Pilar Martínez insiste en que se vuelva al consenso de julio sobre la Ley y se aborden temas sociales primero

Recuerda que ninguna administración podrá hacer frente a la situación de forma unilateral, "ni con esta ley ni con ninguna"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La delegada de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, insistió hoy en que se debe volver al consenso alcanzado entre la Comunidad de Madrid y los consistorios afectados por el problema de la Cañada Real Galiana --Rivas Vaciamadrid, Coslada y San Fernando de Henares, además de la capital-- antes de tramitar la ley autonómica, recuperando la prioridad de los asuntos sociales por delante de la venta de los terrenos.

En declaraciones a los medios tras la presentación del pabellón de Madrid para la Expo 2010 Shanghai, Martínez indicó que no se ha vuelto a tener contacto con el Ejecutivo autonómico desde el pasado verano, cuando tanto la capital como Rivas denunciaron que la Comunidad había modificado el acuerdo en su proyecto de Ley, permitiendo la desafección y venta de parcelas de la Cañada antes de encontrar soluciones sociales para quienes viven allí.

"La Ley, que se está tramitando ahora en la Asamblea de Madrid, no tiene el consenso de los ayuntamientos afectados porque el modelo ha cambiado. Queremos que se adapte el modelo que quieren los ayuntamientos y pedimos que se desafecte el bien de dominio público, pero que no se venda si no hay una respuesta social a la población que vive allí, de unas 7.000 personas y muy heterogénea, con realidades distintas", indicó la concejala.

Según ella, el problema de la Cañada sólo se podrá solucionar "desde el consenso de todos, nunca de manera unilateral, ni con esta ley ni con ninguna". "Todas las administraciones estamos dispuestas a poner unas herramientas a disposición del problema para abordarlo, pero queremos garantías de que no se venderá suelo a nadie si no se ha integrado socialmente a esas personas antes", continuó.

Finalmente, la edil manifestó su esperanza en que "se pueda volver al consenso de julio en la tramitación parlamentaria", porque en ese momento todas las administraciones implicadas estaban de acuerdo. "Ése es el modelo que queremos que la ley nos garantice, y de momento no lo tenemos", concluyó.md