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miércoles, 01/10/14 - 07: 17 h

política económica

Los planes de las autonomías para lograr ingresos extra naufragan en la crisis

Bruno Pérez

jueves, 10/01/13 - 06:00

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  • Hacienda revela que apenas han ingresado una tercera parte de los 5.000 millones extra que pretendían recaudar en 2012 con alzas impositivas, nuevas tasas y ventas de activos.
  • Los planes de los gobiernos autonómicos para vender inmuebles fracasan estrepitosamente.

 

Vista general de la V Conferencia de Presidentes autonómicos que se celebró ayer en el Senado.

Andalucía eligió vender inmuebles, la Comunidad Valenciana creó un nuevo impuesto ambiental, Cataluña apostó por la privatización de túneles y otras infraestructuras públicas, Extremadura aprobó una nueva tasa sobre las bolsas de plástico, Murcia sacó a concesión sus amarres portuarios, el céntimo sanitario prácticamente se universalizó, las autonomías volvieron a gravar el patrimonio de sus ciudadanos, los impuestos sobre herencias o actos documentados se subieron tras años de bajadas...y, sin embargo, todo ha sido insuficiente.

La amplísima batería de medidas fiscales que los gobiernos autonómicos pusieron en mayo sobre la mesa del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para garantizar que harían todo lo posible para reactivar su castigada recaudación y cumplir el objetivo de déficit en 2012 se han topado con la dura realidad de la crisis económica.

La última evaluación de los planes de reequilibrio realizada por el Ministerio de Hacienda ha revelado que a tres meses de que se cerrara el ejercicio presupuestario de 2012 las comunidades autónomas apenas habían ingresado 1.526 millones de euros de los más de 5.000 millones extra que pretendían obtener con estas medidas, menos de una tercera parte.

Se da la circunstancia de que esos recursos eran considerados necesarios por parte del Ministerio de Hacienda para que las comunidades autónomas pudieran cumplir el objetivo de déficit del 1,5% fijado para 2012.

En este caso, además, Hacienda tiene poco que reprochar a las autonomías, ya que tanto las medidas en sí como la evaluación de su impacto fueron visadas y aprobadas por el propio Ministerio.

Las razones del fracaso son variadas: probablemente, la estimación de su impacto recaudatorio se hizo sobre presupuestos demasiado optimistas, muchos de los tributos de nueva creación se han topado con complicaciones técnicas a la hora de ponerse en marcha y, además, la crisis ha minimizado la capacidad de generar ingresos de las subidas impositivas adoptadas.

Fiasco inmobiliario

Si hay algo que ilustra a la perfección lo que ha ocurrido con las medidas extraordinarias de ingresos son los planes autonómicos de venta de activos inmobiliarios.

Según los planes de reequilibrio presentados ante Hacienda, las nueve comunidades autónomas que pusieron en marcha en 2012 planes de enajenación de activos confiaban en obtener 1.582 millones de euros a golpe de venta de inmuebles o privatización de la gestión de servicios o infraestructuras públicas.

Al cierre del mes de octubre, sin embargo, los ingresos obtenidos apenas superaban los 30 milllones.

El caso más dramático es el de Andalucía, que desde mediados de 2011 lleva intentando colocar un centenar de edificios públicos en el mercado sin que a día de hoy haya conseguido una sola venta.

No le ha ido mejor a otras autonomías. La Comunidad Valenciana presupuestó 141 millones de euros y sólo ha ingresado 934.000 euros, Aragón previó 11 millones y ha conseguido 97.450 y Cataluña, que confiaba en su plan de enajenaciones para lograr 884 millones, sólo había ingresado 19, si bien en el tramo final de año ha cerrado la concesión de Aguas Ter-Llobregat y de los túneles de Vallvidrera y del Cadí.

Nuevos impuestos

A falta de resultados, todo este movimiento ha servido para aflorar nuevas e imaginativas vías de financiación para las comunidades autónomas.

Cataluña, por ejemplo, ha activado seis años después de la fracasada ecotasa balear un nuevo Impuesto sobre Alojamientos Turísticos que grava las pernoctaciones de turistas en los hoteles de la región.

La veta ambiental también ha sido muy explotada. Aragón, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León han aprobado diferentes impuestos verdes, que gravan desde las empresas con impacto ambiental, hasta la recogida de residuos o las bolsas de plástico, como en Extremadura.

El Gobierno de Murcia ideó un plan para la concesión por un plazo de diez años de los amarres portuarios de responsabilidad autonómica, aunque todavía no lo ha podido poner en marcha, y Canarias creó impuestos nuevos sobre las grandes superficies y sobre los depósitos bancarios.

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