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domingo, 28/12/14 - 05: 16 h

mercados de deuda

El Gobierno impulsa la reforma local y prevé ahorrar 7.000 millones

lainformacion.com

sábado, 16/02/13 - 14:28

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España impulsa la reforma de ayuntamientos para racionalizar el gasto

MADRID (Reuters) - El Gobierno español dio el viernes un nuevo empujón a la esperada reforma de la administración local, con la que pretende ahorrar 7.130 millones de euros de 2013 a 2015 reconfigurando la prestación de los servicios municipales en un momento crítico para las cuentas públicas del país.

La reforma eliminará duplicidades entre comunidades autónomas y ayuntamientos, acotará las retribuciones de alcaldes y concejales e impondrá criterios de eficiencia presupuestaria en los más de 8.100 municipios españoles, que perderán a miles de trabajadores eventuales.

La iniciativa se enmarca en la política de austeridad y reformista aplicada por el Ejecutivo del Partido Popular y en sus esfuerzos por reducir el déficit público, aunque los efectos del proyecto podrían no empezar a sentirse hasta 2014 teniendo en cuenta los plazos de tramitación aún pendientes.

Estos cambios preceden a otros dos grandes proyectos que el Gobierno prevé desarrollar en los próximos meses: la reforma de las administraciones públicas en su conjunto y la revisión del modelo de financiación autonómica.

"La reforma (...) es también de las más esperadas en términos de la estructura institucional del Estado", dijo el ministro de Hacienda español, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El texto que pasará ahora al Consejo de Estado antes de llegar al Congreso -donde aún podría sufrir modificaciones-, llega con meses de retraso tras intentar alcanzarse sin éxito un acuerdo con la oposición socialista y por divergencias dentro del propio Partido Popular- que gobierna en la mayoría de las comunidades y municipios españoles además de en el Gobierno central.

PÉRDIDA DE MILES DE EMPLEOS

El PSOE acusa al Ejecutivo de pretender privatizar los servicios públicos locales y afirma que la reforma puede suponer la pérdida de más de 200.000 empleos públicos.

La reforma supondrá en la práctica la desaparición de la mayoría de las alrededor de 1.000 mancomunidades y reforzará en su lugar al medio centenar de diputaciones provinciales existentes.

Montoro no especificó el número de trabajadores eventuales que perderían su trabajo, aunque dijo que conllevará la desaparición de un número "significativo" de los llamados asesores municipales, al limitarse a 6.489 en todo el país.

El Gobierno español dice que el objetivo es garantizar la sostenibilidad de las entidades locales y evitar que gasten más de lo que ingresan, y asegura que ofrecer servicios a los ciudadanos es hasta cuatro veces más caro en los pequeños ayuntamientos con respecto a los de mayor tamaño, en un país en el que el 95 por ciento de los municipios tiene menos de 20.000 habitantes.

Muchos municipios se encuentran en una situación financiera crítica debido entre otras cosas a que prestan servicios para los que no cuentan con financiación por corresponder esas funciones a las comunidades autónomas. Esas llamadas "competencias impropias" es lo primero que se quiere suprimir.

La reforma prevé en cualquier caso un período de transición de cinco años para que las comunidades asuman competencias en el ámbito de la educación y sanidad que actualmente prestan los ayuntamientos. El período se reduce a un año en el caso de los servicios sociales.

SUELDOS DE ALCALDES Y CONCEJALES

Desde su primera lectura por el Gobierno el pasado julio, el texto ha sufrido varias modificaciones, y una de las más llamativas es que ya no se prevé eliminar el 30 por ciento de los 68.600 concejales existentes, sino que se opta por eliminar las retribuciones para el 82 por ciento de ellos.

Aunque el Ejecutivo no detalló cuántos de ellos tampoco cobran actualmente, los socialistas estiman que el porcentaje es aproximadamente el mismo del calculado por Hacienda, lo que podría limitar el alcance económico de esta medida.

La reforma fija además las nóminas de los regidores en relación con la población de su municipio, sin que los de las grandes ciudades puedan superar en sueldo al de un secretario de Estado, unos 100.000 euros anuales brutos. En los municipios de menos de 1.000 habitantes, sus alcaldes no podrán recibir ninguna retribución.

El texto prevé además que no se puedan crear más empresas municipales y el saneamiento o desaparición de las actuales, y el fortaleciendo el poder de los interventores locales para tener un mayor control económico y financiero de las cuentas locales.

/Por Blanca Rodríguez/

(Reuters)

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