Vuelve la España de la corrupción y los maletines
Tres décadas después, España vuelve a sangrar por una herida de presuntos pagos ilegales de constructores a políticos de todo signo para hacerse con millonarios contratos. El mismo fin que en los tiempos de la UCD, pero ahora con otro medio: los pagos a Fundaciones han sustituido a los maletines.
Hace treinta años, un río de corrupción salpicó a la joven democracia española y activó la diáspora de UCD -Unión de Centro Democrático-. El partido que había pilotado la Transición vio como sus buenas obras quedaron enterradas entre montañas de dinero manchado por sucios favores, que transportaron de un punta a otra de España en discretos maletines.
Entonces, se decía que para construir cualquier obra pública o vivienda debía pagarse un peaje del 2% a la autoridad de turno, una comisión que también trae a la memoria el nunca resuelto del todo 3% del Carmel.
Con el paso del tiempo los precios parecen haberse incrementado, pero la realidad sigue siendo la misma: el pago ilícito de comisiones para enriquecimiento de constructor y político de turno.
Lo único que parece haber cambiado es la fórmula utilizada para hacer estos ingresos. Si hace tres décadas se popularizaron los maletines cargados de dinero, ahora proliferan las fundaciones, cuyos solidarios donativos parecen incluir algo más que benevolencia.
Al menos, eso sospecha la Agencia Tributaria, que ha denunciado presuntos pagos ilegales de Ferrovial-Agromán a Convergencia i Unió (CiU) a través de la Fundación Trias Fargas, vinculada la Palau de la Música.
Se trata del último gran escándalo de supuesta corrupción en el mundo de la construcción, con el añadido de que golpea de lleno a una de las compañías más grandes del país y a una de las mayores fortunas de España, la familia Del Pino, dueña de Ferrovial.
Pero, lejos de ser una excepción, este caso se suma a una creciente lista de irregularidades que empiezan a recordar los peores momentos de corrupción en el mundo del ladrillo. Hace pocos meses, era otra gran compañía del sector, FCC, la que se vio envuelta en un escándalo parecido: el Palma Arena.
En esta ocasión, el papel político correspondía al ex presidente balear y ex ministro por el PP, Jaume Matas, bajo cuyo Gobierno en las islas se construyó el velódromo que da nombre a este caso y cuyo coste pasó de los 48 millones iniciales a 110 millones.
El juez instructor del caso denuncia que el delegado balear de FCC, Miguel Ángel Rodríguez, logró el contrato de manera ilegal, tras el pago de 2,2 millones de euros, que posteriormente fueron acompañados de otros desembolsos por un importe próximo a los 20 millones de euros.
La empresa controlada por Esther Koplowitz también aparece en la lista de sociedades que han realizado donaciones a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), investigada por la presunta trama de financiación ilegal del Partido Popular, en relación con el Caso Gürtel.
En Sevilla, el escándalo más ampollas ha levantado ha sido Mercasevilla, también por el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de contratos públicos. En esta ocasión, la gran constructora sospechosa es Sando, por la adjudicación de unos terrenos a su filial Sanma.
Más reciente es el protagonismo que ha adquirido el constructor Enrique Ortiz, dentro de toda la investigación que se está llevando a cabo por el Caso Brugal y que salpica al presidente de la diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, que fue detenido por presunta malversación de fondos públicos.
Dentro de la investigación de esta trama, en las conversaciones registradas en el sumario, aparecen conversaciones de Enrique Ortiz, máximo accionista del Hércules, en las que, presuntamente, soborna a jugadores de equipos rivales para comprar su derrota frente al combinado alicantino. Se da la circunstancia de que el nombre de Ortiz también ha aparecido relacionado con la investigación de Gürtel.
Pero, probablemente, el constructor más famosos en los últimos tiempos por presunta corrupción es Francisco Hernando, el Pocero.
Aunque hace cuatro años que estallaron las irregularidades de Seseña, pequeña localidad toledana donde el polémico empresario quiere levantar 13.500 viviendas, vuelve a estar de actualidad por la remisión de un informe del Tribunal de Cuentas a Anticorrupción, donde concluye indicios de cinco delitos por falsos pagos.
Este caso ha salpicado a José Bono, presidente de Castilla-La Macha cuando se cometieron las irregularidades, y a José María Barreda, su sustituto en el cargo.
Seseña estalló poco después de Malaya, una de las mayores tramas de corrupción urbanística de España, que todavía sigue investigándose y que ha implicado también a grandes compañías, como Aifos.
A la espera de que la Justicia diluzca cuantos de estos presuntos son realmente culpables, la percepción de corrupción en España se ha disparado: según el último índice de Transparencia Internacional, nuestro país ha caído del puesto 28 al 32 y suma ya su quinto año consecutivo de empeorar su clasificación en este sucio ránking.
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