Aquí cabe todo. Lo mismo se pone límites a la retribución de los directivos, que se salva al sector constructor, se limita el gasto público, se aceleran los pagos de la Administración , se anuncia un plan de austeridad púbica o se apuesta por el coche eléctrico.

La Ley de Economía Sostenible que el Consejo de Ministros ha aprobado hoy, bajo la promesa de cambiar el modelo económico español, en realidad es un cajón de sastre donde cada ministerio ha ido colando los puntos que tenía pendientes. Y, para colmo, sin haberlo negociado con el resto de grupos parlamentarios, en busca de un consenso que permitiera crear un auténtico cambio de modelo de la economía española.

Quizás por eso, la Ministra de Economía, Elena Salgado, se ha lavado las manos, cual Pilatos, a la hora de asumir responsabilidades sobre este supuesto cambio estructural, y ha reconocido que sólo pueden hablar de "compromisos concretos hasta que finalice la legislatura", aunque se trata de un plan a diez años.

Aunque la Vicepresidenta María, Teresa Fernández de la Vega ha asegurado que la Ley de Economía Sostenible se va a centrar en tres bloques: el financiero (con el objetivo de dotarle de mayor transparencia), el empresarial (para inyectarle dinamismo) y el cambio climático (ya que el gobierno considera vital proteger el medio ambiente para conseguir que el modelo económico sea, además de justo, sostenible), resulta muy complicado ceñir a sólo tres puntos el abanico de medidas que ha mezclado el Ejecutivo.

1-. Organismos supervisores

Entre las principales reformas que se enuncian en esta ley, la Ministra de Economía ha destacado la futura normativa de los organismos supervisores (Comisión Nacional de la Energía, Comisión del Mercado de Telecomunicaciones y Comision Necional del Servicio Postal), dirigida a dotarles de mayores poderes, capacidad sancionadora e independencia. Además, el supervisor del mercado (CNMV) reducira su número de consejeros a cinco y se modificará su mecanismo de rendición de cuentas para incrementar la transparencia.

2-. Retribución de los directivos

En materia de supervisión del entorno financiero, se va a imponer un mayor transparencia en las remuneraciones de los directivos. "Todas las sociedades cotizadas estarán obligadas a poner a disposición accionista un informe sobre remuneraciones, que se votará como punto separado orden del día en junta general".

No obstante, el Gobierno pondrá especialmente la lupa en las cúpulas de las entidades financieras. En este sentido, el Banco de España pasará a controlará las politicas de remuneración de estos bancos y cajas, para que promuevan gestión del riesgo responsable. Por eso, la política de remuneración de las cúpulas y los criterios que se siguen para diseñarlas formarán parte de las políticas de gestrión activa del riesgo de las entidades. Con esta medida, el Ejecutivo quiere evitar que los incentivos a corto plazo de los bonus y de las retribuciones variables "puedan poner en riesgo la estabilidad del sisteme financiero en su conjunto", explicó Salgado.

3-. Austeridad de las Administraciones y compromiso de pago

Para garantizar la sosteniblidad financiera de la Administración Pública y cumplir el pacto estabilidad, se obligará a la Administración General del Estado a presentar en seis meses un plan de austeridad en el gasto. Además, trimestralmente se deberá rendir cuentas sobre el pago a proveedores por parte de las Administraciones Públicas; y también los Ayuntamientos. "Todas las administraciones públicas van a ser responsables de cumplir con las normas comunitarias de estabilidad", ha advertido Salgado.

Todavía más importante es la drástica reducción del periodo de pago de las Administraciones, que pasa de 60 a 30 días, mientras que las grandes compañías deberán pagar a sus proveedores en plazo maximo 60 dias. Estimular actividad exportadora,impulsar el coche eléctrico y luchar contra el blanqueo de capitales también forman parte de esta amplía ley.

4-. Al rescate de la construcción

En temas de construcción, a la Reforma de la Ley de Contratos del Estado y a la nueva normativa de colaboracion público-privada, se suma el deseo de erradicar los modificados en los contratos, que terminan disparando el precio de la obra pública, y en cualquier caso se pone un limite maximo del 20% frente al presuesto de licitación. Además, se incrementa del 30% al 50% el porcentaje de subcontratación que se puede exigir en obra pública y se se regulan empresas mixtas.

5-. Facilidades para crear empresas

Para aumentar la competitividad, se reduciran los plazos y costes necesarios para crear empresas. Aquellas que nazcan con un capital de entre 3.000 y 3.100 euros (más del 80% de las sociedades limitadas), se podrá constituir en un dia con un coste máximo de 100 euros, mientras que las sociedades constituidas con hasta 30.000 euros (15% del total), contarán con cinco días y coste maximo de 250 euros. Además, estas operaciones no estarán sujetas al impuesto de transmisiones patrimoniales.

Para reducir las cargas administrativas, se eliminan la publicidad acuerdos societarios, la licencia municipal para actividades que no supongan riesgo para salud ni el medio ambiente y se facilita el acceso público a la información del catastro, conectándolo con el servicio de los registradores de la propiedad.

6-. Desarrollo tecnológico e innovación

También para incrementar la competitividad, el servicio universal contará con 1MB por segundo antes de 2011 "a un precio asequible", según Salgado, que no precisó de qué cifras se está hablando, exactamente. Además, gracias a las frecuencias que van a quedar libres por el apagón analógico, el Gobierno podrá llevar a cabo el desarrollo de nuevos servicios de banda ancha en el móvil y dictará que todos edificios permitan acceso a redes de telecomunicaciones ultrarrápidas.

El Gobierno también se va a volcar en facilitar la explotación comercial de las patentes y reducir costes, además de introducir mejoras fiscales.

7-. Medidas fiscales

La ministra de Economía y Hacienda también ha analizado brevemente nuevas medidas fiscales, entre las que destaca la supresión de la deducción del IRPF por inversión en vivienda para aquellos contribuyentes que superen los 24.000 euros de renta. Dicha deducción se mantendrá para las rentas inferiores a 17.000 euros y en el intervalo de rentas entre 17.000 y 24.000 euros se producirán ajustes proporcionales. Como novedad en materia fiscal, la ministra ha hecho refencia a una nueva deducción: la deducción por obras de la vivienda habitual. Además, el alquiler se equipara con la compra de vivienda.

Para fomentar la I+D+i, el porcentaje de deducción en el Impuesto sobre sociedades pasa del 8% actual al 12% y se incrementa el límite máximo de deducción, que pasa a ser el 60% de la cuita íntegra minorada, frente al 50% que se aplica ahora, siempre y cuando la inversión en I+D+i sea superior al 10% de la cuota íntegra del ejercicio.

El uso transporte público también se intentará incentivar con exenciones en el IRPF, con un límite anual de 1.500 euros.

8-. Energía verde y eficiente

La forma en que el Gobierno va a luchar por eliminar los gases de efecto invernadero incluye medidas como la creación de un sello que certifique la reducción de emisiones, un fondo público para la compra de créditos de carbono y el compromiso de hacer un plan integral del sistema eléctrico, dirigido a maximizar la generación de energías renovables, pero garantizando el suministro.

Este reto no ha impedido que la ministra Salgado haya puesto fecha de caducidad a las centrales nucleares, 40 años de vida, ni que haya refrendado su compromiso con el coche eléctrico.