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jueves, 31/07/14 - 06: 54 h

economía, negocios y finanzas

La Ley de Transparencia amenaza a cine, deporte y organizaciones de consumidores

Ruth Ugalde

viernes, 22/02/13 - 06:00

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  • La normativa también afectará a aquellas entidades que se financien, fundamentalmente, con fondos públicos
  • La propuesta del Gobierno todavía deberá ser desarrallada, vía enmiendas, por el Grupo Parlamentario Popular.
Rajoy amplía la Ley de Transparencia a todas las entidades que se financien con fondos públicos

Fue uno de los grandes mensajes del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su discurso del Debate Sobre el Estado de la Nación: partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales deberán someterse a la Ley de Transparencia.

Pero, además, el líder del Ejecutivo añadió un cuarto grupo de afectados: todas aquellas entidades que se financien, fundamentalmente, a través de fondos públicos.

¿Quiénes son? La pregunta todavía está a la espera de respuesta, ya que según señalan fuentes del Gobierno, el desarrollo de este aspecto se irá haciendo vía enmiendas que presentará el Grupo Parlamentario Popular a la normativa.

Sin embargo, sí que apuntan a algunos sectores en los que las ayudas públicas son claves para su supervivencia. Entre otros, el cine, las fundaciones, las organizaciones de consumidores, varias federaciones deportivas o las ONG.

No obstante, desde Moncloa ya adelantan que deberá decidirse si todas aquellas instituciones cuya supervivencia dependa de las arcas comunes deberán someterse a esta ley, ya que cabe la posibilida de que algunas, como las ONG, puedan quedar fuera.

En cualquier caso, añaden, el objetivo del Gobierno es conseguir sacar adelante la redacción definitiva de la nueva normativa con el mayor consenso posible, aunque la mayoría absoluta del PP les garantiza poder lograr sus objetivos sin necesidad de pactar.

A vueltas con el cine y los consumidores

Coincidencia o consecuencia, la realidad es que dos de los colectivos más críticos con el Ejecutivo pueden verse obligados a desnudar sus cuentas con la misma transparencia que se está exigiendo a los políticos.

Aquí entra el mundo del cine y la cultura y las organizaciones de consumidores.

En el caso del primero, desde el Ministerio de Cultura explican que ya se han reducido al mínimo las subvenciones nominativas, es decir, aquellas que se conceden como un cheque en blanco, para que la mayoría sean en concurrencia, lo que obliga a tener que imporse en un concurso público para hacerse con la ayuda.

En el caso de las organizaciones de consumidores, fue la propia Facua, una de las más críticas con el Ejecutivo, la que denunció que las subvenciones que se conceden a estas asociaciones se distribuyen "al margen de su representatividad" y reclamó una ley que las regule.

No obstante, tanto en uno como en otro caso, resulta muy difícil de contabilizar cuánto dinero perciben de las arcas públicas, ya que éstas proceden de diferentes administraciones y se pueden ir concediendo por diferentes conceptos.

Por ejemplo, en el caso de la Academia de Cine, desde Cultura admiten haberle concedido 180.000 euros este año para gastos de funcionamiento. Pero además, este organismo se beneficia de la cesión que aprobó el Gobierno de su sede en la madrileña calle Zurbano.

En concreto, Cultura cedió el inmueble para los próximos 50 años, renovables de década en década. Además, el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA) realizó una rehabilitación en el edificio tasada en 3,5 millones de euros.

¿Se debe sumar la cesión de esta sede también a las ayudas públicas? Ésta, y muchas otras, figuran entre el largo de listado de preguntas que deberán ir respondiendo los parlamentarios en la tramitación definitiva de la Ley.

Y es que, actualmente, no existe un registro donde se recogan todas las entidades que reciben fondos públicos y, todavía menos, que ponga el peso que tiene esta ayuda sobre el total de sus ingresos.

Una labor que, ahora, deberá de articular de alguna manera la Ley de Transparencia si quiere someter a sus dictámenes a estas soceidades. Porque otro problema que se abre para los objetivos del Gobierno es recapitular todas las ayudas que conceden diferentes organismos y administraciones.

Por ejemplo, Facua sólo recibió 296.100 euros de los 2,7 millones que repartió el Instituto Nacional de Consumo (INC) el año pasado entre las ocho grandes asociaciones de consumidores, un reparto que originió su petición de regular la distribución de estos fondos.

Sin embargo, las ayudas públicas de esta organización son superiores, ya que, por ejemplo, la Secretaría General de Consumode Andalucía también le concedió 354.778,55 euros.

En cambio, parece que la Monarquía no está en la lista de candidatos de Moncloa a tener que desnudar sus cuentas conforme a la Ley de Transparencia, ya que a pesar de financiarse con fondos públicos, el Gobierno considera que esta institución esta libre de someterse a la nueva regla.

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