El recorte a la obra pública en 2011 se cebó con los colegios y los hospitales

2/02/2012 06:00 | Álex Medina R.

La inversión pública en España está a niveles de mediados de los noventa. Si se le compara a 2010, año en el que ya se recortó por todas partes, la licitación de infraestructuras por parte de todas las administraciones cayó un 47,5%. Y los colegios y los hospitales han sido los principales damnificados de esta nueva pandemia.

La inversión en obra pública cierra 2011 en 13.754 millones

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No hay dinero. Ni en las casas, ni en los bancos, ni en las empresas (en casi ninguna) ni en las administraciones (aquí no hay excepciones). En plena avalancha de recorte en el gasto, iniciada en mayo de 2010 con el primer tijeretazo del PSOE, la obra pública ha sido una de sus mayores víctimas, por mucho que los titulares se los lleven los funcionarios y los ajustes en el gasto corriente.

Lo del párrafo anterior no es ninguna exageración: la licitación de inversiones por parte de Estado, autonomías y entes locales cayó un 47,5% en 2011 respecto al ya enjuto 2010. El resultado no es otro que la menor partida de los últimos quince años, según datos de la patronal de grandes constructoras Seopan.

Las cifras globales esconden otras tragedias. En las medidas anunciadas por las autonomías cobró especial protagonismo el hachazo que se le propinaba a la sanidad y a la educación. La obra pública no iba a ser menos: la inversión en infraestructuras educativas adelgazó en 2011 un 62,2% y la destinada a sanidad, un 69,1%.

Del porcentaje al billete, España licitó equipamiento docente en 2010 por valor de 2.000 millones de euros; un año después, la cantidad ha caído a los 782 millones. En la sanidad, la dieta ha sido de 1.183 a 365 millones.

Sumando las deportivas y las varias, las infraestructuras sociales sufrieron un desplome en inyección de dinero público del 67% durante el año pasado.

Desde los colegios a los hospitales, pasando por la industria o las carreteras, todas y cada una de las infraestructuras posibles se vieron sometidas a un descenso en la inversión pública.

Sólo se salvó una: el ferrocarril. A día de hoy, los trenes se llevan ellos solos una cuarta parte del dinero que destinan las administraciones cada año a actuaciones concretas. Sin duda, la necesidad de terminar las múltiples obras del AVE iniciadas en medio país aún exige este interés.

Porque en carreteras el golpe es de un 30%; en viviendas, del 59%; en obras hidráulicas, del 53% y en medio ambiente (la más acusada, aunque su repercusión es menor en el conjunto), del 78%.

En lo que respecta al reparto por regiones (se incluye el gasto estatal, autonómico y local), sólo una de las 17 autonomías incrementó su partida: Navarra, con un 3,3% más en relación a 2010. En el lado opuesto, las más restrictivas fueron Castilla-La Mancha (un 78% menos), Extremadura (75,5%) y Asturias (73,7%).

Y, en cuanto a la división por tipos de administración, el Estado aún invirtió en 2011 más que en 2010, un 18,5%, impulsado por la exigencia del AVE. Las 17 autonomías en su conjunto gastaron un 61,4% menos y la local, un 68%.

Independientemente de que una ciudad pueda saludar a su nuevo AVE o no, la licitación de obra pública esconde un drama nada secundario: en un mercado laboral como el español, que sólo atiende a golpe de construcción, y tras el desplome del mercado inmobiliario, la única forma de sostener el empleo pasaba por la inversión pública.

Los datos de paro son elocuentes.