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lunes, 22/12/14 - 15: 37 h

inmigrantes ilegales

La red de gao ping disfrutaba de un “trato de favor” por parte de algunos policías y guardias civiles

lainformacion.com

martes, 04/12/12 - 20:56

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La investigación de la trama de desvío de capitales y evasión fiscal desarticulada con la ‘operación Emperador’ ha desvelado que la red presuntamente liderada por Gao Ping disfrutaba de un “trato de favor” por parte de algunos miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
Así se desprende del sumario de la causa judicial abierta por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, al que ha tenido acceso Servimedia. En el sumario se recoge un informe de los fiscales Anticorrupción encargados del caso, Juan José Rosa y José Grinda, en el que se asegura que los miembros de la trama obtenían “un trato de privilegio y de favor por parte de algunos miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.
En este apartado destaca el papel de Miguel Ángel Pérez Gordo, un inspector de la Policía Nacional destinado a la Brigada de Extranjería y Documentación. Según Anticorrupción, se dedicaba a “facilitar, agilizar y realizar trámites de extranjería a cambio de dádivas y recompensas”. Los fiscales aseguran además que mantenía una “relación personal y directa” con Gao Ping.
También destaca la presunta implicación del miembro de la Guardia Civil Pablo José Jiménez Marín, quien se dedicaba presuntamente a retirar las multas de los vehículos de la organización criminal. “A cambio, les habría pedido un ordenador portátil”, señala el escrito de los representantes del Ministerio Fiscal antes de explicar que el agente se habría “involucrado con la organización”.
Los fiscales aseguran que los imputados también recibían un trato privilegiado por parte de los policía municipales de Fuenlabrada, localidad en la que está situado el polígono de Cobo Calleja, centro de la actividad de la red. Este trato de favor lo obtenían gracias a su relación con el antiguo concejal socialista de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada (Madrid) Jose Borrás, detenido en la operación e imputado en la causa abierta en la Audiencia Nacional.
La trama mafiosa también contaba con el favor de “funcionarios de la administración española” para “facilitar la inmigración ilegal” de los trabajadores chinos que utilizaba en sus negocios.
Entre estas personas destaca la imputada María Pilar García Vicente, funcionaria de la delegación del Gobierno Zamora. Según los fiscales, “agilizaba los trámites documentales de extranjería a cambio de dádivas y recompensas”.

(SERVIMEDIA)

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