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lunes, 22/09/14 - 19: 19 h

política económica

El Gobierno aprueba el informe que sentará las bases de la Administración del siglo XXI

Bruno Pérez

viernes, 21/06/13 - 14:17

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  • Se suprimirán entes públicos, se podrán hacer la mayor parte de las gestiones desde casa, si no se realizarán en ventanillas únicas  y se incrementará la transparencia en la gestión.
  • Cuando las medidas previstas alcancen su velocidad de crucero en 2015, la Administración Pública resultante será 17.500 millones de euros más barata que la que había en 2011

 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la presentación de la Reforma de las Administraciones el pasado jueves.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el informe para la reforma de las Administraciones Públicas elaborado mano a mano entre el Ministerio de Presidencia y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El Gobierno ha realizado durante los últimos seis meses una auditoría completa, "de arriba abajo", según la expresión utilizada en su día por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de las Administraciones Públicas a la busca de duplicidades, ineficiencias y ámbitos de mejora.

Un esfuerzo titánico e inédito, según el Gobierno, que ha dado como resultado un informe larguísimo del que se supone saldrá la Administración Pública española del siglo XXI.

¿Y qué características tendrá? Básicamente, las siguientes.

- Una Administración más austera. El principio de estabilidad presupuestaria atraviesa la propuesta de reforma del Gobierno. Ésta se conseguirá con la creación de esa Autoridad Fiscal Independiente que tanto preocupa a Bruselas y al FMI, y que debe asegurar que los presupuestos de todas las Administraciones Públicas se sujetan a los objetivos de consolidación fiscal del país.

Pero también mediante la implantación del conocido como Presupuesto Cero, una forma completamente diferente de presupuestar que supera el tradicional esquema de coger los cientos de partidas presupuestarias existentes y evaluar cuánto hay que recortarlas para cumplir los objetivos, y empezar a plantearse la propia utilidad de esas partidas. Es decir, algo equivalente a coger un folio en blanco y empezar a pintar unos Presupuestos Generales del Estado completamente nuevos desenganchándose de las inercias de gasto del pasado. Algo tan revolucionario que los propios funcionarios del Ministerio de Hacienda dudan mucho de que se pueda hacer.

- Una Administración más racional. El Gobierno quiere que todas las Administraciones Públicas compartan la información de la que disponen en sus bases de datos. El principio puede parecer de cajón pero lo cierto es que, por ejemplo, a día de hoy un parado de Albacete puede no tener noticia alguna de las ofertas de empleo que hay en la vecina Murcia por la simple razón de que todavía no hay un Portal Único de Empleo y la gestión de ofertas y demandas de empleo se hace a nivel autónómico.

Además, pretende mejorar el funcionamiento de las Conferencias Sectoriales, los órganos de debate en que Estado y comunidades autónomoas debaten sobre los asuntos en que ambos tienen competencias, pero que pueden pasar meses cuando no años sin reunirse con los consiguientes déficits de coordinación.

Asimismo, la idea es fusionar los observatorios sectoriales y los órganos asesores que se reproducen en el Estado y en diferentes comunidades autónomas para convertirlos en órganos únicos que den servicio a las administraciones que así lo deseen, pero evitar que haya órganos analizando exactamente lo mismo en los diferentes niveles de la Administración.

¿Unejemplo? Las agencias de meteorología. Sáenz de Santamaría ha revelado que hay comunidades autónomas que contratan a entidades privadas la información del tiempo, una información que la Agencia Estatal les podría proporcionar a coste cero.

- Una Administración más reducida. El Gobierno cree que se ha avanzado mucho en este campo. Por ejemplo, ha recordado que a nivel autonómico se han liquidado o están en vías de liquidación 535 sociedades públicas, por encima de las 515 previstas, y ello pese a las dificultades que el propio Gobierno admite a la hora de liquidar sociedades públicas. Hay algunas que llevan más de quince años en vías de liquidación sin haber echado el cierre de forma definitiva.

Pero la reforma planteada por el Gobierno no sólo eliminará entes públicos, sino que también tasará de forma muy estricta las condiciones y las circunstancias en que se podrá crear un nuevo ente, para evitar una proliferación como la que hubo en España entre finales de los noventa y principios del siglo XXI.

- Una Administración con un volumen de personal más aquilatado. Según el Gobierno, la tasa de reposición ha servido para detener la inercia de crecimiento de la plantilla de la Administración y ahora lo que procede es favorecer la movilidad de los funcionarios para que sean utilizados allí donde se les necesita, garantizarles una carrera profesional y mejorar su formación.

En materia de personal eventual, es decir, los famosos asesores o cargos designados a dedo, el Gobierno se compromete a tasar las condiciones en que se pueden contratar y, además, chequear que el externo tiene el nivel de formación que se requiere para el puesto.

- Una Administración más moderna. La semana que viene el Gobierno aprobará el borrador de Ley de la Factura Electrónica, el proyecto con el que el Ejecutivo pretende acabar con las facturas en el cajón por la vía de facturar automáticamente los servicios que se presten y los bienes que se proporcionen al Estado, de forma que no haya manera humana o contable de ocultarlas.

- Una Administración más transparente. La reforma gubernamental reformará la política de concesión de subvenciones con el objetivo de hacerla más transparente y más accesible.

- Una Administración mejor gestionada. ¿Qué significa esto? Reducir costes de funcionamiento como los derivados del parque móvil, de la gestión postal del Estado (el Gobierno se ha encargado de difundir durante los últimos días las bondades de sustituir los envíos postales tradicionales por los envíos electrónicos) o una mejor gestión de Tesorería, eliminando, por ejemplo, buena parte de las 4.800 cuentas bancarias que hoy se manejan en la órbita del Estado.

- Una Administración orientada al ciudadano. Su objetivo es facilitar las cosas al administrado. En este epígrafe entra, por ejemplo, la simplificación de los trámites administrativos, la supresión de cargas burocráticas, la fijación de calendarios únicos para el cumplimiento de determinadas obligaciones administrativas o fiscales, crear ventanillas únicas para la realización de trámites complejos, sentar el principio de que sólo haya que presentar determinada documentación una sola vez y no una vez por organismo estatal o establecer un tablón de anuncios único para notificar las resoluciones que afecten a un determinado colectivo.

Incluso la vicepresidenta ha revelado algún objetivo más a medio plazo que constituiría realmente una revolución en el funcionamiento de la Administración, como por ejemplo avanzar en la configuración de una aplicación que permita a los ciudadanos consultar cuál es su posición particular con la Administración. Es decir, si está el ciudadano o no al corriente del pago de impuestos, cual es el volumen de cotizaciones que ha realizado a la Seguridad Social, si tiene algún pago pendiente...

Bruno Pérez

Redactor de Economía lainformacion.com

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