Las diputaciones, sin oficio ni beneficio, cuestan 22.000 millones al año

27/04/2011 06:00 | E.Utrera

¿Tendrán los políticos el coraje suficiente para sacar la tijera en las administraciones públicas? En que hay que cargarse ya las diputaciones provinciales -que cuestan a los españoles 22.000 millones al año- coinciden voces tan dispares como Felipe González o el Círculo de Empresarios. Éste último ha presentado un plan de ajuste muy duro. Estas son las claves.

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Las 41 diputaciones provinciales, 3 diputaciones forales, 4 consejos y 7 cabildos insulares cuestan 22.000 millones al año y, al cierre de 2009, acumulaban una deuda de 5.825 millones de euros. Un saldo difícilmente justificable si se tiene en cuenta que sus funciones están prácticamente absorbidas por las comunidades autónomas (CCAA) y los grandes municipios.

En enero, el ex presidente del Gobierno Felipe González apostó por su supresión después de calificarlas de “redundantes”. Antes, en junio de 2010, el ministro de Fomento José Blanco se preguntaba para qué sirven y ayer mismo, el Círculo de Empresarios hurgaba en la herida apostando porque las pocas competencias de estas instituciones sean asumidadas por las CCAA.

¿A qué se reducen estas competencias? Fundamentalmente al ámbito cultural, ya que las tradicionales como la sanidad o la gestión de carreteras han quedado reducidas a la mínima expresión.

Pero el gran problema es que su coste anual es de 6.871 millones de euros en el caso de las diputaciones provinciales y la friolera de 15.082 millones en las tres diputaciones forales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, según datos de 2009.

Es decir, 21.953 millones para unos entes que apenas prestan servicios a unos ciudadanos que apenas conocen a qué se dedican. De hecho, más de la mitad de sus presupuestos los dedican a sufragar los costes de personal.

Las diputaciones son la cara más llamativa del recortable en el que el Circulo ha convertido las administraciones territoriales españolas: la tijera debe actuar sin piedad para reducir el número de ayuntamientos, deben dejar de financiarse televisiones públicas y universidades ruinosas por la cercanía entre unas y otras y poner fin a la proliferación de empresas públicas –más de 2.400- que dependen de las autonomías.

¿Están justificadas estas medidas? Las cifras son elocuentes y demuestran que la situación actual es insostenible. Estas son las denuncias y propuestas del Círculo para mejorar la salud financiera de las administraciones territoriales.

-Menos ayuntamientos. No sólo sobran diputaciones provinciales: España cuenta con 8.114 municipios, de los que un 60% tiene menos de 1.000 habitantes. El Círculo no pone cifras, pero hace referencia a los poco más de 5.000 de Alemania, la primera economía de Europa.

Si España eliminara los municipios con menos de 500 habitantes quedarían 4.313. Una cifra también en línea con la otra gran locomotora europea, Francia. Los municipios, que ya superan al Estado en número de funcionarios, tenían al cierre de 2009 una deuda acumulada de 28.700 millones de euros.

-Empresas públicas. El Círculo denuncia que se está produciendo "una réplica autonómica del sistema estatal de empresas públicas”. Según los últimos datos de la Intervención General del Estado, las autonomías tienen 2.386 entes públicos.

La cifra ha crecido un 10% desde que empezó la crisis, con Cataluña –la comunidad donde más ha crecido la deuda desde 2006 y que acaba de anunciar el recorte de 1.000 empleados públicos- a la cabeza.

-Las sanciones, a las CCAA. La propuesta defiende la creación de un mecanismo sancionador para las entidades que no cumplen las reglas fiscales. Ahora, las sanciones que aplica Europa recaen sólo sobre la Administración Central.

Además, el Círculo demanda un compromiso de transparencia fiscal para controlar la actividad de las autonomías. En estos momentos, sólo seis informan de manera completa y periódica sobre su ejecución presupuestaria.

-Directivos profesionales. El informe cree que es “muy conveniente” que los gestores públicos sean directivos profesionales. Esta figura ya se reconoce en el Estatuto Básico del Empleado Público, que fue aprobado en 2007. Sin embargo, está figura apenas se ha desarrollado a la espera de una nueva Ley de la Función Pública.

Esta figura casi ni existe en las comunidades autonómicas y locales españoles, dominadas abrumadoramente por los políticos.