El PSOE pide que los procesos de separación y divorcio queden exentos de tasas judiciales

lainformacion.com

viernes, 04/01/13 - 18:28

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El grupo parlamentario del PSOE ha solicitado que todos los procesos de separación y divorcio queden exentos del pago de tasas judiciales para asegurar la defensa de los derechos y la protección de las víctimas de violencia de género y para evitar que puedan perpetuarse situaciones de conflicto entre cónyuges.

GRANADA, 4 (EUROPA PRESS)

El grupo parlamentario del PSOE ha solicitado que todos los procesos de separación y divorcio queden exentos del pago de tasas judiciales para asegurar la defensa de los derechos y la protección de las víctimas de violencia de género y para evitar que puedan perpetuarse situaciones de conflicto entre cónyuges.

Así lo ha anunciado la diputada socialista y vocal de la Comisión de Justicia del Congreso, Elvira Ramón, al presentar dos proposiciones no de ley que el grupo socialista ha planteado en el Congreso.

La diputada ha afirmado que el PSOE está trabajando para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que regula las tasas judiciales porque rompe el principio de igualdad y vulnera el principio de tutela judicial efectiva.

Para Ramón, de todas las contrarreformas emprendidas por el PP, la ley de tasas judiciales es la más "injusta" porque provoca una total indefensión en la ciudadanía. Además, a su juicio, la ley se ceba especialmente con los colectivos más vulnerables, como las mujeres víctimas de violencia de género, puesto que la obligación de pagar una tasa para romper los vínculos con su agresor puede ser "un freno y un obstáculo para que las mujeres víctimas de violencia de género denuncien sus casos ante el juzgado".

"Aunque los casos penales están exentos de tasas, las mujeres víctimas de violencia de género sí deben pagarlas por las demandas civiles de separación o divorcio de sus agresores, que también tramitan los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, lo que puede disuadirlas de denunciar sus casos y desvincularse de los causantes del maltrato", ha explicado.

1.800 DENUNCIAS POR MALTRATO AL AÑO

Ramón ha subrayado que en Granada se registran al año una media de unas 1.800 denuncias por maltrato, cifra a la que hay que sumar los casos civiles de divorcio que se suelen iniciar de forma paralela al proceso penal para la ruptura definitiva de la pareja. Según la diputada socialista, en total se registran al año unos cuatro mil procesos civiles y penales en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

La representante del PSOE se ha referido a la reforma laboral y a las declaraciones realizadas en su día por la ministra de empleo, quien afirmaba que "era anticuado hablar de medidas conciliación de la vida familiar y laboral".

"No sé si el obispo de Córdoba se ha puesto de acuerdo con el ministro de Justicia para decir que la ideología de género destroza a las familias porque con el 'tasazo' y la reforma del Código Penal nos quieren retrotraer a la época de la Sección Femenina", ha señalado.

Elvira Ramón ha recordado que el ministro Gallardón se comprometió de "farol" el pasado 28 de noviembre a modificar en el plazo de dos semanas la Ley de Justicia Gratuita para incluir, entre otros colectivos, a las mujeres víctimas de violencia de género.

Sobre ello, ha precisado que desde que la ley de tasas judiciales entró en vigor, el Consejo de Ministros ha aprobado dos decretos-leyes sin hacer mención alguna a su compromiso con las mujeres maltratadas. "Desde el grupo parlamentario socialista instamos al ministro a que cumpla su palabra para que las víctimas de violencia de género puedan iniciar procesos de separación y divorcio de sus agresores sin costes", ha afirmado.

La diputada del PSOE ha recalcado que con el 'tasazo' judicial el PP atenta contra el principio de igualdad de los ciudadanos, que deben tener derecho a una defensa justa, y ha añadido que el grupo socialista exigirá que el Gobierno apruebe un decreto-ley que contemple la exclusión del pago de tasas en las causas de separación y divorcio y en todos aquellos procesos civiles de familia en los que sean demandantes las víctimas de violencia de género.

(EuropaPress)

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