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Martes, 28/07/15 - 19:46 h

Caos en Dependencia

Lunes, 28 de enero del 2013 - 01:59

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Las conclusiones de informe preliminar del Tribunal de Cuentas, que publica hoy este periódico, reflejan el caos en que se están desenvolviendo las prestaciones de la Dependencia en este país. El principal desorden proviene de las bases de datos, y en concreto del programa informático que registra a los beneficiarios; el Tribunal, que analiza la gestión entre los años 2007 y 2011 y a seis comunidades autónomas en profundidad, ha detectado más de 41.000 fallecidos que figuraban en las listas, cerca de 1.400 duplicaciones y más de 3.100 casos en que los beneficiarios recibían prestaciones más altas que las permitidas. En general, el problema detectado hace referencia a la descoordinación entre las comunidades autónomas y el Estado. Las administraciones autonómicas olvidan sistemáticamente comunicar a la administración central los decesos de los dependientes, de forma que el Tribunal de Cuentas ha conseguido recuperar para el Estado más de 140 millones de euros por liquidaciones indebidamente efectuadas. Además, dicho organismo de fiscalización denuncia en su informe la dispar implantación de la ley de Dependencia en las diversas comunidades autónomas, así como «importantes diferencias en el procedimiento establecido para el reconocimiento del derecho en función del territorio de residencia del solicitante». Todo ello podría vulnerar los principios de universalidad en el acceso a estos derechos en condiciones de igualdad y no discriminación. Puede decirse, en fin, que la Dependencia, el llamado cuarto pilar del Estado de bienestar, adolece de los defectos que más urge corregir del Estado autonómico: descoordinación y una eficacia más que mejorable. La descripción que hace el Tribunal de Cuentas pide a gritos la reforma urgente de las administraciones públicas -siempre demorada, y también postergada por ahora por este Gobierno- y un proceso de armonización del sistema autonómico, que asegure la vigencia del principio de igualdad en las prestaciones de los grandes servicios públicos y la racionalidad en el manejo de recursos, hoy despilfarrados en gran parte al perderse por los intersticios del laberinto administrativo.

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