sábado, 25/05/13 - 02: 08 h
Casi cien personas han sido detenidas o imputadas en Canarias y Zaragoza por comerciar ilegalmente con gas R-22, utilizado por los barcos pesqueros para congelar en alta mar el producto de la pesca pero prohibido por los países de la Unión Europea (UE) por sus efectos dañinos en la capa de ozono.
Madrid, 15 dic.- Casi cien personas han sido detenidas o imputadas en Canarias y Zaragoza por comerciar ilegalmente con gas R-22, utilizado por los barcos pesqueros para congelar en alta mar el producto de la pesca pero prohibido por los países de la Unión Europea (UE) por sus efectos dañinos en la capa de ozono.
En una operación denominada "Refresco", dirigida por la Fiscalía de Medio Ambiente y llevada a cabo por la Guardia Civil, los agentes de este cuerpo han intervenido 150.000 kilos de este gas y han puesto a disposición judicial a 97 personas imputadas por un comercio que hubiera reportado a las empresas implicadas 4 millones de euros de beneficios en este año.
El teniente Oscar Fernández Camacho, perteneciente a la jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del instituto armado, ha explicado a Efe los detalles de esta operación, en la que se han practicado dieciséis registros de sedes y almacenes de diversas empresas e inspeccionado siete buques de distintas nacionalidades, muchos con bandera de conveniencia.
Fernández Camacho ha recordado que el protocolo de Montreal, suscrito por los socios de ONU y otros países, acordó un calendario progresivo de eliminación de ese gas especialmente tóxico y que genera daños en la capa de ozono, lo que permite la entrada de rayos UVA que pueden afectar al ADN y provocar desde quemaduras hasta ceguera y mutaciones.
La UE fue más allá, y lo prohibió totalmente, aunque permite que empresas de los países comunitarios -a los que se les fija una cuota- lo compren en el mercado asiático para luego reenvasarlo y exportarlo a estados que todavía permiten su uso.
Así, desde la UE se adquieren cisternas de hasta 18.000 kilos y ya en Europa se reenvasan en bombonas con capacidad desde 12 kilos hasta 1.000, todo ello dentro del "canal legal", ha subrayado el teniente del Seprona, quien ha especificado que el 88 por ciento del comercio "controlado" de este gas corresponde a empresas españolas.
La UE, por tanto, es quien otorga las licencias para ese comercio a países que no han prohibido el gas R-22 para que compren, envasen y exporten, pero los imputados en esta operación -domiciliados en Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Zaragoza- hacían un uso ilegal de esa autorización.
El teniente ha resaltado alguna de las irregularidades que se han puesto de manifiesto durante la investigación, como el uso indebido del gas, que no se empleaba para refrigerar en alta mar, sino en tierra.
En ocasiones, el gas tenía un destino diferente al declarado en las solicitud de licencia y, por ejemplo, iba a parar a un buque distinto al que se había reseñado, y en otras la venta se hacía de forma directa sin permiso previo.
Los implicados obtenían importantes beneficios, toda vez que adquirían el gas a un precio de entre 4 y 8 euros el kilo y lo vendían a 40. Esta práctica impedía competir en igualdad de condiciones a otras empresas que actuaban dentro de la legalidad.
De hecho, sólo en lo va de año los beneficios rondarían los 4 millones de euros, a los que habría que sumar los obtenidos desde 2010, cuando comenzó esta actividad ilegal.
Según ha subrayado el teniente del Seprona, el juez ha clausurado de forma cautelar la actividad de una de las empresas implicadas.
Los detenidos, según la Fiscalía, podían haber incurrido en un delito de tenencia, comercialización o transporte de sustancias inflamables, corrosivas o tóxicas para la salud y el medio ambiente, castigado en el artículo 348 del Código Penal con prisión de seis meses a dos años de prisión.
También, en un delito tipificado en el artículo 325, que castiga las emisiones o vertidos en la atmósfera, suelo, subsuelo o aguas marítimas con penas de seis meses a cuatro años de cárcel.
Otros delitos en los que podían haber incurrido son los de falsificación de documentos públicos, para los que la pena es de tres a seis años, como prevé el artículo 390, y en el de contrabando, castigado con penas de uno a cinco años en la Ley de Represión del Contrabando para aquellos que trafiquen con sustancias químicas tóxicas a través de una organización.
Para esta investigación, que comenzó en febrero, la Guardia Civil ha destinado 60 agentes y ha contado con la colaboración del Servicio de Inspección y Control de Aduanas y el Ministerio de Agricultura.
La Unión Europea obliga a sus miembros a controlar y sancionar las actividades de producción y tráfico incontrolado de sustancias que agotan o deterioran la capa de ozono, tal y como recuerda la Fiscalía, que subraya la importancia de esta primera operación a gran escala que se desarrolla en España para combatir el comercio ilegal de esos gases.
Durante la operación, la Fiscalía ha mantenido permanente contacto con las autoridades comunitarias, que han enviado a España a un alto cargo para conocer de primera mano los resultados.
(Agencia EFE)
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