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miércoles, 17/09/14 - 06: 35 h

política económica

Cerrar empresas y recortar personal, la última carta de las CCAA contra el déficit

Bruno Pérez

jueves, 31/01/13 - 06:00

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  • Los gobiernos regionales están obligados a ajustar otros 12.000 millones de euros en 2013.
  • A mediados de 2012, el sector empresarial autonómico estaban compuesto por 2.279 entidades.
Telemadrid es una de las empresas públicas autonómicas bajo amenaza de cierre y despidos.

Todo empezó con recortes en sus planes de inversión. Corría el año 2010 y Bruselas empezaba a impacientarse con la resistencia del sector público español, y particularmente de las comunidades autónomas, a reducir sus gastos pese a los niveles históricos que estaba alcanzando el déficit público.

Luego la cosa empeoró y los ejecutivos regionales tuvieron que ejecutar nuevos tijeretazos sobre sus planes de inversión, comenzaron a subir impuestos que anteriormente habían bajado o incluso eliminado, diseñaron ambiciosos planes de venta de activos para llegar, finalmente, al hueso mismo de su gestión: la sanidad y la educación.

Los ejecutivos regionales han llevado a cabo un esfuerzo de consolidación fiscal sin precedentes en la reciente historia de la España de las autonomías y, sin embargo, aún tienen un amplio camino por recorrer para poder alinearse con los exigentes objetivos de la senda de consolidación fiscal establecida por Bruselas.

En concreto, y si se cumplen las estimaciones realizadas por el Servicio de Estudios de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) en relación a que el déficit autonómico habría cerrado 2012 en el 1,9% del PIB, en 2013 los ejecutivos regionales deberán arbitrar nuevas medidas de ajuste por valor de 12.000 millones de euros para poder alcanzar el objetivo de cerrar el año con un desequilibrio negativo del 0,7% del PIB, como pide Bruselas.

La pregunta es: ¿cómo hacerlo a estas alturas? Funcas ha estudiado los proyectos presupuestarios para 2013 presentados por los gobiernos autonómicos y la estrategia de éstos parece clara: suprimir empresas públicas y ajustar el personal no funcionario al servicio de la Administración.

Más de 2.000 empresas públicas

La reducción de la sobrecargada estructura institucional autonómica, con toda su red de fundaciones, consorcios, entes y empresas públicas, es una de las grandes cuentas pendientes de la crisis.

Según los últimos datos del Inventario de Entes de las Comunidades Autónomas (a 1 de julio de 2012), el sector público dependiente de las regiones cuenta con un total de 2.279 entidades, y eso excluyendo las vinculadas al País Vasco, lo que implicaría unas 150 sociedades por cada comunidad autónoma.

Desde el año 2010 no ha habido un solo gobierno regional que no haya anunciado un plan para reducir su tejido empresarial e incluso se ha suscrito un compromiso formal con el Gobierno Central en enero del año pasado, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, para reordenar y racionalizar el sector público instrumental autonómico.

Sin embargo, hasta ahora, los resultados han sido más bien modestos. Sobre una reducción global planeada de 675 entes y empresas, a día de hoy únicamente se han eliminado 198, según la información obtenida por los profesores César Cantalapiedra y Carmen López Herrera para Funcas.

"Las dificultades legales, que dilatan los procesos más allá de un ejercicio, y los elevados costes iniciales de muchas de las medidas necesarias en procesos de fusión o extinción de entes y empresas (particularmente por el lado de las indemnizaciones al personal), han condicionado el proceso", aseguran los analistas.

No es un problema estrictamente autonómico. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, admitía hace unas semanas en el Senado dificultades similares en el proceso de reestructuración del sector público estatal.

Sea como fuere, las comunidades autónomas han puesto su sector empresarial en el punto de mira de los ajustes presupuestarios de 2013, como delata el recorte del 9% en las transferencias corrientes previstas para 2013 respecto a las presupuestadas en 2012, la mayoría de las cuales se canaliza hacia las empresas y fundaciones autonómicas.

Recortes de personal

La segunda partida presupuestaria que más cae en 2013 es la correspondiente a gastos de personal, un 6,3%. Sin ningún recorte salarial ni eliminación de paga a la vista, todo apunta a que el gasto asociado a esa partida caerá como efecto de la amortización de puestos de trabajo y la eliminación de buena parte del personal laboral a sueldo de las propias comunidades autónomas.

Castilla-La Mancha ya tomó este camino el pasado año con el despido de 627 interinos, un 43% del personal en esa situación al servicio del Gobierno Regional.

Según la Encuesta de Población Activa, las autonomías ya comenzaron a explorar este camino, y de forma bastante intensa, durante el año pasado.

La encuesta muestra que en el transcurso de 2012 el número de asalariados con una relación contractual no estable con la Administración se redujo en 179.100 personas, de las cuales 148.000 tenían contrato con las administraciones autonómicas.

Con todo, Funcas considera que estos dos ejes de actuación no serán suficientes. Estima que los presupuestos autonómicos han vuelto a sobreestimar sus previsiones de ingresos por enajenación de inversiones reales (ventas de inmuebles, concesiones de servicios públicos) y por entregas a cuenta del Estado, lo que les obligará a afrontar nuevas reducciones de los gastos corrientes.

¿Su recomendación? Avanzar en la voladura controlada del sector público empresarial, plagado de entes y empresas que nunca volverán a desarrollar el volumen de actividad que tenían antes de la crisis.

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