Bruselas, 20 dic (EFE).- El segundo cuarteto de bancos españoles que necesita ayuda pública para sanearse, Liberbank, Caja3, BMN y España-Duero (CEISS), recibirán 1.865 millones de euros de Europa para sanearse a cambio de duras contrapartidas reveladas hoy por la Comisión Europea al aprobar sus planes de reestructuración.
Bruselas, 20 dic (EFE).- El segundo cuarteto de bancos españoles que necesita ayuda pública para sanearse, Liberbank, Caja3, BMN y España-Duero (CEISS), recibirán 1.865 millones de euros de Europa para sanearse a cambio de duras contrapartidas reveladas hoy por la Comisión Europea al aprobar sus planes de reestructuración.
El comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, afirmó que a partir de hoy y tras haber aprobado en noviembre también los planes de reestructuración de BFA-Bankia, NCG Banco, Catalunya Banc y Banco de Valencia, "se han sentado las bases para que el sistema financiero español pase a ser uno de los mejores instrumentos para la recuperación económica, en lugar de ser un obstáculo a la misma".
De los 1.865 millones de euros que recibirá el llamado "grupo 2" -un tercio de los 6.248 millones detectados en la prueba de resistencia-, Liberbank requerirá 124 millones de euros; Caja3, 407 millones; BMN, 730 millones, y CEISS, 604 millones.
El resto de necesidades se cubrirá mediante las quitas impuestas a los titulares de acciones y de deuda subordinada y preferentes (más de 2.000 millones de euros), con la venta de activos y otras medidas de gestión (más de 1.000 millones) y la transferencia de activos y préstamos tóxicos al "banco malo" (1.000 millones).
Los planes de reestructuración establecen que en 2017 se haya reducido el balance de tres de las cuatro entidades.
Así, en comparación con su tamaño en 2010, la reducción será superior al 40 % en el caso de BMN, rondará el 30 % en el de CEISS y se acercará al 25 % en el de Liberbank. Caja3 dejará de existir al integrarse completamente en Ibercaja.
Además, los bancos tendrán que centrar su modelo empresarial en el negocio minorista y la concesión de préstamos a las pymes en las regiones en las que habían operado tradicionalmente.
Asimismo, dejarán de prestar dinero a proyectos inmobiliarios, o mantendrán una actividad marginal en este ámbito, y limitarán su presencia en el negocio de la banca mayorista.
CEISS será vendido, y BMN y Liberbank cotizarán en bolsa.
Todos los bancos se han comprometido a ceder una serie de participaciones industriales y filiales y a limitar las retribuciones abonadas en las entidades de crédito de titularidad pública, así como a prohibir los pagos de cupón hasta que no se haya aplicado plenamente el reparto de la carga.
Se les aplicará también a Liberbank, CEISS y BMN una prohibición de crecimiento inorgánico.
Si se suman los casi 2.000 millones de euros que recibirán las entidades no nacionalizadas y los 37.000 millones de las que están controladas por el Estado, el rescate europeo a la banca asciende a 39.000 millones de euros, frente a los 57.000 millones detectados por la consultora Oliver Wyman.
Pero los 39.000 millones "no son el único coste que el contribuyente debe afrontar", explicó Almunia, porque en 2010 y 2011 seis de las ocho entidades que reciben ayudas ya habían necesitado recursos públicos por 13.000 millones.
Las dos únicas entidades que no habían recibido ayudas públicas hasta ahora eran Caja3 y Liberbank.
En total, el rescate de la banca española cuesta al contribuyente 52.000 millones de euros, una carga "demasiado elevada", opinó Almunia, aunque se haya logrado bajar la cifra total de necesidades detectadas en unos 18.000 millones de euros.
Los titulares de acciones o de deuda subordinada y preferentes han asumido pérdidas por 12.000 millones de euros, "un esfuerzo importante", recalcó Almunia.
Otros 5.000 millones de euros son recursos que la banca ha reunido por su cuenta, con la venta de activos, ampliaciones de capital y otras medidas de gestión, y 1.000 millones adicionales proceden de la transferencia de activos tóxicos al "banco malo".
Almunia afirmó que España cuenta con fórmulas para compensar a quienes "fueron engañados" al adquirir participaciones preferentes, pero que ese problema debe ser resuelto por la propia entidad o el Estado español, y no puede ser subsanado por los bolsillos de contribuyentes estonios, eslovacos, austríacos, holandeses o belgas.
Además, si un laudo de arbitraje o una sentencia establece compensaciones adicionales o la devolución del 100 % de la inversión, los bancos deben cumplir el dictamen, indicó.
(Agencia EFE)
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