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jueves, 23/02/2012 - 14:17 h

Economía, negocios y finanzas

El Gobierno podrá intervenir comunidades quebradas

17/01/2012 | R.Ugalde/A.Medina R.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado varios proyectos para garantizar la liquidez de las comunidades, que incluye la concesión de créditos ICO para pagar a proveedores. Además, si alguna quiebra, el Estado podrá intervenirla, como hace Europa con los países de la Unión.

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El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado, junto al proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria, varios proyectos para garantizar la liquidez de las comunidades.

Éstos abarcan desde la concesión de una prórroga de diez años para devolver los 23.135 millones que las regiones adeudan al Estado por los anticipos que recibieron en 2008 y 2009, hasta el anticipo de la liquidación del ejercicio 2010 y la creación de una línea ICO para pagar a proveedores, condicionada a la asunción de un plan de ajuste.

En cambio, no se ha aprobado la concesión de avales a las regiones, pero está sobre la mesa. "El Ministerio de Hacienda lo tiene en la recámara", ha dicho el titular de esta cartera, Cristobal Montoro, cuyo siguiente objetivo es seguir los mismos pasos con los ayuntamientos.

No obstante, si todas estas medidas de liquidez no consiguen enderezar las cuentas de alguna región, Montoro ha señalado que "el Gobierno de España" se hace responsable de sus cuentas, hasta el punto de que podría intervenir autonomías, como hace la Unión Europea.

Montoro ha insistido en que la Constitución reconoce este poder al Estado y que, si llegara a hacerse, sería por el bien del país, y no para restar competencias a las regiones. No obstante, ha esquivado en todo momento explicar a partir de qué déficit o nivel de endeudamiento se tomaría una decisión de este tipo.

No obstanta, sí que ha dicho que, prácticamente, van a calcar el modelo europeo, "incluso cuantitativamente", ha señalado Montoro.

Ley de Estabilidad Presupuestaria

Por el momento, Gobierno y autonomías se han emplazado a seguir trabajando en los contenidos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que compromete un objetivo de déficit público estructural, aunque caben excepciones.

Además, habrá procedimientos de sanciones, similares a los impuestos por Europa para los países que no respetan los límites de déficit. Por el momento, éste se mantiene en el 1,3% para las autonomías, aunque todavía debe decidirse el nuevo, a la espera de que afloren todos los agujeros de las comunidades.

Montoro ha insistido que todas estas medidas se aplican sin vulnerar el autogobierno de las autonomías, y ha dejado claro que se trata de hacer una administración pública eficiente.

Techo de gasto

El proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria lleva establecido un techo de gasto para las autonomías, y también para las localidades con más de 20.000 habitantes.

El techo de gasto vendrá derivado del escenario económico, ya que el Gobierno quiere esperar a que la UE actualice las previsiones de crecimiento y, con ellas, establecer la cifra definitiva.

Una vez se decida ese tope, cada autonomía y corporación local tendrá libertad para decidir cómo y en qué va a gastar, con la única condición de no superar este tope.

Inyección de 8.000 millones

Entre las medidas de liquidez que han pactado Gobierno y autonomías, destaca el poder adelantar el sistema de financiación. En concreto, el ministro de Hacienda ha pactado con las regiones concederles ya 6.000 millones de las liquidaciones positivas de 2010, que se liquidarían en julio.

Además, están los fondos adicionales correspondientes en 2010, que no se pagaron como anticipos, y que es un dinero que el Estado debe a las Comunidades. Los dos juntos suman cerca de 8.000 millones.

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