El 2012 pasará a la historia como el año en que la banca española fue rescatada por Bruselas y sufrió una reestructuración sin precedentes, con un ajuste que continuará en 2013 con miles de despidos, nuevas fusiones y más ayuda europea.
María Taboada
Madrid, 13 dic.- El 2012 pasará a la historia como el año en que la banca española fue rescatada por Bruselas y sufrió una reestructuración sin precedentes, con un ajuste que continuará en 2013 con miles de despidos, nuevas fusiones y más ayuda europea.
El dinero del rescate, unos 39.500 millones de euros, llegó tras meses de espera, casi al concluir el año, después de que España cumpliera con las exigencias de Bruselas, entre ellas la creación de un "banco malo" al que traspasar los activos tóxicos de las entidades financieras.
El Sareb, como se le bautizó, consumió 2.500 millones de la ayuda europea, y el resto, unos 37.000 millones, fue para sanear a la banca nacionalizada, NCG Banco, Catalunya Banc, Banco de Valencia y, sobre todo, Bankia.
La inyección de fondos proseguirá en 2013 con las entidades que también necesitarán ayuda pública, entre las que se cuentan a BMN, Liberbank, Caja3 y Ceiss, que se calcula que requerirán 1.500 millones adicionales.
En paralelo, se dará una nueva vuelta de tuerca a la concentración bancaria con la subasta de dos de las entidades nacionalizadas, CatalunyaBanc y NCG Banco, por las que sólo pueden pujar las grandes entidades del sector, debido a su elevado tamaño.
Se espera que tras estas operaciones y el consiguiente saneamiento de las entidades nacionalizadas, que deberán reducir fuertemente su tamaño y sus plantillas, la reestructuración del sector financiero español quede concluida.
Sólo en el caso de Bankia, el ajuste de personal afectará a unas 6.000 personas, aunque tras este esfuerzo planea volver a los beneficios en 2013.
Si se echa la vista atrás, 2012 se ha caracterizado por los rápidos y continuos cambios en la regulación normativa de la banca, que ha tenido que afrontar fusiones, nuevas provisiones y una recapitalización sin precedentes.
El año comenzó con la aprobación de la primera reforma del Gobierno de Mariano Rajoy, que establecía recortes en los salarios de la alta dirección, eliminaba órganos de control en las cajas, y sobre todo, obligaba a la banca a cubrir su exposición inmobiliaria con 52.000 millones de euros.
Fue cuando se desencadenaron las primeras fusiones, que llevaron a CaixaBank a absorber a Banca Cívica, y a BBVA a hacerse con la nacionalizada Unnim. Además, Caja España-Duero y Unicaja ultimaban su fusión e Ibercaja anunciaba su unión con Caja 3.
Otras entidades menores también se veían obligadas a buscar "pareja" con la que poder solventar, sin recurrir al Estado, las nuevas exigencias. Liberbank anunció su fusión con Ibercaja y Caja3, aunque la operación se rompería meses después.
Aunque se descartaba que Santander o BBVA tuvieran problemas para recapitalizarse, BFA-Bankia ya despertaba las dudas acerca de si podría cumplir.
Las dudas se incrementaron aún más cuando el Gobierno aprobó su segunda reforma financiera, que obligaba a provisionar los activos inmobiliarios sanos por 30.000 millones de euros.
Coincidiendo con esta reforma, estallaba la crisis en la entidad que presidía Rodrigo Rato, quien acabó abandonando la entidad y dejándola en manos de José Ignacio Goirigolzarri, que pidió de inmediato la nacionalización y una ayuda de 19.000 millones.
La crisis de Bankia, que está siendo investigada por vía judicial, supuso un punto de inflexión en la reestructuración de la banca, y coincidió prácticamente con la llegada al Banco de España de Luis María Linde, en sustitución de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que acabó su mandato entre duras críticas del sector.
La crisis de Bankia disparó las dudas de los mercados sobre la fortaleza del sector, que sufrió problemas para financiarse en los mercados.
Tras semanas de especulaciones, el Gobierno anunció en junio que pedía el rescate al Eurogrupo, que acabó prometiendo una línea de crédito de 100.000 millones, de los que sólo se utilizarán unos 40.000.
Para concretar el importe exacto de ayuda, el Gobierno encargó una valoración independiente a la consultora Oliver Wyman, que a finales de septiembre fijó el déficit total de capital en 53.745 millones, concentrados sobre todo en entidades nacionalizadas y en otras como Popular, BMN e Ibercaja.
En agosto se aprobó la tercera reforma financiera, que cumplía con los "compromisos" acordados con Bruselas para conceder la ayuda.
Además, el 28 de noviembre, Europa daba el visto bueno a los planes presentados por BFA-Bankia, NCG Banco, CatalunyaBanc y Banco de Valencia, que ya ha sido adjudicado a CaixaBank. EFE
mtd/cs/mlb
(Recursos de archivo en www.lafototeca.com 5142962 y otros)
(Agencia EFE)
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