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martes, 23/09/14 - 01: 19 h

economía (general)

Los recortes acaban con la tolerancia de los españoles hacia el fraude fiscal

Bruno Pérez

viernes, 04/01/13 - 06:00

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  • El porcentaje de ciudadanos que justifica el fraude fiscal cae del 49% al 33% desde 2007.
  • Culpan del escaso cumplimiento de las obligaciones fiscales a la impunidad con los defraudadores y la ineficacia de la lucha contra el fraude.

 

La mayoría de los españoles creen que hay fraude fiscal porque los que más defraudan están impunes.

Sucedió no hace mucho, en 2007. El Barómetro del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), que anualmente chequea las opiniones y actitudes fiscales de los españoles, registró un estado de opinión realmente llamativo.

El 41% de los contribuyentes consultados se mostraba de acuerdo en que hay determinadas circunstancias en la vida en las que está justificada alguna maniobra para ocultar ciertos ingresos a Hacienda. 

Nunca antes el IEF, una especie de think tank vinculado al Ministerio de Hacienda, había detectado semejante tolerancia social al fraude desde que comenzara a elaborar su barómetro en 1995.

El asunto era aún más sorprendente por cuanto había un 8% de los contribuyentes que defendía que el fraude fiscal era algo consustancial al pago de impuestos, que todo el mundo lo hacía y que incluso conseguía aportar un cierto equilibrio al sistema fiscal.

Es decir, que según el barómetro fiscal habría casi un 50% de la población española que justificaba por unos motivos u otros el recurso al fraude fiscal.

La situación, es evidente, ha variado de forma sustancial desde 2007 y con ella también lo ha hecho la percepción de los españoles hacia el fraude fiscal.

El último Barómetro Fiscal publicado por el IEF correspondiente al año 2011 muestra una creciente intolerancia entre la población española hacia el fraude fiscal.

El porcentaje de contribuyentes que justifican el fraude fiscal en determinadas circunstancias personales o empresariales ha caído desde aquel 41% de 2007 a un 25%; mientras que el de los que estiman que es injustificable independientemente de las circunstancias ha aumentado progresivamente en los últimos cuatro años hasta alcanzar el 67%.

Según el instituto fiscal público, la tolerancia al fraude fiscal es mayor, curiosamente, entre los que menos cargas fiscales suelen soportar: los mayores de 65 años y los jóvenes de entre 18 y 24 años.

Esa mayor intolerancia al fraude fiscal ha discurrido en paralelo a un mayor escepticismo respecto al correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales.

En 2011, por primera vez desde 1995, sólo un 41% de los encuestados manifestaron que los impuestos se pagan de un forma correcta. Una amplia mayoría cree que el cumplimiento de las obligaciones fiscales es relajado.

¿Y a qué atribuyen los contribuyentes esta distracción en el cumplimiento de las obligaciones fiscales? Principalente a la impunidad de los que más defraudan (49%) y la ineficacia de la lucha contra el fraude (36,9%), es decir a razones administrativas.

Después citan la falta de conciencia cívica y una presunta presión fiscal excesiva. Menos importancia atribuyen a la necesidad de no pagar impuestos por motivos de supervivencia personal o empresarial y a que se obtengan pocos servicios para los impuestos que se pagan.

Los empresarios, los que más defraudan

¿Y qué colectivo creen los contribuyentes que es el que más defrauda? La mayoría de los dedos acusadores apuntan a los empresarios (41%). Les siguen los profesionales liberales (19%), los autónomos (9%) y los rentistas (8%).

Asalariados, comerciantes y agricultores serían los que menos defraudan.

La toma de conciencia general ha servido también para reducir el porcentaje de los que manifestaban que el fraude fiscal no tiene efectos sociales o económicos importantes, que ha pasado del 5% al 1%.

La mayoría cree que sí, que el fraude fiscal tiene efectos perniciosos sobre la ciudadanía y el interés general, crea una sensación de injusticia y altera las condiciones ideales de competencia.

Entre los efectos negativos que ven los ciudadanos el que más destacan, quizá porque es el que más aprecian, es la disminución de recursos para financiar los servicios públicos y las prestaciones sociales (35%).

Muchos opinan también que crea injusticias (25%), obliga a subir los impuestos a los que sí cumplen (18%) y desmotiva a los que pagan bien sus impuestos (14%).

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