miércoles, 22/05/13 - 01: 30 h
Las prioridades cambian y a Moncloa se le ha acumulado el trabajo a la hora de contrarrestar el recrudecimiento de la crisis económica. La Ley de Emprendedores, una de las medidas estrella del PP y que incluía mejoras en el pago del IVA por parte de los autonómos, ha entrado en un callejón sin salida y nadie sabe cuándo será aprobada en Consejo de Ministros.
Los emprendedores eran el colectivo preferido por los programas electorales el pasado mes de noviembre. Lo fue también para el Partido Popular y tomaron más protagonismo cuando Mariano Rajoy, en su debate de investiduda del 20 de diciembre en el Congreso, los elevó a prioridad absoluta.
Antes de que terminase el primer trimestre -proclamó el jefe del Ejecutivo-, la Cámara Baja recibiría un paquete de medidas especiales para los pequeños empresarios. Casi con toda probabilidad, expirará el segundo trimestre y el plan no habrá sido aprobado siquiera por el Consejo de Ministros, que es el paso previo para entrar en el Parlamento.
¿La razón? Cualquiera de las siguientes: crisis de deuda, déficit desbocado de las autonomías, números rojos de la Administración central, sanidad, educación, exigencias más urgentes de organismos internacionales...
Han pasado cinco meses de Consejos de Ministros y el Gobierno no ha encontrado el momento para aprobar sus medidas para el pequeño empresario. La última previsión habla de algún momento del verano, aprovechando otras medidas de estímulo, como las de unidad de mercado o de horarios comerciales y así dar sensación de que hay algo más que medidas de ajuste y recortes.
En cualquier caso, y al abordar competencias de varios ministerios, la ley dependía directamente de Presidencia, es decir, de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
El problema, del mismo modo, es que, al ser una Ley compiladora de varios departamentos, se han ido aprobando algunas novedades en otras normas (como la reforma laboral o las medidas de lucha contra el fraude) y, poco a poco, se ha ido desnudando de contenido propio el paquete original.
Ley de Emprendedores se iba a llamar este paquete y entre sus novedades más destacadas (y que espera en el seno de esta norma y no se ha adelantado por otra vía) se incorporaba una serie de mejoras en el IVA a los autónomos, que sólo tendrían que pagarlo cuando realmente cobrasen la factura y no al momento de emitirla.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó ya en marzo que la medida empezaría aplicándonse en las facturas que los proveedores mantuvieran con la Administración y que se extendería luego a otras situaciones.
La urgencia se explicaba por el retraso que acumulan los organismos públicos a la hora de pagar y que provoca que un autónomo firme una factura con una administración a principios de un año, reconozca esos ingresos en el primer trimestre de ese año (como corresponde por la legislación del IVA, que se salda cada tres meses), pero no cobre realmente el dinero hasta pasado un año o dos.
La modificación normativa ha sido una reclamación histórica de las asociaciones de autónomos y pymes. El secretario general de UPTA, Sebastián Reyna, comprende que la situación general es complicada, pero ha pedido "un esfuerzo al Gobierno para que se apruebe cuanto antes mejor".
Más IVA y el papel de Empleo
De forma complementaria a esta novedad, la Ley de Emprendedores también iba a abrir la puerta a otra nueva figura relacionada con los autónomos: la compensación tributaria. Con ella, un autónomo saldaba una deuda con Hacienda a cambio de dar por cobrada una factura impagada de la administración.
Tras meses de debate, el Gobierno estaba dispuesto a empezar sólo con el Estado, por los problemas que podría ocasionar en un primer momento su extensión a autonomías y ayuntamientos.
Ese mismo debate llegó a la conclusión (por parte del Gobierno) de que la deuda con la administración no se saldaría a través del impago de cuotas de la Seguridad Social. No está el sistema de protección para muchos gastos, con el aumento de las prestaciones por paro.
Desde el Ministerio de Empleo, de hecho, debían venir otras medidas para la postergada Ley de Emprendedores, como las bonificaciones en la contratación de autónomos en general y las de familiares en particular.
Sin embargo, el plazo de enmiendas de la reforma laboral en el Congreso ha servido para sumar esta última medida a la norma y sacarla de la Ley de Emprendedores también.
Por lo demás, el paquete de actuaciones inicial también contemplaba aspectos como la agilización de las licencias de apertura (aprobada hace dos semanas de forma independiente) y la eliminación de toda la burocracia que se soporta en España a la hora de crear una empresa (y que nos deja como el país de la UE donde más se tarda en constituir una sociedad).
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