Todo, absolutamente todo, lo anunciado por el presidente electo, Mariano Rajoy, en el inicio del debate de su investidura de ayer, pretende un solo objetivo: terminar el próximo año 2012 con un déficit conjunto de todas las administraciones del 4,4%.
Eso, en un primer momento, supone sacar la tijera de forma que se rebajen los números rojos en otros 16.500 millones. Aunque aquí la clave está en eso, que se trata de un primer momento.
Porque junto con los próximos Presupuestos Generales, el PP prepara una Ley de Estabilidad Presupuestaria cuya dureza será extrema: tanto que, de haber existido antes, España sólo lo habría cumplido en seis de los más de 30 ejercicios transcurridos en democracia.
Según ha explicado Mariano Rajoy al Congreso, la obsesión por el control de las cuentas partirá de un déficit máximo de todas las administraciones del 0,4% del Producto Interior Bruto. Dicho en billetes, algo más de 4.000 millones de euros.
El margen de maniobra, por lo tanto, será mínimo para Gobierno central, autonomías y ayuntamientos a partir de 2020, que es cuando se prevé que se instaure la austeridad por ley (y como ya se dejó entrever en la reciente reforma constitucional que sacralizaba la estabilidad). El año se antoja lejano, pero, teniendo en cuenta los problemas históricos para apretarnos el cinturón, cualquier prórroga sería pequeña.
Y, todo ello, si no llega antes la exigencia de austeridad por parte de la Unión Europea. En la última cumbre europea de hace unos días, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, cifró en 0,5% el máximo de déficit que tendrían que acatar los estados de la eurozona para no ser sancionados.
Con el 0,4% de Rajoy, España da un paso más. De hecho, si esta norma hubiera estado en vigor desde 1978, las cuentas públicas sólo habrían evitado el suspenso en seis años, los comprendidos entre 2002 y 2007 (los tres primeros con números rojos y los otros tres con superávit, según cifras oficiales de Eurostat).
El resto de tiempo habríamos estado fuera de foco.
Por si lo anterior fuera poco, el PP también quiere "establecer criterios" para la reducción progresiva de la deuda pública en función del PIB hasta el 60%. Después de un "confortable" (en palabras de Rajoy) 37% en 2007, España arrastra ahora una deuda cercana al 70%.
Esa rebaja de diez puntos porcentuales, trasladada a euros reales, supone un nuevo recorte de casi 100.000 millones de euros, con lo que los ajustes se anuncian aún más duros.
¿Será suficiente en este panorama las medidas adelantadas por Rajoy sobre control de gasto en las administraciones, que pasan por la no reposición de funcionarios, la reestructuración y supresión de agencias públicas o el ajuste en los gastos corrientes de las administraciones?
Por ahora, y de acuerdo con el contenido del discurso popular, las televisiones públicas tienen los días contados en las autonomías, las asignaciones presupuestarias serán miradas con lupa y se medirán al milímetro las subvenciones públicas.
España ha suspendido los criterios de Maastricht cuatro veces; Alemania y Francia, 14
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