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lainformacion.com

miércoles, 23/07/14 - 00: 32 h

ciencias (general)

El nuevo canon digital saldrá del presupuesto de las universidades

Antonio Martínez Ron

miércoles, 20/03/13 - 10:15

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  • Cedro (la SGAE de los libros) reclama a la Universidad 7,4 millones al año por derechos digitales.
  • Los rectores se niegan a pagar por obras sobre las que consideran que Cedro no tiene derechos.
  • Al margen de los tribunales, el borrador de la Ley de Propiedad Intelectual obligaría a pagar este canon.
El nuevo canon digital saldrá del presupuesto de las universidades  -Foto: Getty

La última gran batalla por los derechos de autor se libra en la Universidad. Una vez anulado el canon digital sobre discos y películas, son las editoriales y sus entidades de gestión las que buscan en los tribunales la manera de cobrar una compensación con fondos públicos y reclaman el dinero a una de las instituciones más afectadas por los recortes: la Universidad. Al margen de lo que decidan los jueces, el Gobierno prepara una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que formalizaría la existencia de este canon y encargaría su cobro a las sociedades de gestión.

La historia se remonta a hace dos años, cuando la sociedad de gestión Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos) interpuso tres demandas contra la universidades Autónoma y Central de Barcelona y la Carlos III de Madrid por las copias digitales que los profesores suben a los campus virtuales.  Según su demanda, en estos foros internos los profesores usan obras de autores con derechos y los ponen a disposición de los alumnos. Durante el litigio, Cedro matriculó en la Universidad a dos detectives para que comprobaran si en los campus virtuales se estaban reproduciendo las obras de sus autores.

"Hemos detectado que están utilizando fragmentos de obras concretas del repertorio de Cedro", asegura el abogado de Cedro Javier Díaz de Oliarte a lainformacion.com. "Y lo que reclamamos en el procedimiento es la indemnización por la explotación ilegal de estas obras". Según Cedro, sus agentes han detectado "escaneos de páginas de libros que se suben a la intranet de las universidades y artículos de revistas para que los alumnos puedan descargarlos". Esto les ha llevado a pedir a las universidades públicas una compensación de 5 euros por alumno y año, lo que llevaría una cifra de unos 7,4 millones de euros anuales.

Pagar por lo ya pagado

La disputa judicial comenzó cuando las universidades estudiaron las cifras de Cedro y descubrieron que la entidad de gestión pretendía cobrarles por un concepto que ya están pagando a las editoriales o cuyos derechos tienen ellas mismas. El último informe de la Red de Bibliotecas Universitarias, por ejemplo, refleja que estas instituciones gastan unos 127 millones de euros en recursos de información, de los cuales 65 son por "acceso a información electrónica" y las licencias que compran incluyen los derechos de reproducción con fines educativos. 

Ante esta situación, propusieron el pago de los derechos de las obras que realmente se usen.  "Lo que la Universidad le dijo a Cedro es: dime por qué quieres cobrar y cuando me lo digas,  te pagaré", explica Javier de la Cueva, el abogado que asesora a la Conferencia de Rectores Universitarios (CRUE) en este proceso. "Nosotros no somos un bar que pone música, somos el gran creador de propiedad intelectual de este país", añade. Para probar que Cedro no tiene los derechos universales que dice tener, los rectores señalan que esta entidad de gestión representa a unos 20.000 socios directos frente a los 130.000 docentes y autores universitarios. Respecto al contenido, Cedro dice gestionar unos 4 millones de obras mientras que el catálogo de la red universitaria contiene 30 millones y en el catálogo mundial (Wordcat) hay unos 290 millones.

Joan Gómez Escofet es el director de los servicios de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) que posee 1.200.000 de libros en papel y 30.000 obras electrónicas. "Nosotros invertimos unos 3,7 millones de euros al año, tanto en el fondo bibliográfico como en revistas científicas", asegura. "El problema no es que Cedro cobre sino que quiere cobrar por todo, incluso por cosas que ofrecemos de manera libre y gratuita". A la UAB, sin ir más lejos, Cedro le reclama un millón de euros en concepto de atrasos y 250.000 euros al año por el uso de la copia digital. "Si se tienen que pagar esas cantidades desorbitadas", añade Gómez Escofet, "la Universidad tendrá menos recursos, y ya estamos en una situación presupuestaria límite. Nosotros hemos recortado las revistas un 20% y las monografías hasta un 75%, y hay otras universidades, como la Complutense, que están en una situación crítica para mantener sus recursos de información científica".

"Nuestro presupuesto ha tenido alrededor de un 30% de recorte", confirma Manuela Palafox, directora de las bibliotecas de la Universidad Complutense de Madrid. En este centro, que no está entre los denunciados, se publican todas las tesis doctorales con acceso libre, pero de seguirse la política de Cedro, se debería pagar por ello al representante de editoriales como Planeta o Anagrama. "Yo solo digo que Cedro tiene una base de datos de sus autores, pero quieren cobrar por el préstamo de todo", añade Palafox. "Si ese autor no está dentro de Cedro, ¿qué va a hacer con ese dinero? ¿Se lo queda?". "En muchos de los materiales de los que estamos hablando Cedro no pinta nada, puede que ni represente a las revistas que se publican, ni en el material docente", asegura Ignasi Labastida, presidente de Creative Commons España y miembro de la Oficina de Difusión del Conocimiento de la Universidad de Barcelona (UB). "Cedro va a lo más fácil", insiste, "es como el famoso canon de la copia privada, lo metemos todos en el mismo saco".

Los abogados de Cedro consideran, en cambio, que son los depositarios universales de este derecho a cobrar por las copias digitales y que, dado que este canon ya se paga por las fotocopias, su extensión es automática. "Cualquiera que, en un entorno digital como en soporte papel, quiera utilizar obras que son objetos de derechos y no estén amparados por una excepción, tiene que solicitar autorización o bien del titular o bien de la sociedad de gestión", asegura Díaz de Oliarte. "En las universidades reproducen obras protegidas de muchos titulares y es Cedro quien debe dar la autorización". Por otro lado, añaden, la mayoría de editoriales universitarias son socias de Cedro.

"Esa afirmación tiene un pero", asegura Javier de la Cueva, abogado de la CRUE, "y es que están las editoriales pero no la mayoría de autores". Y los artículos académicos se publican en editoriales que no son las universitarias (como Elsevier o Springer) que ya ceden los derechos de reproducción digital cuando los pagas y en los que Cedro no pinta nada. Llevado a este extremo, la situación de la Universidad es kafkiana: un profesor realiza un estudio pagado con fondos públicos, lo publica en una editorial como Springer y la universidad paga para tener esos estudios en sus fondos. A continuación aparece un tercero, que no tiene ningún derecho sobre ese título, y cobra un canon universal por publicar cualquier obra, sean suyas o no.

"La solución que le proponemos a Cedro", explica Javier de la Cueva, "es aprovechar que el plan Bolonia obliga a los profesores a exponer al principio de curso qué fuentes bibliográficas principales y secundarias va a usar, con lo cual se podría pagar por las obras que realmente se utilizan". Desde Cedro, en cambio, dicen no haber recibido nunca esa propuesta y aseguran que esta manera de medir le saldría más cara a la Universidad porque consideran que “hacen un uso masivo de este tipo de obras”. “En cualquier caso”, asegura Díaz de Oliarte, “las licencias de este estilo, a nivel mundial, se hacen conforme a parámetros generalizados, es decir una cantidad por alumno y año.  España no es una excepción”.  

Por la vía más corta

Aunque la situación sigue viva en los tribunales- la última vista se celebró el pasado lunes en Barcelona - el Gobierno prepara una modificación legal que establecería el canon a Cedro de manera institucional. Con la anterior Ley de la Propiedad Intelectual, si un profesor reproduce un fragmento que vaya más allá de unos párrafos (el capítulo de un libro, por ejemplo) está cometiendo una infracción. En la reforma de la ley que ha filtrado esta misma semana Ibercrea (que representa a las entidades de gestión) los términos cambian [ver documento]. Se autoriza a la reproducción con fines educativos pero se introduce una variante:

"Los autores de las obras reproducidas parcialmente, distribuidas y comunicadas públicamente, tendrán un derecho irrenunciable a percibir de los centros educativos una remuneración equitativa, que se hará efectiva a través de las entidades de gestión".

En otras palabras, a partir de ahora se asume que se utilicen obras de cualquier catálogo en los campus virtuales, pero se pone como condición que Cedro sea la que tenga los derechos y cobre por ellos. En una versión del borrador filtrada anteriormente por la Asociación de Internautas, el precio a pagar se negociaba con las universidades. Al eliminar este párrafo, interpretan desde la CRUE, "el precio lo ponen las entidades de gestión unilateralmente como hasta ahora".

Desde Cedro, en cambio, no creen que eso solucione su reclamación porque el texto no aclara si las Universidades podrán seguir negándose a pagar el canon. “Es cierto”, reconoce Díaz de Oliarte, “que en el borrador se reconoce un derecho de gestión colectiva obligatoria. Pero nos deja a la entidad de gestión al albur de la información que nos dé la universidad sobre uso o no uso de las obras”. “No resuelve el problema que tenemos ahora”, sentencia, “¿y si me niega que lo está usando?”.

Para Javier de la Cueva, sin embargo, al crear un derecho irrenunciable que obligatoriamente se tiene que gestionar a través de Cedro, por ley se está expropiando lo que es de todos y se está entregando a una asociación privada. A pesar de que existe un fuerte movimiento en la Universidad para publicar con acceso abierto (Open Access) y conseguir que el conocimiento pagado con fondos públicos contribuya a generar más conocimiento, se dará parte de esa inversión de todos a entidades privadas. “Todo el movimiento Open Access”, sentencia De la Cueva, “lo va a cobrar Cedro”.

En opinión de los rectores, se están vulnerando además  las directivas europeas, pues "permitir que una universidad haga copias digitales a cambio de una remuneración es una excepción inexistente". "Se saca una ley que va contra la normativa europea", insiste De la Cueva, "pero les importa un comino porque no se resolverá el proceso en 10 años y luego se hará una ley que diga  el dinero dado a estas sociedades - como pasó con el canon -  es irrecuperable. Ésta es la estrategia que están siguiendo estos señores para robar los fondos públicos, o lo que viene a ser robar con el BOE".  

Antonio Martínez Ron

Colaborador de Ciencia

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