La Ley Sinde, un pésimo apaño para un asunto que hay que solucionar

21/12/2010 06:00 | Wicho / Microsiervos

El más que probable paso y aprobación de esta polémica ley por la Comisión de Economía del Congreso levanta chispas entre los usuarios de Internet españoles

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Si hay algo que toda la polémica montada alrededor de la Ley Sinde ha dejado en clara evidencia es la necesidad de afrontar el tema de cómo gestionar los derechos de autor -o más bien de explotación- en un mundo en el que el coste de hacer una copia perfecta de una obra es esencialmente cero.

Y si menciono específicamente los derechos de explotación es porque en realidad creo que eso es lo que está en discusión, ya que nadie le está discutiendo a sus creadores la autoría de las obras que se comparten en Internet.

Pero creo que poner esto de manifiesto y el que es justo y necesario que los creadores cobren por su trabajo es prácticamente lo único bueno de esta polémica.

Por lo demás, la Ley Sinde no parece otra cosa que un despropósito tras otro.

Por un lado, y para empezar, es innecesaria, ya que como han dicho jueces y abogados, nuestro sistema legal ya tiene las herramientas necesarias para proteger los derechos de los autores.

Otra cosa es que hasta ahora las sentencias no les hayan sido favorables al haber optado por vías legales que no han dado los resultados esperados. Pero desde luego sustraer el cierre de un sitio web a la decisión judicial no parece la solución más adecuada, y menos con el argumento de que los jueces no están aplicando correctamente el código penal, sobe todo cuando este viniene de una parte interesada.

Tampoco parece muy adecuada la supuesta protección judicial que lleva el proceso, ya que cuando la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual solicite el cierre de una web el juez se limitará a comprobar que no resulten dañados los derechos del demandado en lo que al artículo 20 de la Constitución se refiere.

Pero este artículo habla de la libertad de expresión y de información, con lo que el juez no estará entrando a la hora de autorizar el cierre en si el sitio que se quiere cerrar infringe o no derechos de autor.

Así que si autoriza el cierre, para lo que tendría un plazo de cuatro días, luego sería el gestor de la web cerrada el que tendría que recurrir el proceso, algo que sin duda le llevaría años.

Esta celeridad del proceso de cierre, por cierto, es también un punto bastante controvertido de la Ley Sinde, pues esta especie de justicia express para unos pocos no parece muy de recibo cuando la inmensa mayoría de los procesos judiciales en España son mucho más lentos que esto, incluyendo muchos en los que sí están en juego derechos fundamentales de los ciudadanos.

Por otra parte, el conseguir cerrar algunos sitios de intercambio de archivos no va a significar prácticamente nada, pues los usuarios podremos hacer uso de otros, en especial de otros situados en el extranjero, fuera del alcance de la Comisión Segunda.

E incluso en el caso de que los proveedores de acceso españoles tuvieran que bloquear el acceso a estos sitios, no es excesivamente complicado configurar una conexión a Internet que les impida saber por donde navegamos y qué servicios usamos, con lo que ese bloqueo sería del todo inefectivo. Y cuando esto no funcione, la industria pedirá ir contra los usuarios.

Y si no, que se lo digan a los gobiernos que estos días están empeñados en cerrar WikiLeaks.

Gracias a WikiLeaks, por cierto, se ha podido confirmar que esta ley no está tan siquiera creada para defender los intereses de la industria audiovisual española, aunque se quiera vender así, sino que viene teledirigido desde los Estados Unidos, con intención de proteger los intereses de su poderorísima y muy influyente con la clase política industria audiovisual.

También parece muy arriesgado decir, como dice el gobierno, que esta ley se aplicará apenas un par de cientos de sitios web, pues una vez que esté aprobada no podrá controlar el uso que de ella se haga, y ya ha habido declaraciones de Teddy Bautista que hacen temer lo peor.

De hecho, el empeño de aprobarla por la puerta de atrás, deprisa y corriendo, no hace además sino dar la impresión de que el propio gobierno sabe lo errónea que está siendo su actitud en todo lo que se refiere a la Ley Sinde, aunque el resto de los partidos políticos tampoco es que se estén dejando la piel en luchar contra ella.

En estas condiciones, lo mejor que podría pasar hoy es que el Congreso rechazara que esta ley se tramite en la Comisión de Economía, al menos para que tuviera que ser sometida a un mínimo debate, aunque eso no sea lo que desea el gobierno de los Estados Unidos.

De no ser así, sería el Senado el que tendría que echarla para atrás y devolverla al Congreso para que fuera discutida en el pleno, como se suele decir, con luz y taquígrafos.

Pero en realidad la solución ideal sería coger de una vez por todas la Ley de Propiedad Intelectual, obsoleta en algunos de sus aspectos, y ponerla al día, para evitar chapuzas como esta o como la del canon digital, aplicado de forma ilegal en España.

Una vez más, es justo que los autores cobren por sus obras, pero no a costa de los derechos fundamentales del resto de la población.