Economía teme una fuga de capitales si toca a las grandes fortunas

19/05/2010 06:00 | Ruth Ugalde

La vicepresidenta económica Elena Salgado prefiere hilar fino con las propuestas de incrementar los impuestos a los más ricos, ante la amenaza de éstos de llevarse sus sociedades de inversión (Sicavs), patrimonios y empresas fuera de España.

[ 0 ]

En privado, la ministra de Economía, Elena Salgado, ha reconocido a los partidos de izquierdas uno de los principales motivos que ha frenado, hasta el momento, cualquier medida dirigida a subir los impuestos de los grandes patrimonios, y éste no es otro que el temor a una fuga de capitales, según ha podido confirmar lainformacion.com en fuentes políticas.

La vicepresidenta está convencida de que una subida de impuestos en los vehículos de inversión de las grandes fortunas (las famosas sicavs) conllevaría un traslado masivo de estas sociedades a otros países con fiscalidades más laxas.

Del mismo modo, considera que revivir el extinto Impuesto de Patrimonio o elevar el IRPF para las rentas más altas supondría no sólo el traslado de las empresas a través de las cuales gestionan sus fortunas fuera de España, sino también un aumento del fraude.

Estos miedos ayudan a comprender el doble discurso que está manteniendo el Ejecutivo y que volvió a quedar en evidencia ayer, cuando el presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, declaró que está abierto a subir los impuestos a los más ricos pocos minutos antes de que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, lo negara.

La realidad es que el Ejecutivo está analizando esta posibilidad con sumo cuidado, por los señalados temores del Ministerio de Economía, que no quiere ver incrementado el fraude. En España, según las estimaciones de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) hay 295.000 millones de euros en la economía sumergida, el equivalente al 23% del PIB. Sin embargo, para este colectivo, los temores de la ministra de Economía son infundados.

"Desde que existe la libre circulación de capitales, cualquier persona se puede llevar su dinero fuera de España sin problemas", señala José María Mollinedo, secretario general de Gestha, quien recuerda que la ley también concede armas para evitar que esta libertad se convierte en libertinaje.

Por ejemplo, cualquier residente en España debe tributar aquí los rendimientos que generen sus inversiones -gravadas al 19% y 21%-, aunque éstas se lleven a cabo en el extranjero; los reembolsos de las Sicavs, aunque éstas estén erradicadas fuera -con la misma carga fiscal-, y el impuesto de cualquier sociedad, aunque su domicilio social se haya llevado al extranjero, siempre que se demuestra que su núcleo principal de actividad se realiza en España -en este caso la carga es del 30%-.

Este argumento serviría para eliminar el temor a recuperar el Impuesto de Patrimonio e incrementar el IRPF, dos medidas que Gestha ha propuesto implementar para fortunas superiores a 1,5 millones de euros y rentas a partir de 600.000 euros. Sólo estos dos pasos, junto a un incremento de 5 puntos de las tasas a las entidades financieras, permitirían recaudar 3.000 millones anuales.

Estas medidas son más laxas que las lanzadas por Izquierda Unida, que quiere elevar las rentenciones para las nóminas superiores a 50.000 euros, y está en línea con las ideas de Iniciativa per Catalunya, que defiende subir el IRPF en la horquilla de entre 100.000 y 600.000 euros.

No obstante, aunque existen herramientas para perseguir el fraude fiscal, son muchos los expertos que llevan advirtiendo sobre el peligro de una fuga de capitales si cambian la tributación de las grandes fortunas. En concreto, en el caso de las Sicavs.

Estas sociedades sólo tributan al 1%, frente al 30% estandar, y las comisiones que anualmente obtiene la persona jurídica que los gestiona también se saldan sólo por el 1%. Un incremento de esta fiscalidad, que al menos permite tener un control sobre las inversiones de las grandes fortunas, conllevaría una fuga masiva de estos vehículos a otros países como Luxemburgo.

Para evitar esta situación, haría falta un acuerdo de los países de la OCDE, algo que por el momento no parece plausible. De ahí, que las medidas que estudia el Gobierno para cargar a "los que realmente tienen", en palabras de Zapatero, probablemente dejen fuera la tributación de la Sicavs y se hile fino para evitar más fraude.