Telefónica, Vodafone y Orange se rebelan contra el “impuesto revolucionario” para financiar TVE

15/06/2009 17:14 | agencias

El presidente de la patronal Redtel califica la tasa de "impuesto revolucionario". La nueva ley de financiación de TVE les obligará a destinar el 0,9% de sus ingresos a la televisión pública.

Las operadoras de telecomunicaciones agotarán la vía legal antes de financiar a TVE.

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El presidente de la patronal Redtel (Orange, Ono, Telefónica y Vodafone), Miguel Canalejo, dijo hoy que sus argumentos contra la tasa que el Gobierno quiere imponer a los operadores son los mismos que los de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y del Consejo de Estado. En un encuentro informativo, Canalejo dijo que ya han comunicado a la Unión Europea (UE) la intención del Gobierno de que las operadoras de telecomunicaciones contribuyan a financiar RTVE y que han comenzado a hablar con todos los grupos parlamentarios para exponerles sus puntos de vista para cambiar el proyecto del ley de financiación de RTVE, que obligará a televisiones privadas a destinar el 3% de sus ingresos a la televisión pública y del 0,9% para las operadoras.

“Es un proyecto arbitrario, inaceptable e injusto que penaliza a las telecomunicaciones, al que siguen viendo como un sector rentable al que seguir imponiendo tasas ajenas a su actividad”, explicó Canalejo, quien destacó que mientras sea legalmente posible, la asociación, integrada por las cuatro grandes operadoras españolas, (Telefónica, Vodafone, Orange y ONO), se negará a contribuir con dicho canon. Si finalmente se aprueba, dijo, habrá que ver en qué términos queda para estudiar los recursos ante todas las instancias legales, ya que las operadoras de telecomunicaciones “no lo van a pagar” mientras que “legalmente puedan pararlo”. A preguntas de si las operadoras repercutirán la tasa en sus usuarios, Canalejo respondió leyendo una parte del informe del Consejo de Estado sobre el proyecto en el que señala que la tasa podría trasladarse a los precios, lo que perjudicaría el desarrollo de la Sociedad de la Información.

Lo único cierto, subrayó, es que esta medida reducirá los recursos de las empresas, que tendrán que compensarlo por otro lado. El presidente de la patronal Redtel calificó la tasa de “impuesto revolucionario”, reiteró que no tiene nada que ver con el sector y criticó que el proyecto de ley se tramite por procedimiento de urgencia en lugar de crear una comisión en la que todos opinen qué tipo de televisión pública quieren y cómo se va a financiar. Los ingresos audiovisuales del sector sólo suponen el 1 por ciento del total, por lo que la tasa del 0,9 por ciento sería muy similar a esta cifra, recordó Canalejo.

Las pérdidas de ingresos por no emitir publicidad para RTVE, en el último trimestre de 2009, serían de 140,8 millones de euros. Por otro lado, el estudio del Ejecutivo indica que el coste por la programación alternativa al tiempo de emisión de publicidad se elevaría, en el último trimestre de este año, se situaría en los 24,2 millones de euros. ”Por tanto, el total de pérdidas de ingresos por no emisión de publicidad, por un lado, y de incremento de coste por la programación alternativa al tiempo de emisión de publicidad, por otro, es de 165 millones de euros”, indica la memoria.

Hizo notar que el proyecto de Ley fue presentado después de que concluyeran sin acuerdos las negociaciones entre los operadores con la coalición de empresas de derechos de autor sobre la piratería, y dijo que no es bueno mezclar los temas. También se refirió al llamado “dividendo digital”, que también se acaba de anunciar, por el que el Gobierno destinará nuevas frecuencias hasta ahora utilizadas por la televisión analógica, para los nuevos servicios de telecomunicaciones en movilidad. Señaló que con el “dividendo digital” el Gobierno sólo sigue la línea de otros países europeos para permitir el desarrollo de las telecomunicaciones y añadió que sería bueno que las nuevas frecuencias se liberen antes de 2015, fecha que prevé la futura normativa.

Para Redtel, parte del problema de la piratería en España se deriva de la escasez de contenidos, por lo que es fundamental promover una oferta de contenidos atractivos y legales de Internet. Explicó que las conversaciones con el sector de contenidos concluyeron el pasado 16 de abril debido a que los operadores están a favor de concienciar y formar al usuario pero no a penalizarlo por realizar descargas ilegales. Ahora, explicó, el Gobierno tiene que poner sobre la mesa una decisión sobre este tipo de descargas y, “sólo entonces”, los operadores volverán a negociar con la coalición de empresas de derechos de autor el fomento de contenidos que podría ser a través de un gran portal sobre el que había acuerdo entre las partes. Canalejo añadió que, aunque el sector de las telecomunicaciones representa el 4 por ciento del PIB, es aún joven y no tiene la “relevancia política” que le corresponde.