Bruselas avisa de que no se puede cambiar la ley de desahucios sin su consentimiento

lainformacion.com

jueves, 15/11/12 - 13:30

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El Memorándum del rescate bancario obliga a España a someter a las autoridades europeas cualquier cambio legal que afecte al sector financiero.
Fuentes comunitarias aseguran que el Gobierno no ha consultado todavía con Bruselas los cambios en la ley de desahucios.

Protestas contra el desahucio de una vivienda en Oviedo.

El Gobierno está obligado a "consultar" a la Comisión Europea y al Banco Central Europeo (BCE) antes de aprobar ningún cambio legislativo para paliar los desahucios, según han resaltado este miércoles fuentes comunitarias a Europa Press.

Minutos antes de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dé cuenta de las novedades introducidas por el Consejo de Ministros en la regulación de los desahucios tras la ronda de contactos del Gobierno con el principal partido de la oposición, el PSOE, Bruselas ha advertido de que, para ser aceptada por la UE, la reforma no debe suponer un coste extra al contribuyente europeo ni afectar al saneamiento de la banca.

De lo contrario, avisan las fuentes comunitarias, ese coste deberá compensarse a través de otros mecanismos.

La consulta previa a Bruselas de cualquier reforma normativa que afecte al sector financiero es una de las condiciones para el rescate bancario aprobado por la UE y así se recoge en el memorándum de entendimiento firmado por España.

En concreto, el Memorándum establece que las autoridades españolas "se comprometen a consultar ex ante con la Comisión Europea y el BCE sobre la adopción de toda política relativa al sector financiero que, no estando incluida en este memorándum, pueda incidir sensiblemente en la consecución de los objetivos del programa".

"Se solicitará igualmente el dictamen técnico del Fondo Monetario Internacional", agrega.

El Ejecutivo comunitario entiende que los cambios en la ley hipotecaria que estudia el Gobierno afectan al sector financiero y por tanto están cubiertos por esta obligación de consulta previa.

Las autoridades españolas están en contacto permanente con los funcionarios de la UE sobre la reforma del sector bancario, pero a las fuentes consultadas no les consta que el Gobierno haya comunicado ya oficialmente a Bruselas ningún proyecto de reforma.

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