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miércoles, 23/07/14 - 11: 54 h

inmigrantes ilegales

Juzgan a partir de este lunes en Huelva a once personas acusadas de inmigración ilegal con fines sexuales

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lunes, 17/12/12 - 09:54

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La sala de vistas de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva acoge durante este lunes y este martes a partir de las 10,00 horas el juicio contra once personas a los que la Fiscalía acusa de delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal con fines de explotación sexual, de determinación coactiva a la prostitución y de falsedad en documentos oficiales, y para los que pide más de 80 años de prisión.

HUELVA, 17 (EUROPA PRESS)

La sala de vistas de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva acoge durante este lunes y este martes a partir de las 10,00 horas el juicio contra once personas a los que la Fiscalía acusa de delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal con fines de explotación sexual, de determinación coactiva a la prostitución y de falsedad en documentos oficiales, y para los que pide más de 80 años de prisión.

El fiscal considera en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que cuatro de los acusados, el matrimonio formado por H.P., y T.G.J., y H.G., y J.B., con antecedentes penales y todos nacidos en Nigeria, desde el año 2007 formaban una organización estable cuya finalidad era facilitar la llegada a España de mujeres nigerianas con la finalidad de hacerlas objetos de explotación sexual, forzándolas a prostituirse en diversos clubs de alterne hasta que hicieran el pago total de la supuesta deuda contraída con los acusados como consecuencia de haberlas traído al territorio español, accediendo las mismas bajo la promesa de ofrecerles un trabajo en tareas domésticas, el sector agrícola o similares.

A su vez, los procesados, bajo la práctica de rituales vudú, les decían que esta práctica conllevaba de modo implícito la advertencia de que en caso de incumplimiento o de revelar hechos, podría acarrearles consecuencias negativas para ellas mismas o sus familiares.

El resto de los procesados eran conocedores de los hechos. Concretamente, en el mes de agosto, los cuatro primeros acusados a través de otra persona, A.O., contra el que no se dirige el presente escrito al ser residente en Nigeria, lograron contactar con una de las testigos protegidos, a quien el citado convenció para que viniera a España con la promesa de facilitarle el viaje y de buscarle un trabajo aquí, debiendo la misma pagar en el plazo de tres años 50.000 euros para saldar dicha deuda contraída por las gestiones que la organización haría en su favor, convenciendo del mismo modo a otra mujer también de nacionalidad nigeriana.

De este modo, ambas se reunieron antes de comenzar el viaje en tres ocasiones con esta persona siendo sometidas a rituales de vudú y entregándole un mes después un pasaporte falso para que iniciaran el viaje.

Este viaje inició en coche de Nigeria a Cothonu, en autobús de allí a Níger y en camión ocupado por 50 personas de Níger a Libia, cruzando el desierto y falleciendo varios de los ocupantes en un accidente. Finalmente el viaje desde Libia hasta las costas de Italia se realizó en patera en la Navidad de 2007, siendo ocupada la patera por 49 personas y siendo recogidas por la Cruz Roja italiana en el mar. Una vez allí, las autoridades dispusieron el ingreso de estos inmigrantes en un centro de internamiento para extranjeros donde tras permanecer varios días, las dos víctimas y esta persona que les facilitó el viaje salieron. A la testigo protegida se le hizo entrega de un nuevo pasaporte con el que viajó hasta Sevilla y después a Huelva.

Una vez en la provincia, otros de los acusados alojaron a esta víctima, el compraron ropa y la enviaron a un club de alterne de Badajoz, tras enseñarle algo de castellano. El fiscal considera probado que esta mujer ingresó desde principios de 2008 y hasta febrero de 2009 14.365 euros.

Así el matrimonio procesado realizaba llamadas al norte de África e Italia para controlar a las chicas que habría que traer a España el destinatario de sus llamadas, y otra de las procesadas J.B., además de controlar a las mujeres que venía, financió en el periodo de los hechos operaciones para que otras mujeres vinieran a España.

Por todo ello, esta mujer decidió interponer una denuncia por los hechos, motivo por el cual recibió amenazas ella y su familia. En el juicio, la Fiscalía ha solicitado la declaración de funcionarios de la Policía Nacional de Huelva y Sevilla.

(EuropaPress)

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