Competencia se pone las botas: las multas baten récords

19/03/2010 | Enrique Utrera

La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) mete miedo. Tras fijar el año pasado en la cifra récord de 197,2 millones el importe de las multas impuestas, en 2010 mantiene una actividad febril. Desde el 1 de enero ha impuesto cuatro sanciones y ha abierto ocho expedientes sancionadores, tres de ellos en las últimas dos semanas.

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Si las multas de tráfico se han convertido en una pesadilla para los ciudadanos de a pie, las de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) son el terror de las instituciones que operan en España. Empresas, colegios profesionales o asociaciones se lo van a pensar dos veces a la hora de realizar prácticas anticompetitivas, porque las cifras cantan: en menos de tres meses, y en plena crisis económica, Competencia ha impuesto cuatro sanciones por valor de 16,1 millones de euros.

Esta cifra supone casi la mitad de todas las multas impuestas en 2008 -34,9 millones- y algo más del 8% de la cifra récord 2009, cuando se recaudaron 197,2 millones vía sanciones. Suma y sigue, porque la febril actividad del organismo –cuya última versión es la CNC, desde la fusión en 2007 del Servicio y el Tribunal de Defensa de la Competencia- gana magnitud cuando se recuerda que, desde 1988, todas sus sanciones alcanzan los 528 millones de euros. Es decir, que el 40,3% de todas sus multas se han producido en los últimos 14 meses.

Además, los ocho expedientes sancionadores abiertos por la CNC en lo que va de año hacen prever una intensa actividad sancionadora a medio plazo. Sólo en marzo, ha iniciado tres. El último, esta misma semana, es contra tres asociaciones agrarias, entre ellas Asaja, por acuerdo en la fijación de precios mínimos. También Asaja está presente, pero esta vez como acusador, en el expediente abierto a ocho arroceras, entre las que figuran SOS Corporación y Herba Ricemills (del Grupo Ebro Puleva), por concertación a la hora de fijar el precio de compra del arroz redondo. El último expediente sancionador del mes es para el Colegio Notarial de Asturias, por un sistema de compensación de honorarios.

La ventaja del 'chivato'

El endurecimiento de la actividad sancionadora para evitar que las empresas pacten precios se ha visto reforzado este año por el Programa de Clemencia. Reconocido en 2007, tras la reforma de Ley de Defensa de la Competencia, que dotó de mayores medios y más autonomías para tomar decisiones a la CNC, permite que una empresa evite una multa si hace público y prueba un caso de prácticas anticompetitivas, aunque no ha sido hasta este año cuando la CNC ha impuesto su primera sanción gracias a esta figura.

Henkel ha sido el beneficiario, tras denunciar que en connivencia con Sara Lee, Puig y Colgate Palmolive se aplicó una subida de los precios del gel de algo más del 15%. Era un acuerdo encubierto, ya que las compañías redujeron el tamaño del envase al tiempo que mantenían el precio. La multa, de algo más de ocho millones de euros, fue impuesta el 21 de enero de este año, pero el expediente fue abierto el mismo día que se puso en marcha el programa de clemencia.

Además, han sido multadas en 2010 cuatro empresas del sector de gestión de residuos sanitarios, Tradia y su matriz Abertis por incumplir la obligación de notificar la compra de Teledifusión Madrid, y por último, la Confederación Española de Industriales Feriantes.

Sobredosis de expedientes

En 2010, la actividad de la CNC es intensa en todos los frentes: ha vuelto a poner en el objetivo a los productores del vino de Jerez ante la sospecha de que bodegueros, viticultores e incluso el propio Consejo Regulador han pactado los precios. Las multas pueden ser millonarias en el sector, ya que si hay sanción ésta puede alcanzar hasta el 10% de la facturación del sector.

También ha incoado expedientes a 53 constructoras, a The Colomer Group por su presunta participación en el cártel del geles mencionado, a El Corte Inglés y sus participadas Piblieci Televisión y Canal Club de Distribución de Ocio y Cultura, a la patronal eléctrica Unesa, al Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial, y al Sindicato de Transportistas Autónomos de Bizkaia (Sintrabi) y a otras 25 empresas relacionadas con el transporte terrestre por practicas competitivas en el Puerto de Bilbao.