sábado, 25/05/13 - 19: 50 h
ÚLTIMA HORA
Llevamos tres años escuchando que las sucesivas maniobras del Gobierno (del actual y del anterior) para sacar a flote a una al sector financiero español -singularmente a la mayoría de las antiguas cajas de ahorros- se están haciendo de forma que no genere coste alguno al contribuyente.
En este periodo, la Administración del Estado se ha hecho de todo: desde comprar activos de entidades financieras para darles liquidez, hasta emitir deuda para cubrir los desequilibrios que han ido revelando las sucesivas auditorías; desde entrar puntualmente en el capital de algunas entidades con el compromiso de marcharse en un plazo inferior a tres años, hasta convertirse en su dueño y rebautizarlas como bancos públicos.
Se han presentado hasta cinco propuestas diferentes de reforma financiera, pero lo que no ha variado es el discurso oficial de que, en ningún caso, la reestructuración del sector bancario costará un solo euro al contribuyente.
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda acaba de fulminar ese mantra.
El informe de la Intervención del Estado sobre la evolución de las cuentas estatales durante el primer semestre del año ha revelado que las ayudas a instituciones financieras han tenido un coste para el contribuyente de 5.418 millones de euros sólo en este periodo (enero-junio de 2012), lo que equivale a ensanchar el déficit de este ejercicio en un 0,5% del PIB.
Según fuentes del Ministerio de Hacienda, esta cantidad se corresponde con dos de las operaciones de reestructuración llevadas a cabo durante la primera mitad del año: el rescate de Bankia y la subasta de Unnim (entidad surgida de la fusión de Caixa Sabadell, Terrasa y Manlleu), que fue adjudicada a BBVA.
El agujero de Bankia
La mayor parte de este coste se explica por la conversión en acciones de BFA, matriz de Bankia, de los 4.465 millones que solicitó al FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) el 28 de diciembre de 2010, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, y que fue incapaz de devolver.
El pasado 14 de mayo, la Comisión Rectora del FROB acordó esta operación tras considerar "improbable que la entidad pueda hacer frente a la amortización o recompra de dichas participaciones preferentes".
El FROB se remitió entonces a la valoración pendiente de la entidad para revelar el precio de la conversión. El resto ya se conoce.: la valoración reveló un desequilibrio patrimonial superior a los 3.000 millones que obligó al Estado a hacerse con el 100% de la entidad y desprendió de valor alguno a las acciones en poder del FROB, trasladando su coste al presupuesto del Estado o, de otro modo, al bolsillo del contribuyente.
Incumplimientos en la subasta de Unnim
El resto de la factura se debe a la operación de absorción de Unnim por parte de BBVA. La entidad presidida por Francisco González se impuso en el proceso de subasta de las cajas catalanas, una puja que estuvo todo el tiempo bajo la supervisión del Gobierno y del Banco de España.
El veredicto final fue la adquisición del 100% del capital de Unnim por parte del BBVA por el precio simbólico de un euro y con el respaldo financiero del FGD (Fondo de Garantía de Depósitos), que aportaría los 953 millones de euros necesarios para que el FROB recuperara el coste asumido por su participacion en Unnim.
En su momento, el Banco de España informó de que "a la vista de la participación del Fondo de Garantía de Depósitos en el citado plan de reestructuración, se estima que la reestructuración de Unnim Banc tendrá un impacto nulo para la ejecución presupuestaria del Estado".
Sin embargo, ya sea porque el Fondo de Garantía de Depósitos nunca llegó a transferir ese dinero al FROB por falta de fondos, o porque el retraso en el cierre definitivo de la operación (fue en julio) hizo imposible recoger esa transferencia en las cifras de ejecución presupuestaria del segundo trimestre, lo cierto es que Hacienda ha terminado cargando esos 953 millones de euros al déficit del Estado.
Más ajustes para compensar el 'roto' de la banca
Este desequilibrio adicional de 5.418 millones de euros no estaba previsto en los Presupuestos del Estado, que no contemplaban coste alguno vinculado al proceso de reestructuración financiera, y engordarán el déficit del Estado, salvo que el Ejecutivo adopte un nuevo ajuste por una cuantía similar.
Suma y sigue, porque el afloramiento de este déficit adicional podría ser sólo la punta del iceberg si se consolida el criterio de cargar al presupuesto público los costes de las minusvalías que se produzcan en el proceso de reestructuración financiera.
Si se confirma esta tendencia, con un Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) vacío de dinero y de responsabilidades en la reestructuración del sector, se podría abrir un agujero mucho más importante en las cuentas del Estado.
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