Andalucía lleva cinco años pagando subsidios a ex trabajadores de Delphi e incapaz de encontrarles un empleo

22/02/2012 06:00 | Álex Medina R.

El 22 de febrero de 2007, la planta de Delphi (filial de General Motors) en la Bahía de Cádiz anunció su cierre, dejando sin empleo a miles de personas. Cinco años después, y como consecuencia de un acuerdo firmado por la Junta con cerca de 2.000 trabajadores, varios centenares siguen cobrando algún tipo de subsidio público. ¿La razón? Que la Administración no les ha encontrado un empleo como les prometió.

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Los puentes ardieron, las calles se empapelaron y Cádiz celebró la huelga general con mayor seguimiento de su historia. "Deplhi no se cierra", clamaban las pancartas.

Pero ni el fuego ni los papeles ni la protesta evitaron la cruda realidad de una crisis inminente: el 22 de febrero de 2007, la filial de la General Motors anunciaba el cierre de su fábrica en la Bahía de Cádiz, dejando en la calle a miles de personas; el 31 de julio se consumaba el despido de toda la plantilla y luego estalló por los aires la economía.

Cinco años después, algo más de medio millar de aquellos operarios aún espera que la Junta de Andalucía les encuentre un trabajo. Dicho así, suena a mito gaditano, eso de esperar a que le den un empleo sin buscarlo, pero la realidad es que el entonces presidente andaluz, Manuel Chaves, bajo la orden directa de José Luis Rodríguez Zapatero, firmó con cada uno de los afectados un compromiso repleto de hipotecas políticas y órdagos laborales.

Así que ya ven: el apoyo social recabado por los trabajadores en las calles sí consiguió tocar el corazoncito de los dirigentes.

Aunque a un precio muy alto. En pocas líneas, la administración regional prometió encontrarles un trabajo a todo el que se sumara al llamado Programa de Reinserción Laboral, un total de 1.904 personas en aquel verano de 2007.

"Ahora somos unos apestados, pero hay una firma de un presidente andaluz", apunta Miguel Paramio, portavoz de USO (el sindicato más guerrero en todo el proceso) en el colectivo de afectados y un operario de rodamientos de 45 años cuando Delphi estaba abierta.

El empleo comprometido debería reunir las mismas condiciones del convenio del metal de la provincia gaditana y, hasta que no llegase esa oferta, los trabajadores seguirían cobrando el paro completo o alguna prestación similar (legalmente, no se puede percibir el desempleo más de dos años, con lo que el famoso contador cero nunca llegó a aplicarse).

Todo esto, decíamos, lo firmó la Junta y trabajo, lo que se dice trabajo, no le ha encontrado ni a 500 de los implicados. Por si esto fuera poco, la mayoría de esos empleos sufren ahora expedientes de regulación de empleo temporales en su actual empresa.

Al mismo tiempo, y desde que empezaron los cursos remunerados para suplir el desempleo que los afectados ya no podían cobrar, la Consejería de Empleo (o la de Innovación según qué ayudas) ha gastado al menos 120 millones de euros sólo en formación a lo largo de cuatro años y medio.

Si se divide entre los 1.904 que empezaron el proceso, sale a casi 63.000 euros por cada uno, si bien las matemáticas habría que hacerlas sobre la mitad (lo que daría el doble de coste para cada beneficiado), ya que la otra mitad se desvinculó relativamente pronto del proceso.

Haciendo más cuentas, en estos momentos quedan vinculados a un contrato formativo 482 ex Delphi, que seguirán recibiendo clases hasta septiembre. Se supone que ésta es la última y definitiva tanda de cursos, pero esa es una vieja cantinela: "Siempre lo han dicho y siempre han buscado algo porque tienen que hacerlo", señala Paremio.

Estos días previos a las elecciones andaluzas, el colectivo ha intensificado las reuniones con partidos para garantizarse que seguirán las medidas, "porque nosotros no firmamos con un partido, sino con la Junta".

Volviendo al principio, al verano de 2007, nadie se imaginaba la crisis que nos caería encima y aún no sabemos cómo quitárnosla. La Junta, la que menos, si se tira de hemeroteca: durante los dos años siguientes al cierre prometió el inminente desembarco de hasta diez grandes empresas que darían un sueldo a los ex de Delphi y a miles de desocupados más.

Cádiz, hoy, es la provincia con más paro de España: un 35% de población activa no tiene empleo y eso son más de 200.000 personas, según la última Encuesta de Población Activa.

La industria gaditana tampoco está mucho mejor: la semana pasada se firmó el ERE para casi 400 personas en Visteon, una antigua filial de Ford, en El Puerto; y Navantia, los Astilleros de toda la vida, vuelven a tener serios problemas de carga. Todo esto hace que la vieja y potende industria auxiliar que vivía a la sombra de las grandes multinacionales sea ya un recuerdo.

El plan de recolocación de ex empleados de Delphi es un cúmulo de promesas a medias. De los 1.904 que entraron en el programa (1.522 de la empresa principal, 173 de 16 empresas auxiliares y 210 eventuales), a 30 de enero de 2012 habían causado baja 1.344, según recoge EP.

De ellos, sólo 468 han logrado el empleo prometido, otros 118 desarrollaron Proyectos Personales de Inserción, consistentes en abandonar el programa tras percibir una ayuda de 45.000 euros quienes se acogieran antes del 28 de febrero de 2011 y 30.000 euros quienes lo hicieran después de esa fecha.

Pero lo que demuestra el verdadero fracaso del plan es el siguiente grupo (que supone el 40% del total): con el paso de las años, 646 de los operarios han cumplido la edad mínima para prejubilarse; otros dos optaron por la jubilación anticipada; 101 lograron una incapacidad permanente; siete causaron baja voluntaria y dos han fallecido.

Queda, por lo tanto, medio millar pendiente de su futuro, en torno al 30% del total con el que empezó esta historia. Para otoño, que es cuando termina el ciclo formativo, sumarán cinco años seguidos de cursos pagados (más o menos, en la misma cantidad mensual a la que cobrarían en concepto de paro).

"Nos han sometido a un desgaste brutal", se quejan los trabajadores, que ya no son tan bien vistos en una provincia con tanto parado por metro cuadrado. Se les acusa de privilegiados, de ir a cursos que consistían en visitas al zoo o al cine, de no hacer nada por buscarse la vida, de seguir esperando el milagro.

Además, Delphi no deja de acerrearle problemas a la Junta. El que fuera consejero de Empleo la mayor parte de este tiempo, Antonio Fernández, ha estado vinculado al escándalo de los ERES y la semana pasada el Tribunal de Cuentas detectó irregularidades en ciertas ayudas relacionadas con la antigua factoría de General Motors.

El 22 de febrero de 2007, Antonio Pina (que fuera portavoz de los ex trabajadores durante los años más duros) se sorprendió al ver tantas furgonetas de antidisturbios junto a la planta en la que trabajaba. Nada le hacía pensar que Delphi, a la que la Junta le habia concedido una subvención millonaria meses atrás, tuviera dificultades. "Habrá problemas en Astilleros", pensó respecto a sus vecinos de polígono. Pero no: la que cerraba era su fábrica.

Antonio Pina fue uno de esos operarios a los que la edad de la prejubilación le alcanzó esperando un nuevo empleo durante estos cinco años.