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viernes, 29/08/14 - 19: 13 h

política económica

La reforma local condena a 7.000 entidades a convertirse en 'ayuntamientos zombie'

Bruno Pérez

martes, 21/05/13 - 06:00

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  • Fija un coste máximo al que se pueden prestar los servicios locales que hoy incumplen el 92% de los ayuntamientos pequeños
  • Las diputaciones asumirán la prestación de los servicios en los ayuntamientos que no cumplan ese coste estándar
  • Miles de entidades locales se quedarán sin actividad alguna
Cerca de 7.000 pequeños ayuntamientos podrían perder sus competencias como consecuencia de la reforma local.

Alrededor de 7.000 ayuntamientos de pueblos de menos de 20.000 habitantes podrían quedar desprendidos de toda función real de prosperar el modelo de gestión que ha diseñado el Gobierno dentro de su reforma local.

Embarcado desde hace meses en una cruzada en busca de la eficiencia en la gestión pública, particularmente en la gestión pública de los demás, es decir, de los organismos territoriales, al Ministerio de Hacienda se le ha ocurrido un revolucionario sistema para evaluar la gestión municipal: se trata del llamado modelo del coste estándar.

El coste estándar identifica, en realidad, el coste máximo por el que Hacienda entiende que un ayuntamiento puede prestar un servicio de los que la reforma local considera obligatorios (recogida de residuos, cementerio, alumbrado público, abastacimiento de agua) para que se pueda considerar que lo hace de una manera eficiente.

Para calcular ese coste de referencia, Hacienda encargó a su servicio de estudios, el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), una aproximación sobre el coste global que suponía la prestación de esa bolsa de competencias obligatorias a los ayuntamientos, según su tamaño de población.

El IEF concluyó que el coste per cápita de prestar esos servicios obligatorios era tres veces mayor en los municipios de menos de 5.000 habitantes que en los municipios de más de 100.000 habitantes y determinó que el tamaño óptimo de un municipio para prestar esos servicios de manera eficiente era de 20.000 habitantes, donde ese coste per cápita era incluso inferior que en los de 100.000.

Pese a que desde el propio Departamento de Análisis del IEF se ha advertido de que la información que sustenta el estudio es insuficiente y que sería necesaria una aproximación "menos tosca" para realizar un análisis más riguroso de la situación, Hacienda ha considerado que presenta evidencias más que suficientes para determinar que los municipios de menos de 5.000 habitantes son ineficientes y para exigir que antes del 1 de enero de 2014 deban ajustar el coste de los servicios que prestan al estándar si no quieren perderlos.

Según fuentes de Hacienda, nada menos que el 92,1% de los 6.797 municipios españoles de menos de 5.000 habitantes se situaban por encima de ese coste estándar a la luz de los datos de los presupuestos de 2011, así como más de un tercio de los 922 ayuntamientos de entre 5.000 y 20.000 habitantes.

Ayuntamientos sin competencias

Todos ellos tienen hasta el próximo 1 de enero para ponerse las pilas.

Si todo transcurre según lo previsto y la reforma local se aprueba antes del último trimestre del año como espera el Gobierno, los ayuntamientos que a esas alturas no consigan acreditar ser capaces de prestar su cartera de servicios obligatorios dentro de los costes calificados como estándar por la normativa deberán ceder sus atribuciones en esos servicios, los medios humanos e incluso los medios económicos (recaudación de tasas) a las diputaciones provinciales, que asumirán las competencias en esas materias.

El asunto en que esos costes estándar todavía no se han terminado de perfilar. Hacienda sugiere que se equipararán a los propios de los ayuntamientos de 20.000 habitantes, pero admiten que todavía se está trabajando en su definición.

Sea cual sea la referencia que se tome, la mayoría de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes perderán buena parte sino todo su abanico competencial.

Hacienda asegura que muchos podrán cumplir con el coste estándar, pero ese cumplimiento les obligaría en muchos casos a prestar el mismo servicio que prestan ahora por la mitad o un tercio de su coste actual. No parece viable.

El resultado de la aplicación del modelo en los términos que defiende ahora el Ministerio de Hacienda, con la oposición frontal de la Federación de Municipios, dejaría sin competencias a miles de pequeñas entidades locales, que acabarían convertidos en auténticos 'ayuntamientos zombie', con toda su estructura municipal, su pleno, sus concejales y sus alcaldes, pero sin ninguna competencia de gestión.

Así lo admite Hacienda. "Los ayuntamientos que no puedan prestar sus servicios obligatorios en estas condiciones deberán cederlos a las diputaciones y sólo podrán recuperarlos pasados cinco años si presentan un plan que acredite su capacidad para prestarlos dentro del coste estándar".

¿Qué ocurrirá durante esos cinco años? Pues que los ayuntamientos mantendrán, según Hacienda, todas sus competencias políticas, pero perderán toda capacidad de gestión.

En realidad, perderán su razón de ser, puesto que no podrían prestar ningún servicio y lo único que podrán hacer es tomar decisiones en el Pleno Municipal para, por ejemplo, instar a la Diputación a mejorar la prestación de este servicio o extender la aplicación de aquel en el pueblo, pero sin ninguna capacidad ejecutiva. Quedaría convertido en una especie de lobby local.

Por no hablar de una segunda derivada. Los ayuntamientos que no puedan prestar los servicios a los que les obliga la ley en las condiciones que establece el coste estándar perderán toda capacidad para prestar otros servicios, ya que la ley les impedirá ejercerlos: casa del pueblo, polideportivo municipal o cualquier otro servicio social.

Y todo esto ocurrirá con independencia de que el ayuntamiento de turno tenga o no déficit presupuestario. De otro modo, un ayuntamiendo podría tener unas finanzas perfectamente saneadas y una gestión muy valorada por sus habitantes por su calidad, que si el coste al que presta el servicio supera el estándar perderá sus competencias. Habrá que ver en qué acaba todo esto.

Bruno Pérez

Redactor de Economía lainformacion.com

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