“Se avecina un desastre si no se aprueba ya la Ley de Morosidad”

13/03/2010 06:00 | Enrique Utrera

José Miguel Gil, presidente de la Fedcam, asegura que el 80% del sector de derivados del cemento se enfrenta a cierres y ajustes

FOTO: José Miguel Gil, presidente de la Fedcam, asegura que el...

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“En la búsqueda de una Ley de Morosidad perfecta se puede perder un tiempo precioso. El 80% del sector de derivados del cemento se enfrenta a cierres y ajustes”, asegura José Miguel Gil, presidente de la Federación de Derivados del Cemento (Fedcam), que duda de que la ley sea aprobada el próximo 23 de marzo.

Con un indisimulable rictus de decepción después de una tanda de entrevistas con los partidos políticos que deben consensuar la Ley de Morosidad, Gil empieza la entrevista concedida a Lainformación.com con un ejercicio de sinceridad: “Mi impresión es que la Ley no se va a aprobar el día previsto, el 23 de marzo. Quieren una ley tan perfecta, tan óptima, que se puede perder un tiempo precioso que sería letal para el sector que represento”.

El sector de los derivados del cemento y materiales de construcción está formado por unas 15.000 empresas, que dan empleo a más de 250.000 trabajadores y facturan alrededor de 60.000 millones de euros. “Somos un sector de pequeñas y medianas empresas (pymes), con muy poca fuerza para negociar y reclamar. Sufrimos la pinza de las constructoras, de las administraciones públicas y del sector financiero, que ha cerrado las líneas de financiación”, explica.

Dentro de diez días, la Comisión de Industria del Parlamento debe votar si aprueba la propuesta que CiU ha puesto sobre la mesa: un plazo máximo de 60 días para que las empresas paguen a sus proveedores y de 30 días si se trata de administraciones públicas eliminando la posibilidad de pacto entre las partes para ampliar los márgenes. Una propuesta, esta última, a la que se oponen la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y Seopán, la patronal de las constructoras de referencia.

“He pedido a los grupos parlamentarios que los plazos estén en consonancia con el resto de Europa: 60 días. Y, sobre todo, que tomen medidas ya. O se hace algo inmediatamente o viene una catástrofe. El 80% del sector se enfrenta a cierres y ajustes”, explica Gil. “Estamos cobrando en plazos que ya alcanzan los 270 días. Es una situación insostenible”, añade.

Según las estadísticas de Fedcam, algo más del 50% de los trabajadores del sector han sufrido durante la crisis expedientes de regulación de empleo, reducciones de jornada o suspensiones de contratos.

¿Ha pasado lo peor? “Lo más grave es que el sector está desestructurado y exige un ajuste duro. Por ejemplo, los márgenes comerciales han caído desde el 20% hasta el 14% ó el 15% en un año”, apunta Gil, que recuerda que en los dos últimos años de azote de la crisis el negocio en el sector ha caído un 50%.

Las soluciones

La Fedcam reclama soluciones de urgencia. “Hay que aprobar algo cuanto antes. Si quedan temas por desarrollar, esa labor se puede hacer a posteriori”, señala el presidente de la patronal del sector. Las propuestas pasan por la homologación de la normativa con la que rige en el resto de Europa y, por supuesto, con un aumento del apoyo público.

Por ejemplo, que las administraciones públicas sean responsables subsidirias de los pagos de los contratistas a los suministradores en los proyectos públicos o que el Estado ponga al alcance del sector seguros de caución –que la banca ya no ofrece- que garanticen que los contratistas paguen. Además, la Fedcam pide que el IVA se pague cuando se cobre y no en el momento de facturar y que se acorten los plazos de resolución en los concursos de acreedores. Mucha tela que cortar para un sector al que se le acaba el tiempo. El día 23 se empezarán a despejar muchas dudas. La primera, si se aprueba o no la Ley.