El Gobierno se alía con la banca para tapar el agujero municipal y deja fuera al ICO

25/02/2012 06:00 | Álex Medina R.

En dos meses, los proveedores empezarán a cobrar las deudas que los ayuntamientos les negaban desde hace tanto tiempo. Será así porque el Estado asumirá el coste, entregará el dinero a los bancos y éstos aplicarán su pertinente comisión al cobrador. ¿Y las autonomías? Su traslación a este nivel tiene que pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

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Era cuestión de urgencia. No se podía dilatar más en el tiempo y ni siquiera se podía esperar a que el Instituto de Crédito Oficial se dotase convenientemente para respaldar los pagos. Eso hubiera retrasado demasiado el cobro por parte de los proveedores de los miles de millones que les deben los ayuntamientos.

Así que se ha buscado una opción intermedia acorde a las urgencias. Los autonómonos o empresarios saldarán sus facturas a partir de mayo, que era lo importante: que no se postergase más la decisión. Pero el cómo no lo es menos: al final, será el Estado quien asuma momentáneamente esa deuda, según lo aprobado ayer por el Consejo de Ministros.

A continuación, entregarán el dinero a los bancos, que se lo darán a los acreedores. Aunque faltan muchos detalles por concretar (y que se aclararán en varios decretos que se irán publicando en los próximos días), las entidades financieras cargarán el coste de las operaciones a los proveedores, bajo la idea de que mejor sufrir esa comisión que seguir esperando al pago completo.

El coste de esas comisiones, por ejemplo, es una de las incógnitas por despejar, así como las entidades que se adherirán al programa.

Esta línea de actuación sí deja fuera del foco al ICO, que hasta ahora había sido el comodín preferido por el Gobierno central para el efectivo de emergencias. El problema es que el Instituto público necesitaba financiarse primero en los mercados por una cantidad considerable y eso retrasaba demasiado los plazos.

El Gobierno, a todo esto, será el que recurra al endeudamiento momentáneo para garantizar los pagos. ¿Y eso no repercute en el déficit? No, porque va por la vía de la deuda y porque se supone que esas obligaciones ya estaban recogidas en las cuentas de los ayuntamientos, con lo que sólo habrá un trasvase temporal a la Administración central, señalan desde Hacienda.

Luego será el Estado el que cobre de las corporaciones locales a su debido tiempo y de la forma que proceda (otra fórmula que debe establecerse, ya que podría incluir hasta una resta de la financiación local para asegurarse ese cobro). Todo, en el mismo ejercicio de 2012 para no trastocar las cuentas de déficit. (Otra cosa es el coste a futuro que supondrá el endeudamiento actual).

¿Y qué ocurre con las autonomías? También se les planteará un mecanismo similar. No obstante, y por una cuestión de competencias, la medida debe pasar antes por el Consejo de Política Fiscal y Financiera para su debate y eventual aprobación.

En principio, a los ayuntamientos no se les ha impuesto este mecanismo, por lo que si no hay cambios en los decretos futuros, la opción de entrar es voluntaria.

¿De cuánto dinero estamos hablando? Hay estimaciones que hablan, entre ayuntamientos y autonomías, de una deuda global a proveedores de entre 30.000 y 50.000 millones. Pero la cifra exacta es imposible de dilucidar.

De hecho, mediante la exigencia lanzada a los ayuntamientos de que envíen todas sus facturas en dos semanas también se pretende aclarar el volumen exacto que se adeuda a los proveedores en España.

¿Cómo sé si el Ayuntamiento ha incluído mi factura como pendiente de pago? A partir del 15 de marzo, y una vez que Hacienda tenga toda la información en sus manos, se harán públicos los datos para su comprobación por parte de los interesados, aunque éstos también podrán instar a su municipio a que le informen al respecto.

Quien no esté contemplado, puede reclamar su deuda de la forma que determine el decreto y el Ayuntamiento está obligado a incorporarlo si cumple los requisitos. Para evitar dilaciones, el Gobierno avisa de que los funcionarios que no cumplan con sus obligaciones en la firma de certificados incurrirán en falta muy grave.