lunes, 13/02/2012 - 07:02 h
Tener este Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares de alta actividad en su municipio supone recibir 700 millones de inversión inicial y otros seis millones anuales para el municipio receptor y sus localidades vecinas dentro del área nuclear. El Gobierno prevé anunciar su emplazamiento definitivo a finales de primavera o principios del verano.
Nueve municipios españoles se postulan
para albergar un almacén de residuos radiactivos de alta actividad,
un asunto que ha abierto un debate en España acerca de si se trata
de una instalación industrial de vanguardia o de un "cementerio
nuclear". Hoy precisamente se cierra el plazo para presentar las
candidaturas a albergar el primer Almacén Temporal Centralizado
(ATC) de residuos radiactivos de alta actividad de España, en medio
de una tormenta política sobre el método para elegir la ubicación.
El futuro Almacén Temporal Centralizado podrá guardar hasta 7.000
toneladas de combustible de las centrales nucleares españolas y los
residuos radiactivos de alta actividad que se producen en España. Se trata de una instalación "pasiva", que no produce energía, ni
se dan en ellas reacciones nucleares, según fuentes de la Empresa
Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).
Aunque en un principio no hubo muchas localidades que aspiraran a
albergar esta instalación, en los últimos días se han ido animando
más municipios españoles. En muchos de los casos se ha optado por este proyecto para tratar
de frenar el despoblamiento de las localidades.
El primer municipio en pronunciarse a favor de acoger el ATC fue
Yebra, una pequeña localidad de la provincia de Guadalajara (centro
español), situada a poco más de 50 kilómetros de Madrid, y cercana a
la central nuclear de Zorita, cerrada en 2006. Ascó (en la provincia de Tarragona, noreste español) aprobó un
día después en un tenso pleno la presentación de su candidatura para
acoger el almacén nuclear, pese a la oposición del Gobierno de
Cataluña (región a la que pertenece).
Les siguió el ayuntamiento de Villar de Cañas (en la provincia de
Cuenca, centro), que también opta a acoger el almacén nuclear. Además, tres localidades de la región de Castilla y León pidieron
hoy mismo albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de
residuos nucleares, en unas decisiones avaladas por la unanimidad de
sus respectivos plenos municipales. Se trata de Santervás de Campos y Melgar de Arriba (ambos en la
provincia de Valladolid) y Torrubia de Soria (en Soria), con apenas
80 habitantes empadronados.
Los argumentos ofrecidos por sus tres alcaldes han sido
idénticos, apelando al futuro de sus pueblos para justificar que
reclamen el almacén de residuos nucleares. Entre los tres municipios no suman más de 230 habitantes que
viven en ellos durante todo el año y los tres han comprobado cómo en
los últimos años el descenso poblacional es cada vez más acusado. Zarra, ubicado en la mediterránea región de Valencia y a escasos
kilómetros de la central nuclear de Cofrentes, también se ha sumado
a los municipios que aspiran a albergar el ATC.
Su alcalde, Juan José Rubio, dijo hoy que el Almacén Temporal
Centralizado de residuos nucleares "es seguro" y "traerá dinero y
trabajo a la población". Hoy también el municipio de Villar del Pozo (en Ciudad Real,
centro), con un centenar de habitantes, aprobó en un pleno presentar
su candidatura. El alcalde, Felipe Puya, explicó que se ha optado por este
proyecto para tratar de frenar el despoblamiento. A última hora de hoy se sumó el ayuntamiento de Albalá (en la
provincia de Cáceres, suroeste), que aprobó en pleno municipal
presentar su candidatura.
Una vez concluido el plazo del ATC, habrá una evaluación técnica
iniciada por el Ministerio de Industria y, entonces, se tomará una
decisión por parte del Gobierno español, teniendo en cuenta las
mejores razones donde haya que ubicarlo, razones de seguridad y, por
supuesto, el nivel de consenso, dijo hoy la vicepresidenta primera,
María Teresa Fernández de la Vega. La adjudicación del Almacén Temporal Centralizado supondrá una
inversión de 700 millones de euros (unos 970 millones de dólares). Además, la construcción de las instalaciones dará trabajo a unas
300 personas al día durante los cinco años que se calculan para la
ejecución de la primera fase del proyecto.
La zona en la que se instale el almacén nuclear percibirá unas
compensaciones económicas que serán fijadas mediante una Orden del
Ministerio de Industria y se financiarán con las tasas que pagan las
empresas.
En verano se conocerá el ganador
El Gobierno admitirá todas las candidaturas que los ayuntamientos registren públicamente hasta hoy incluido, aunque llegue al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, unos días más tarde. Así, prevé anunciar su emplazamiento definitivo a finales de primavera o principios del verano.
"Si lleva fecha de 29 de enero hay que admitirlo", aseguraron hoy a Europa Press fuentes de este ministerio, que señalan que "previsiblemente" y en función de "las circunstancias, la idea" es que se pueda conocer el emplazamiento en junio, "quizá la segunda quincena o a principios de julio".
Así, explicaron que, dependiendo del número de solicitudes que lleguen al departamento que dirige Miguel Sebastián, el proceso se demorará "más o menos" tiempo. En todo caso, según la orden ministerial y las intenciones del Ejecutivo, la lista provisional para acoger el ATC se publicará "antes de un mes" y el listado definitivo de admitidos y excluidos "podría estar en torno a finales de febrero o principios de marzo".
Posteriormente, se abrirá un periodo de diez días para trámites de reclamaciones, al que podrán acceder sólo quienes se hayan presentado candidatos, es decir, los ayuntamientos, "por si hubiera algún error". Una vez pasado este periodo, saldrá la comunicación definitiva de cuáles son las zonas excluidas.
Precisamente, será en ese momento cuando se inicie un proceso de 20 días hábiles de información pública y de presentación de alegaciones por parte de "todas las partes interesadas", por lo que en ese periodo cualquiera podría exponer su oposición al almacén de residuos nucleares de alta actividad.
Una vez analizadas todas las alegaciones, seguirá una comunicación definitiva de las excluidas y los admitidos deberán presentar los terrenos que, igualmente, deberán ser estudiados. Finalmente, la Comisión Interministerial creada al efecto deberá elaborar un informe y la propuesta del Gobierno deberá ser elevada al Consejo de Ministros para su aprobación.
Construcción e inversión
El cementerio nuclear es una instalación industrial que albergará el combustible gastado por los diez reactores nucleares españoles (dos de ellos clausurados) y un centro tecnológico para investigación y experimentación. Allí se guardarán en seco y durante 60 años, el combustible gastado y los residuos vitrificados de alta actividad.
La estructura integral ocupará aproximadamente 283 metros de largo, 78 de ancho y 26 de alto, para lo que necesitará una superficie de unas 13 hectáreas.
Asimismo, la caracterización y preparación del terreno y la construcción de un primer edifico de almacenamiento del ATC y la construcción de un centro tecnológico podría durar unos cinco años, después de los cuales se elevará un segundo edificio de almacenamiento que estará listo seis años después del inicio de explotación de la infraestructura.
Por último, una tercera etapa prevé la construcción del tercer edificio de almacenamiento que estará concluido catorce años después del inicio de las operaciones del ATC.
Para todo ello, se prevé una inversión total de 700 millones de euros y, además, el municipio que lo albergue recibiría 2,4 millones de euros anuales del Estado, ya que la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) entregará un total de 6 millones de euros anuales que se dividirán de la siguiente forma: un 40 por ciento para el municipio (2,4 millones) y un 60 por ciento (3,6 millones de euros) para el resto de municipios del entorno, es decir, aquellos que se encuentren en el área nuclear que comprende doce kilómetros a la redonda de la ubicación final del ATC.
Igualmente, en concepto de cofinanciación, los ayuntamientos podrán contar con hasta otros 1,8 millones euros si el municipio presenta un proyecto que implique el desarrollo local de la zona. En este caso, de cada euro que ponga el municipio, Enresa pondrá otro hasta el máximo del 30 por ciento del proyecto.
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