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miércoles, 27/08/14 - 20: 21 h

política económica

El aumento de agresiones a funcionarios obliga al Estado a diseñar un protocolo de prevención

lainformacion.com

martes, 23/07/13 - 12:09

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  • Agresiones físicas, insultos, amenazas, la crisis ha incrementado los conatos de violencia a que se enfrentan los empleados públicos de manera exponencial, según el sindicato CSI-F.
  • Servicios de empleo, jefaturas de tráfico, prisiones y sedes judiciales, los espacios más expuestos a estas amenazas.
Los funcionarios de las oficinas públicas de empleo están entre los más expuestos a estos conatos de violencia.

El Gobierno está trabajando en la diseño de una serie de directrices de prevención para que los funcionarios estén preparados para hacer frente a posibles casos de agresiones en el desempeño de su trabajo, según ha revelado este martes el sindicato mayoritario en la Administración del Estado, CSI-F.

La plataforma indica que desde el comienzo de la crisis las situaciones conflictivas en que se ven envueltos los empleados públicos se han multiplicado de manera exponencial.

El sindicato habla de una realidad silenciosa, de la que no hay datos sistematizados, y que va desde las agresiones físicas, a los insultos, las descalificaciones o las amenazas.

El protocolo que pondrá en marcha la Administración incluiría un registro sistematizado de agresiones en todos y cada uno de los ámbitos administrativos, actualmente inexistente, salvo en algunos sectores como el sanitario o el educativo.

También tendrá que contemplar planes de prevención, actuación y protección ante situaciones violentas.

"Las agresiones que sufren los empleados públicos en el desempeño de su trabajo son un reto a afrontar desde ya, porque cualquier violencia en el trabajo resulta inaceptable. En este sentido, la Administración tiene una asignatura pendiente, que también se extiende al acoso laboral o el seguimiento y la atención a empleadas públicas víctimas de violencia de género", subraya.

Campaña de desprestigio

El sindicato denuncia que desde el comienzo de la crisis los empleados públicos han sido objeto de una "campaña de desprestigio", que ha puesto en cuestión su labor, el volumen de la plantilla del sector público y la función social que desempeña el colectivo.

Ello, unido a la sobrecarga de trabajo que ha provocado el recorte de personal en determinados servicios que se prestan de cara al público, ha provocado que la atención a los ciudadanos se preste en situaciones "muy adversas".

Este es el caso, particularmente, de los servicios públicos de empleo, las sedes judiciales, las jefaturas de Tráfico, las delegaciones de Hacienda, y las prisiones.

CSI-F llevará a cabo tras el verano un estudio pormenorizado, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE), sobre las agresiones que sufre el colectivo, dado que hasta el momento no hay datos sistematizados sobre la materia.

El sindicato ha realizado durante los últimos meses una campaña informativa bajo el nombre 'Zona sin violencia. Gracias por respetarnos', con el lanzamiento además de un Observatorio contra las Agresiones, para combatir esta problemática y llamar la atención de la Administración sobre la misma.

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