorio enormemente peligroso

En este mismo sentido incidía Meyer: Dejar a la Administración el poder de desconectar a los usuarios sin autorización judicial previa es un enorme paso atrás y nos lleva a un terreno terriblemente peligroso. Según este miembro de la Ejecutiva de IU y del Partido Comunista de España (PCE), la de ayer fue una oportunidad perdida para el Parlamento Europeo: deberíamos haber votado para consolidar los derechos básicos de los usuarios de la Red, y para consolidar los principios de un Internet libre, abierto y competitivo, y no al contrario como ha ocurrido.

Para Meyer, el cambio de postura en el Parlamento Europeo se debe a que su actual composición, tras las elecciones europeas de junio, es todavía más conservadora que la anterior. Fue la anterior Eurocámara la que, en mayo, tumbó la propuesta de los gobiernos de la UE, al exigir que para desconectar a los usuarios de Internet tuviese que mediar la autorización de un juez.

El eurodiputado madrileño también denunció que la reforma aprobada por la Eurocámara no garantiza la neutralidad de la Red: Se permite a las compañías proveedoras de Internet que establezcan filtros de contenido para sus usuarios y que den menos velocidad a unas páginas frente a otras. Esto supone, en su opinión, una discriminación de determinados usuarios y una vulneración de su derecho a la intimidad, que sólo beneficia a las grandes empresas de telecomunicación, que podrán filtrar la información de las páginas web según sus propios intereses. La filosofía de que el mercado nos debe organizar la vida llega a todos los rincones, también a la legislación sobre Internet o a cualquier otra decisión de la UE, denuncia el eurodiputado, quien entró a militar al PCE en la clandestinidad hace 40 años, cuando cumplió los 18 años.

No todo son críticas

De una opinión radicalmente contraria es Pilar del Castillo, ex ministra y eurodiputada del PP, que fue una de las impulsoras del Paquete de Telecomunicaciones: Tenemos finalmente un marco regulatorio que establece unas bases muy adecuadas para poner el desarrollo de Internet, de la sociedad digital y de la economía digital en el frontispicio de nuestros objetivos. En su opinión, la reforma protege bien a los consumidores, favorece sus derechos y, también, da seguridad a los inversores.

Más sorprendió, sin embargo, el apoyo al paquete del representante del Partido Pirata (inscrito en el grupo de Los Verdes), el diputado sueco Christian Engström. El texto no es perfecto ni es todo lo que habríamos deseado, pero consideramos que es un buen paso en la dirección correcta, argumentó. En su opinión, la reforma manda una señal fuerte a los Estados de que leyes como la francesa o la británica no son aceptables. Sin embargo, matizaba a continuación, corresponde ahora a los activistas de Francia y Reino Unido hacer que sus gobiernos lo asuman.

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