Madrid, 24 oct (EFE).- El Consejo de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha impuesto una multa de 47,15 millones de euros a 47 empresas del sector de la construcción, entre las que están ACS, OHL o Eiffage, por repartirse y fijar los precios de las licitaciones de obras de rehabilitación de carreteras.
Madrid, 24 oct (EFE).- El Consejo de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha impuesto una multa de 47,15 millones de euros a 47 empresas del sector de la construcción, entre las que están ACS, OHL o Eiffage, por repartirse y fijar los precios de las licitaciones de obras de rehabilitación de carreteras.
El importe de la sanción es el tercero más elevado impuesto por el organismo, por detrás del que acordó en 2009 para el sector asegurador, por valor de 120,7 millones de euros, y del que fijó en mayo de este año para las cinco principales eléctricas españolas y la patronal Unesa, por 61,2 millones de euros.
En un comunicado, Competencia asegura que las empresas seleccionadas en los procedimientos de licitación convocados por la Administración mantenían contactos y se reunían para intercambiarse información sobre los descuentos que tenían previstos hacer y las ofertas.
De esta forma, la empresa ganadora obtenía un mayor presupuesto para la obra a costa de que la Administración pagara un precio mayor a cambio de compensar económicamente al resto de competidores en la licitación.
En consecuencia, los descuentos que ofrecían estas empresas (entre el 1 % y el 6 %) eran "mucho menores" que los que se observan en condiciones competitivas (entre el 15-30 %), lo que obligaba a la Administración a pagar más con el consiguiente impacto presupuestario "que afecta a todos los contribuyentes".
La CNC se refiere a acuerdos para modificar las ofertas durante los años 2008 y 2009 en 14 licitaciones públicas en toda España y señala que sólo 8 de ellos han ocasionado un perjuicio al erario público y, en definitiva, a los contribuyentes, de más de 14 millones de euros.
Esta práctica, indica la CNC, supone además una distorsión del funcionamiento de los mercados de la obra pública y puede afectar a los precios de referencia que fijan las administraciones en el resto de licitaciones de este tipo.
Este caso se remonta a febrero de 2010, cuando la Dirección de Investigación de Competencia abrió un expediente contra 53 empresas del sector de la construcción por posibles prácticas restrictivas de la competencia de reparto de licitaciones y fijación de precios de cara a concursos públicos. En el marco de esta investigación, ocho meses más tarde se inspeccionaron las sedes de seis de las empresas implicadas.
Entre las empresas multadas con más de un millón de euros destacan: Eiffage, Álvaro Villaescusa, Arcebansa, Ascan (Sadisa), Asfaltos de León, Asfaltos y Construcciones Elsan, Constructora Hormigones Martínez, Copisa, Ecoasfalt, Extraco, Gevora, Misturas Obras e Proxectos, Obras Caminos y Asfaltos, Pas Infraestructuras y Servicios, Pavasal, Rafael Morales, Sorigué y Tebycón.
Debajo del millón de euros, se encuentran, entre otras, ACS (a través de Vías y Construcciones), OHL, Alario, Asfaltos Guerola, Asfaltos Los Santos, Becsa, Campezo, Ceyd, Compañía General de Hormigones y Asfaltos, Conalvi, Conrado Jiménez e Hijos o Construcción Integral de Firmes.
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