El 12 de mayo de 2010 muchos ministros del último Gobierno de Zapatero se vieron obligados a coger la calculadora. Entre el duro paquete de recortes que el presidente estaba anunciando en el Congreso apenas 48 horas después de la primera gran crisis de la zona euro, que desembocó en la intervención de Grecia, Zapatero deslizó que reduciría un 15% el sueldo de todos sus altos cargos.
Quedaba un año y medio para el final de la legislatura y el ajuste suponía que el sueldo de los ministros descendería de 81.155 euros al año a 68.981, el de los tres vicepresidentes de 86.454 a 73.486 y el del propio presidente del Gobierno de 91.982 euros a 78.185.
Este ajuste afectó, como al resto de los mortales, a la planificación de los ministros, que, además de los privilegios de su cargo, también tienen obligaciones hipotecarias, familiares o crediticias.
Desde 2009, los altos cargos del Gobierno (presidente, vicepresidentes, ministros y secretarios de estado) deben dar cuenta de sus bienes patrimoniales en una declaración anual como consecuencia de la aplicación de Ley de Regulación de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado.
Esa información, muy esquemática, que únicamente recoge el volumen total de los activos de los altos cargos, dividido en activos inmobiliarios y otros bienes, y de sus cuentas pendientes, créditos hipotecarios, préstamos o deudas, sin especificar cada una de ellas, permite, sin embargo, conocer cómo evoluciona el patrimonio de los altos cargos del Gobierno durante su estancia en el mismo.
Permite saber, por ejemplo, que José Luis Rodríguez Zapatero empleó un buen porcentaje de su sueldo entre 2009 y 2011 para amortizar los 80.847 euros pendientes de un crédito que tenía concedido, dejando el 'debe' de sus cuentas a cero, o que se desprendió de bienes inmobiliarios por un valor catastral superior a los 21.000 euros.
Los que pagan sus cuentas pendientes
El presidente no fue el único miembro del Gobierno que aprovechó su nómina para pagar sus cuentas pendientes. Con un salario que osciló entre los 74.000 y los 55.000 euros, Trinidad Jiménez logró reducir en tres años en 40.000 euros el préstamo hipotecario que solicitó en su día para comprar una casa en Madrid. En 2009 le quedaban por pagar al banco 183.854 euros, cuando salió del Gobierno 144.000.
En menor medida, otros colegas de gabinete como el ex ministro de Justicia, Francisco Caamaño; la ex ministra de Sanidad, Leire Pajín; la ex de Cultura, Ángeles González-Sinde; o el controvertido José Blanco podrán decir que su paso por el Ministerio les sirvió para pagar la casa, la finca en el pueblo o el coche.
El ex de Interior, Antonio Camacho, también canalizó sus ahorros de ministro fundamentalmente al pago de la hipoteca, pero en el momento de su cese aún le quedaba por pagar 402.265 euros de los 507.000 pedidos al banco, según figura en su declaración de bienes como diputado. Y ahora tiene sueldo de diputado.
El club de los ahorradores
Los que no arrastraban cargas financieras han sido los que han podido mejorar más su situación económica durante su vida de ministro. El más aplicado de este grupo ha sido el ex ministro de Industria, Miguel Sebastián, cuya posición patrimonial ha mejorado en 121.279 euros entre 2009 y 2011, inversión inmobiliaria incluida.
Tampoco le ha ido mal a Carme Chacón cuyo patrimonio neto se ha incrementado en 264.000 euros en este periodo. En parte por la incorporación a su patrimonio personal de una vivienda en Barcelona, que se une a las que ya poseía en Almería y Girona. El patrimonio inmobiliario de Chacón cuando dejó el Ministerio ascendía a 406.131 euros en valor catastral, aproximadamente el 50% del valor de mercado de los inmuebles.
Los datos publicados por el BOE no detallan las causas de los incrementos patrimoniales, se limitan a asignarlas a la cuenta de activos y pasivos del alto cargo en cuestión.
En el club de los ahorradores también se alinean el actual secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que aumentó su patrimonio en 49.000 euros entre 2009 y 2011; la ex vicepresidenta económica, Elena Salgado (+22.000 euros); Ramón Jáuregui (+15.993 euros); y Manuel Chaves (+14.111).
Los que perdieron dinero
Pero ser ministro puede ser un mal negocio. De hecho, así lo ha sido, por ejemplo, para la ex ministra de Ciencia y Tecnología, Cristina Garmendia, cuyo patrimonio, superior a los 3,7 millones de euros se ha visto empequeñecido en más de 620.000 euros durante su etapa como ministra entre 2009 y 2011.
Tampoco les fue bien al ex ministro de Trabajo, Valeriano Gómez; y a la que fuera titular de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, que también empeoraron su posición económica en ese periodo.
Aunque la palma de los perjudicados se la lleva un ex secretario de Estado, el de Economía, José Manuel Campa, cuyo patrimonio neto se contrajo en 675.000 euros en sus tres años como alto cargo.
Igual ellos sí han agradecido que se acelerara el final de la legislatura.
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