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sábado, 20/09/14 - 03: 14 h

política económica

Luz verde a la ley que derribará las barreras autonómicas a la actividad empresarial

Bruno Pérez

viernes, 05/07/13 - 13:40

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  • La Ley de Unidad de Mercado permitirá suprimir las normas legales que pongan obstáculos a la libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio español.
  • Las empresas podrán operar en toda España con la licencia que obtengan en su región de origen.

 

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde a la aprobación del proyecto de Ley de Unidad de Mercado, que será remitida al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.

Su trámite de audiencia pública se ha prolongado durante seis meses, ha recibido un total de 37 observaciones, 15 informes preceptivos y ha contado con el respaldo del Consejo de Estado.

La Ley de Unidad de Mercado persigue apuntalar la libre circulación de bienes y servicios en el territorio español, eliminando las trabas administrativas que en la actualidad perjudican a las empresas que quieren operar en dos o más comunidades autónomas diferentes o incluso en dos municipios distintos.

De este modo, el Ejecutivo entiende que desbloqueará una actividad económica ahora retenida de unos 1.500 millones de euros anuales, es decir, del 0,15% del PIB, durante los próximos diez años.

Según el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, la ley es fundamental porque elimina la situación de fragmentación de mercado en España generado por la proliferación de normas autonómicas (cada año se formulan cerca de 10.000 leyes por parte de los gobiernos autonómicos), que afecta particularmente a las pymes.

"Se busca eliminar la regulación inútil, que está dificultando la actividad económica, la llegada de inversión extranjera y está dificultando que las empresas ganen escala", ha subrayado Guindos.

¿Se puede hacer eso sin invadir competencias autonómicas? Está por ver. Parece que el Consejo de Estado ha estimado que sí, pero habrá que ver en qué se traduce la puesta en marcha de la ley para comprobar el grado de aceptación que obtendrá entre las comunidades autónomas.

Hay que recordar que la norma prevé la supresión automática de la legislación autonómica y municipal que se entienda que compromete la unidad del mercado español.

Éstas son las claves de esta ley:

1. Licencia Única. La obtención de una licencia autonómica habilitará a cualquier empresa para operar y comercializar sus bienes y servicios en todo el territorio nacional, sin necesidad de atender a los requisitos adicionales que se establezcan en otros territorios.

2. Consejo de Unidad de Mercado.  Este nuevo órgano, en el que estarán representados Estado, comunidades autónomas y entidades locales y que estará presidido por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se encargará del control y la supervisión de los principios fijados en la ley y tendrá como objetivos detectar normas que amenacen o dificulten el ejercicio de esa unidad de mercado o posibles fraudes en su aplicación. Se habilitará el trámite contencioso-administrativo para que las normas distorsionadoras se puedan anular de forma automática.

Además, analizará las mejores prácticas regulatorias y propondrá su generalización en todo el territorio nacional. ¿Cómo funcionará? Por ejemplo, si se pone de manifiesto que el marco administrativo de una comunidad autónoma resulta particularmente ágil a la hora de permitir poner en marcha una actividad empresarial reduciendo trámites y abaratando cargas, el Consejo podría recomendar su generalización para trasladar al conjunto del territorio las mejores prácticas, bajo el principio de que "menos trámites se traducen en más ahorro para las empresas".

3. Posibilidad de que los operadores puedan recurrir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para denunciar aquellos actos administrativos o sanciones por parte de las Administraciones Públicas que vulneren la unidad de mercado u obstaculicen la libre de circulación de sus productos y servicios.

Si el regulador entiende que, en efecto, esas normas cuestionan la unidad de mercado elevaría la cuestión a la Audiencia Nacional, abriendo la posibilidad de suspender durante tres meses el acto administrativo en cuestión y, en último caso, anularlo.

4. Creación de la Plataforma de Contratación del Estado que se convertirá en una plataforma a disposición de todo el sector público, de forma que recoja todas las licitaciones que se efectúen por parte de todas las Administraciones Públicas.

Bruno Pérez

Redactor de Economía lainformacion.com

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