A nadie le gusta ver una casa en medio de una playa. Es desagradable a la vista, es agresivo con el entorno y, además, es ilegal. Sin embargo, será una estampa que seguirán viendo las futuras generaciones. Así lo ha establecido la nueva Ley de Costas, que prorrogará en 75 años las concesiones transitorias que ya hizo la ley de 1988 para unas 2.000 viviendas irregulares.
La nueva ley también permitirá alquilar o vender esas concesiones con el objetivo de generar siquiera un mínimo tráfico comercial en el hoy apático sector inmobiliario. Como ha reconocido el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, si algo busca la reforma es hacer conciliable la protección del espacio litoral con la seguridad jurídica de los que pretenden rentabilizarlo económicamente. Eso y tranquilizar a los potenciales inversores extranjeros, asustados por las informaciones sobre expropiaciones masivas en el litoral español.
La reforma del Gobierno sustancia la parte de la mayor protección del litoral con una disposición que le concede la potestad de anular las licencias que conceda un ayuntamiento cuando éstas sean contrarias a la ley. El resto de las modificaciones están orientadas a mejorar el aprovechamiento económico del litoral flexibilizando algunas cuestiones.
El Gobierno justifica estas medidas con argumentos económicos, desde el daño que supondría para la imagen de España la demolición masiva de las 2.000 viviendas en situación irregular (muchas de ellas en manos de extranjeros); hasta su potencial coste, que evaluó en 7,7 millones sólo en el caso del hotel ilegal El Algarrobico, en la costa de Almería.
Castillos en el aire
Y es que España parece seguir pensando en ladrillos. La Ley de Costas aparece como el último hito de una suerte de resurgimiento de la apuesta inmobiliaria, que ha venido jalonada en los últimos meses por una intensa proliferación de propuestas de cambios legales y macroproyectos urbanísticos de todo tipo.
El caso más paradigmático ha sido el de Eurovegas, un macroproyecto urbanístico, cuya fórmula ya se demostró fracasada en dos intentos anteriores en el desierto de los Monegros y en Ciudad Real.
A pesar de que España es actualmente un país en estado crítico por la indigestión de una gigantesca burbuja inmobiliaria, ha movilizado todo su arsenal diplomático y económico (concesiones en el marco fiscal incluídas) para acogerlo.
¿Por qué esta fijación? ¿Acaso no hay alternativas? Poco después de llegar al Gobierno, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, acuñó un eslogan en su ronda inicial de contactos con los medios. "Queremos pasar de la economía del ladrillo a la economía del conocimiento".
Días después, la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 aclaraba que más que un propósito se trataba de eso, de un eslogan.
Mientras partidas como las destinadas a programas de investigación tecnológica o al presupuesto del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sufrían un fuerte recorte, el Gobierno hacía un esfuerzo cercano a los 1.000 millones de euros para mantener la deducción en el IRPF por adquisición de vivienda y el tipo superreducido del 4% en el IVA para las operaciones de compraventa inmobiliaria.
La dependencia de la economía española del sector inmobiliario no parece superada. La promesa de crecimiento rápido, intensa generación de puestos de trabajo y torrentes de ingresos fiscales que ofrece el sector inmobiliario es todavía insuperable a ojos de nuestros políticos, frente a la lenta y esforzada transformación del sector productivo español hacia una economía más industrial y tecnológica.
Esta inclinación a lo inmobiliario alimenta capítulos como que la Generalitat de Cataluña responda a la decisión de Las Vegas Sands de elegir Madrid como destino de su Eurovegas con la presentación de otro macrocomplejo de ocio.
En esta aventura cuenta con el apoyo de La Caixa y del polémico promotor Enrique Bañuelos, icono de una burbuja inmobiliaria con la que se enriqueció -aunque sus operaciones fueron llevadas a los tribunales-, mientras miles de pequeños ahorradores perdieron sus ahorros con el descalabro bursátil de Astroc, la inmobiliaria que hizo famoso a Bañuelos.
Estas propuestas de nuevos desarrollos comparten país con un stock de 900.000 viviendas vacías de obra nueva, para cuya absorción serán necesarios entre cuatro y cinco años, según las estimaciones más optimistas al respecto.
Eso no ha impedido que los gobiernos regionales se hayan movido para fomentar la actividad inmobiliaria. Hace unos meses, por ejemplo, la Comunidad de Madrid planteó una Ley de Viviendas Rurales Sostenibles, que pretendía permitir la construcción de pequeñas viviendas unifamiliares en zonas no declaradas urbanizables pero que no tenían una especial protección. Su desarrollo tropezó con problemas legales y quedó algo estancado.
Algo que no sucedió por ejemplo en Cantabria donde sí se ha aprobado una nueva norma que permite la construcción de viviendas unifamiliares en terreno rústico.
Aragón ya ha aprobado también una nueva ley que agiliza los procesos urbanísticos y aligera lo que denomina "el trámite ambiental" para tratar de reactivar el sector inmobiliario.
Galicia ha aprobado, por su parte, una Ley de Vivienda, que, al igual que la reforma de la Ley de Costas, amplía la vida de un buen puñado de viviendas ilegales por estar demasiado próximas a la costa o a otras zonas protegidas.
Iniciativas de este tipo o de otra naturaleza se han planteado igualmente en otras comunidades autónomas, como Andalucía que ha modificado su Ley de Suelo para facilitar lo que define como un mayor aprovechamiento de los edificios más construidos. De otra forma, poder edificar más plantas en aquellos terrenos en los que ya existe un inmueble.
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