El Tribunal Constitucional luso deberá pronunciarse sobre la reducción de una de las pagas extra que reciben funcionarios y pensionistas en Portugal, así como sobre un impuesto extraordinario en la renta que afecta a todos los trabajadores.
Lisboa, 2 ene.- El Tribunal Constitucional luso deberá pronunciarse sobre la reducción de una de las pagas extra que reciben funcionarios y pensionistas en Portugal, así como sobre un impuesto extraordinario en la renta que afecta a todos los trabajadores.
Los jueces analizarán estas medidas, recogidas en el Presupuesto General del Estado de 2013, para decidir si son legales o no, de acuerdo con la Jefatura del Estado luso, que dio a conocer hoy cuáles son los ajustes cuya constitucionalidad despierta dudas.
Concretamente son tres de los 265 artículos que contiene el documento los que serán analizados por el Tribunal a instancias del presidente luso, Aníbal Cavaco Silva, quien ayer anunció al país su decisión en su tradicional discurso de Año Nuevo.
El jefe del Estado optó por mantener este presupuesto para evitar un retraso en su entrada en vigor, aunque las dudas sobre la legalidad de algunos de los ajustes que incluye el texto le llevaron a enviarlo al Constitucional, pero a posteriori y no previamente a su aplicación.
El presidente portugués, entre cuyas funciones se encuentra la de sancionar -o rechazar- las leyes que aprueba el Parlamento, justificó esta vía debido a las "extremadamente negativas consecuencias" que habría tenido para el país no poder contar desde el 1 de enero con su "principal instrumento de planificación económica".
Cavaco Silva recordó que Portugal vive una profunda crisis "económica, financiera y social" y que se encuentra bajo la asistencia internacional de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional desde mayo de 2011.
Ambas entidades acordaron concederle un préstamo de 78.000 millones de euros a cambio de un amplio programa de ajustes y reformas aplicado a rajatabla por el Gobierno luso, de signo conservador.
El jefe del Estado luso expresó ayer que existen "dudas fundadas" sobre si algunas de las medidas de austeridad incluidas en el presupuesto se ajustan a la Constitución, tal y como han señalado durante las últimas semanas varios juristas y expertos.
El documento fue aprobado por el Parlamento a finales de noviembre gracias al apoyo de los dos partidos que conforman la alianza conservadora en el Gobierno: socialdemócratas (PSD) y democristianos (CDS-PP).
La postura de Cavaco Silva refleja divergencias con el primer ministro luso, Pedro Passos Coelho, pese a que ambos pertenecen al mismo partido, el PSD.
El Ejecutivo, sin embargo, defiende la necesidad de llevar a cabo una reducción en una de las pagas extra de funcionarios y pensionistas y de cobrar un impuesto extraordinario -del 3,5 % para los rendimientos mensuales superiores a 1.350 euros- a los contribuyentes para ser capaz de cumplir con sus objetivos de reducción del déficit público acordados con la troika.
De hecho, desde el Gobierno recuerdan que fue precisamente la decisión del Constitucional luso de declarar ilegal la supresión -completa o parcial dependiendo de los casos- de las dos pagas extra a los trabajadores del sector público y jubilados, aplicada en 2012, lo que le obligó a idear nuevos ajustes.
El Tribunal consideró inconstitucional aquel recorte por centrarse sólo en el sector público, lo que en su opinión suponía un agravio en relación al sector privado.
Los partidos de izquierda con representación en el Parlamento y diversas entidades sociales se han mostrado muy críticas con este presupuesto para 2013 y reclamaban a Cavaco Silva que no lo promulgara.
Los nuevos recortes también supusieron un recrudecimiento de las protestas ciudadanas en la calle, y cuya máxima expresión se vivió en la multitudinaria manifestación del 15 de septiembre y en la huelga general del pasado 14 de noviembre.
(Agencia EFE)
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