El 82% de los concejales que hay en España se quedarán sin sueldo tan pronto como entre en vigor la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que ayer aprobó el Consejo de Ministros para su preceptiva remisión al Consejo de Estado.
La norma revocará el derecho a dedicación exclusiva a la inmensa mayoría de los representantes de los municipios de menos de 50.000 habitantes e incluso retirará a un buen número de los concejales de las grandes ciudades, que actualmente tenían el cargo público como actividad principal.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha precisado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la medida hará que de los 68.285 concejales que hay en la actualidad en España, sólo 12.188 mantengan el derecho a una remuneración.
Los concejales no serán los únicos afectados por la reforma local. La norma restringirá extraordinariamente la posibilidad de contratar asesores por parte de los cargos públicos e incluso la eliminará directamente para los municipios de menos de 5.000 habitantes.
Y también afectará de forma importante a los alcaldes, cuyas retribuciones experimentarán un importante descenso. De momento, cuando la nueva ley entre en vigor el sueldo de los alcaldes se ajustará al de los secretarios de Estado.
Un secretario de Estado del Gobierno de España cobra según Hacienda entre 95.000 y 100.000 euros brutos y ése será el sueldo máximo que podrá cobrar un alcalde en España, en cuanto el proyecto legal aprobado ayer por el Consejo de Ministros sea efectivo.
Ése será el rango salarial para los máximos responsables municipales de las grandes ciudades, entendidas como aquellas de más de 500.000 habitantes.
Por debajo de ese nivel de población, la ley establecerá un sistema de coeficiente reductores que acompasará el sueldo del alcalde al tamaño de su municipio, de modo que será un 10% menor para las ciudades de entre 300.000 y 500.000 habitantes, un 20% inferior si la ciudad tiene entre 150.000 y 300.000, hasta dejar sin sueldo alguno a los máximos munícipes de los pueblos de menos de 1.000 habitantes.
Estas restricciones sobre la contratación de asesores y las retribuciones de cargos electos y alcaldes ahorrarán a las arcas municipales unos 145 millones de euros.
Reforma profunda
Según el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se trata de una de las reformas más ambiciosas de la estructura administrativa del Estado afrontada nunca y no sólo reducirá el tamaño de la Administración Local, sino que está guiada por el principio de 'Una Administración, una competencia'.
En este sentido, definirá de forma precisa las competencias de ayuntamientos y diputaciones provinciales, para evitar que desempeñen funciones que no le corresponden, uno de sus principales problemas.
Conviene recordar aquí que la Federación Española de Municipios y Provincias estima en alrededor de un 30% el porcentaje del gasto municipal que se va en la cobertura de competencias que no son propias de los ayuntamientos, sino que corresponden a otras administraciones.
La idea es evitar duplicidades. Las competencias de los ayuntamientos serán exclusivas de éstos y no se les podrá responsabilizar de las que no le correspondan, las llamadas competencias impropias.
Según Montoro, esto permitirá también clarificar la financiación de las competencias municipales. La ley fijará un coste estándar para cada servicio público, de modo que si un municipio de menos de 20.000 habitantes gastara por encima de ese estandar la prestación de un servicio deberá ceder la gestión del mismo a la Diputación Provincial, que se convertirán en grandes prestadores de servicios, según la definición del ministro de Hacienda.
El asunto no es gratuito. Hacienda ha acreditado que el coste de prestar un servicio puede ser hasta cuatro veces más alto para un municipio de menos de 5.000 habitantes que para uno de 100.000 como consecuencia de las economías de escala.
El objetivo es ahorrar, vamos, que el coste de recoger la basura en Hoyos del Espino sea similar que en Madrid o Barcelona.
Hasta ahora, los pequeños municipios trataban de resolver este asunto con la creación de mancomunidades y consorcios de servicios, que no han funcionado todo lo bien que se esperaba y que, en ocasiones, se han convertido más en proveedores de un sueldo público que de servicios.
Hacienda ha detectado un bolsa importante de entidades de este tipo que no tienen actividad y que ni siquiera presentan cuentas: Pues bien, en cuanto entre en vigor la ley tendrán tres meses para presentar sus cuentas y acreditar su actividad, si no lo hacen serán clausuradas.
En este mismo ámbito, el proyecto prevé la creación de un sistema de evalución de los servicios públicos, que permita realizar un control económico y presupuestario más riguroso del desempeño y la gestión de los ayuntamientos.
El segundo eje de actuación será la racionalización de la estructura de la Administración Local, es decir, la reducción de su dimensión actual para hacerlo compatible con una cierta sostenibilidad financiera.
El último eje intentará impulsar una mayor profesionalización del personal al servicio de la Administración Local, no sólo del personal funcionario sino también de los altos cargos políticos, según ha aclarado Sáenz de Santamaría.
El impacto económico total de este conjunto de medidas será un ahorro potencial superior a los 7.000 millones de euros, en concreto, 7.129 millones de euros.
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