Hace unas semanas Accenture publicó un estudio que revelaba que al 91% de la población española le preocupaba cómo sería su situación económica después de la jubilación. Según el INE, no debería haber demasiado motivo para la preocupación.
Sólo el 8,5% de los españoles mayores de 65 años está en riesgo de caer en situación de pobreza en la España de 2012, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística.
De hecho, y siempre según esta encuesta, el de los jubilados es el colectivo que menor riesgo corre de encontrarse en semejante situación de carencia de recursos, incluso por debajo de los titulados universitarios, el 8,9% de los cuales vive bajo el umbral de la pobreza.
Varios factores influyen en este sorprendente resultado.
El primero de ellos es la condición de propietarios de vivienda que tienen la mayoría de los españoles en este segmento de población.
A la hora de evaluar el riesgo de pobreza, Estadística imputa un valor concreto al coste de la vivienda para los hogares españoles, equivalente al del alquiler que se pagaría en el mercado por una vivienda similar a la ocupada.
En el caso de los propietarios de vivienda y de los inquilinos que pagan un alquiler inferior al de mercado, este valor se computa como un ingreso más, un ingreso no monetario según precisa el INE.
Estadística analiza los perfiles de la pobreza teniendo en cuenta los ingresos virtuales derivados de la condición de propietario (en concepto de mensualidad no pagada) y sin tenerlos en cuenta. La aplicación de este ajuste reduce prácticamente a la mitad el porcentaje de españoles mayores de 65 años situados bajo el umbral de la pobreza, del 16,9% al 8,5%.
De otro modo, la consideración del patrimonio inmobiliario hace que la cifra aproximada de ciudadanos que se encuentran en riesgo de pobreza en este segmento de población se reduzca de 1,3 millones a 691.000.
Sin este ajuste, el riesgo de pobreza de los jubilados sería equiparable al de los españoles con educación secundaria superior, pero algo superior que el de los titulados universitarios.
El otro gran factor que explica esta aparentemente sorprendente solvencia financiera de los españoles ya retirados del mercado laboral es el blindaje legal del poder adquisitivo de las pensiones, la tan popular revalorización.
Desde 2008 los ingresos medios por hogar medidos por el INE han experimentado una caída del 6%, pasando, en el caso de un hogar estándar con dos adultos y dos niños, de los 16.317 euros de 2008 a los 15.445 calculados para este año.
En ese mismo periodo, el importe medio de las pensiones del sistema de Seguridad Social se ha incrementado cerca de un 12%, apoyado fundamentalmente en la cláusula que establece la actualización de las pensiones en función del IPC del año.
Dado que según la metodología europea el umbral de la pobreza se sitúa en el 60% de los ingresos medios de un país, el efecto combinado de la caída de la renta media de los hogares españoles y el crecimiento de la nómina de las pensiones ha permitido retirar la consideración estadística de pobre a más de 100.000 mayores de 65 años en los últimos dos años
En concreto, mientras en 2010 cerca de 800.000 jubilados estaban bajo el umbral de la pobreza (el 10,1% del total), en 2012 esa cifra habría caído al entorno de los 690.000 (8,5%).
Lo que hace particularmente llamativos los datos de esta encuesta es la comparación con los que ofrece la Seguridad Social. Según los datos del registro público, hay 2.397.910 pensionistas que perciben una nómina inferior a los 7.355 euros anuales que marcan el umbral de la pobreza para hogares con un solo miembro.
Según la Encuesta de Condiciones de Vida, el 18,4% de los españoles vive bajo el umbral de la pobreza. El colectivo más afectado es el de los menores de 16 años, un 25% de los cuales no tendría acceso al nivel mínimo de ingresos que fija Europa para tener un nivel de bienestar aceptable.
Por nivel académico, el segmento más afectado es el de los que terminaron la segunda etapa de los estudios secundarios (22,3%), seguido curiosamente de los que únicamente terminaron el primer ciclo, que presentan una tasa de pobreza del 20,1%, principalmente por el efecto del patrimonio inmobiliario. Sin éste, la relación entre ambos colectivos se invertiría.
El riesgo de pobreza amenaza al 31,8% de los parados e incluso también a un 12,1% de las personas que tienen un empleo.
La encuesta del INE aborda también los efectos prácticos que la caída de los ingresos medios de los hogares tiene sobre sus hábitos de consumo.
El 44,5% admite que no puede permitirse ir de vacaciones fuera más de una semana al año, el 40% no tiene colchón para afrontar gastos imprevistos, el 7,4% dice retrasar pagos relacionados con sus gastos de vivienda y más de un 12% tiene problemas para llegar a fin de mes.
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