Abogado del presidente de la Comisión niega responsabilidad y advierte de que una condena acabará con las fiestas
VALENCIA, 10 (EUROPA PRESS)
Más de 460 testigos comparecerán en el juzgado de lo Penal número 2 de Valencia en el juicio que este lunes ha comenzado contra el expresidente de la Falla Azcárraga y el conductor de la furgoneta de la pirotecnia Quiles por la explosión registrada en marzo de 2007, que causó más de una veintena de heridos y daños materiales en establecimientos, viviendas y vehículos por valor de unos dos millones de euros. La vista está señalada hasta el próximo 3 de octubre.
La Fiscalía reclama para los dos acusados seis meses de prisión por cinco delitos de lesiones y otro de daños por imprudencia grave. Además, también considera a las compañías Mapfre y La Estrella como responsables civiles directos y a la Pirotecnia Quiles, cuyo administrador único es Vicente Caballer, y la Comisión fallera como responsables civiles subsidiarios.
El abogado del presidente de la Falla de la calle Azcárraga de Valencia ha advertido este lunes de que si finalmente la comisión resulta condenada y debe abonar las indemnizaciones, esto marcará "un antes y un después" en las fiestas porque o "dejarán de hacer festejos pirotécnicos o nadie querrá apuntarse a las fallas si saben que sus propios bienes pueden peligrar".
Al respecto, el letrado Eduardo Solera ha señalado, en un receso de la vista, que el presidente de la Falla "no es responsable" porque "cumplió todas las normas que le exigía el Ayuntamiento". Además, ha explicado que "no iba a hacer un espectáculo pirotécnico sino simplemente disparar una traca" y que su defendido "no supo lo que llevaba la furgoneta hasta después de la explosión". Por lo tanto, "él no tiene ninguna responsabilidad", ha concluido.
Sin embargo, ha señalado que si finalmente resultara condenada la Falla, "puede derivarse responsabilidad civil personal para todos los miembros de la comisión, que serían obligados a pagar de su propio dinero las indemnizaciones porque los seguros no cubren más que un 1.350.000 euros y el Ministerio Fiscal reclama 2.500.000 euros".
En su opinión, esta condena marcaría "un antes y después" de las Fallas porque "si ante un hecho en el que no tienen ninguna responsabilidad se ven obligados a satisfacer con sus bienes unas indemnizaciones enormes, evidentemente hará que las fallas dejen de hacer festejos pirotécnicos o que nadie quiera apuntarse a las fallas si saben que sus propios bienes pueden peligrar".
PROBLEMA CON SEGUROS
Según ha dicho, el problema con las compañías aseguradoras es que Mapfre considerando que los daños iban a llegar a una cantidad inferior a los 60.000 euros, que es su cobertura, dijo a los peritos que fueran pagando las indemnizaciones a los perjudicados. Sin embargo, "cuando habían abonado 400.000 euros, se dieron cuenta que no habían hecho más que empezar y dejan de pagar". Entonces, ha explicado, "consignaron la diferencia, 160.000 euros, y las otras compañías dicen que no se puede indemnizar a los que ellos le parecen que sí y a otros no".
De hecho, la mayoría de las acusaciones son las compañías de seguro que han satisfecho a sus asegurados por los daños causados en el hogar o los coches que estaban aparcados, cuyo importe ha sido pericialmente fijado en la cantidad de 1.985.390 euros, según el escrito fiscal, aunque este abogado ha rebajo "los daños reales" a 1.700.000 euros.
MESES SIN CASAS
Por su parte, Víctor Carrasco, abogado de 11 particulares más una comunidad de propietarios de la calle Azcárraga, ha constatado que muchos de los afectados que no tenían seguros propios "se vieron obligados a abonar ellos mismos los daños que sufrieron estando en muchos casos, incluso meses, con las viviendas en unas condiciones de inhabilitabilidad total".
Por ello, a nivel penal las 47 acusaciones particulares, con 28 representaciones letradas, acusan en general de un delito de daños y lesiones por imprudencia grave al presidente de la falla, y al conductor, empleado de la pirotécnica, mientras que, por la vía de la responsabilidad civil, reclaman las indemnizaciones como "reparación de los daños que sufrieron por la explosión de la furgoneta y que no fueron atendidas ni indemnizadas ni por los seguros de la empresa pirotécnica, ni por la comisión fallera".
Los hechos sucedieron el 16 de abril de 2007, cuando la furgoneta que transportaba los fuegos previstos para ese día llevaba además 38 kilos más de material pirotécnico para el disparo de otra máscletá explotó cerca del número 28 de la calle Azcárraga de la ciudad de Valencia. Como consecuencia, al menos 23 personas sufrieron heridas de diversa consideración.
(EuropaPress)
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